Este martes el parlamentario nacional jubilado Walter Márquez presentará ante la Asamblea Nacional una solicitud de enjuiciamiento constitucional contra el presidente Nicolás Maduro, el gobernador del Táchira José Gregorio Vielma Mora y de la autoridad única de la Zona 1 de Frontera general Carlos Martínez Stapulionis, por abuso de poder al mantener cerrada la frontera a pesar de que feneció el estado de excepción, así como por violación de tratados internacionales.
Igualmente anunció el también historiador tachirense que consignarán pruebas de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el cierre fronterizo, en agosto del año pasado cuando hubo deportaciones forzosas de más de 1500 colombianos, violando tratados internacionales y la legislación nacional sobre la materia, al igual que la destrucción de más de 200 viviendas, lo cual se enmarca dentro del delito de persecución que está incluido dentro de los hechos delictuales que conoce la Corte Penal Internacional.
— En esta denuncia me acompaña el diputado Rafael Veloz, quien fuera presidente del Colegio de Abogados de Caracas, presidente de la Comisión Interamericana de Abogados, la FIA, y actualmente miembro de Parlasur, indicó.
Hay innumerables pruebas que hemos consignado –manifestó- , en las que se incluyen también la destrucción de los pasos fronterizos en las cuencas altas del río Táchira a partir del año 2009, los cierres de frontera a partir de 2013, primero de manera intermitente con la excusa de los procesos electorales, luego el cierre nocturno de frontera entre el año 2014 y 2015, y por último el cierre permanente de frontera a partir de agosto de 2015 hasta la presente fecha.
— Hemos recopilado una amplia documentación probatoria sobre este tema, y si bien es cierto que algunos sectores de la oposición están hablando de diálogo, no puede haber diálogo con impunidad, ya que los crímenes de lesa humanidad y la grave violación de los derechos humanos constitucionalmente son imprescriptibles, y en ese sentido vamos a consignar las pruebas para que la AN abra un juicio constitucional, un impeachment como lo llaman los brasileños, lo que le hicieron a Dilma Rousseff, y también la consiguiente responsabilidad política contra el presidente de la República, el gobernador del Táchira y los integrantes del alto mando militar responsables del cierre fronterizo.
Imprescriptibilidad de los delitos
Ante el escepticismo por parte de muchas personas que consideran que hacer las denuncias actualmente es perder el tiempo porque en Venezuela impera la impunidad, Walter Márquez indicó: “como historiador conozco muchos casos, incluyendo el nacismo que en la época de gloria de Hitler nadie creía que podían venir los juicios de Núremberg, y un grupo de judíos se dedicaron a recopilar pruebas que permitieron después enjuiciar y condenar al alto mando militar, al tribunal supremo de justicia, a muchos gobernadores y ministros de ese régimen apocalíptico, lo que también ha ocurrido en América Latina con Pinochet, Fujimori, Videla, entre otros”.
— Particularmente creo en el tiempo y tarde o temprano volverá la justicia y el estado de derecho, y es el momento en que van a tener vigencia las pruebas que se presenten con anterioridad, porque si no se recopilan y se soportan éstas se las lleva el viento; por esa razón, en octubre y diciembre del año pasado consignamos denuncias ante la Fiscalía General de la República, contra Maduro, Vielma y el alto mando militar, lo mismo hicimos el 5 de enero ante la Corte Penal Internacional en La Haya, y este martes lo consignaremos ante la Asamblea Nacional porque el parlamento está obligado a enjuiciar constitucionalmente a Nicolás Maduro por violación de tratados internacionales, abuso de poder, crímenes de lesa humanidad y persecución contra el pueblo del Táchira y la frontera, expresó Márquez.
Doctrina y rostro de Bolívar
Al celebrarse este domingo 24 de julio el natalicio de Simón Bolívar, Walter Márquez anunció que también consignará en los próximos días, junto con el abogado Jesús Alberto Berro, un proyecto de ley sobre el auténtico rostro del Libertador para que se declare como su efigie oficial “el cuadro pintado por José Gil de Castro, un artista peruano quien retrató al Libertador en 1825 y de cuya obra él remitió una copia a general Sir Robert Wilson en Inglaterra, expresándole: “Te envío un retrato mío hecho en Lima con la más grande exactitud y semejanza”.
Copia original de ese retrato reposa en el salón elíptico del Palacio Federal Legislativo en Caracas donde funciona la Asamblea Nacional, y otra está en el Salón de la Independencia en la casa de la Libertad en Sucre, Bolivia.
En este sentido indicó que presentará la reforma parcial de la Ley sobre el Rostro del Libertador, “en la cual vamos a incluir también la doctrina de Bolívar, que es de rango constitucional de acuerdo al artículo 1 de nuestra Carta Magna, ya que Bolívar siempre fue demócrata y republicano, pero jamás socialista. Hablar de socialismo bolivariano es un fraude histórico porque el Libertador nunca pronunció ni escribió en ninguna oportunidad la palabra socialismo; no figura ni en sus escritos, ni en sus proclamas, ni en sus constituciones, por lo tanto el sentido de este proyecto de ley es rescatar la doctrina y el auténtico rostro del padre de la patria que ha sido adulterado. Se cometió un iconocidio contra el Libertador Simón Bolívar cuando publicaron un rostro apócrifo que fue diseñado por un artista que desconoce los valores, el sentimiento, la escultórica, la numismática y demás obras artísticas de nuestro Libertador Simón Bolívar”.