Dirigentes y partidos políticos venezolanos se encuentran, a nuestro juicio, en su mejor momento para evitar que la democracia desaparezca desde que Hugo Chávez dio el golpe militar para derrocarla el 4 de febrero de 1992.
Para dar sustento a nuestra afirmación, vamos a analizar dos acontecimientos políticos del pasado en la región. Lo haremos desde la perspectiva de los estudiosos que explican los hechos históricos dando “primacía a la acción humana”, al papel de los “actores políticos”, a la “autonomía de la política” (véase: ARON R. Lecciones sobre Historia. Cursos del Collège de France-1973, Cap XVIII: Los Actores. Responsabilidad, culpabilidad, intención. FCE, 1996).
Se trata de la destitución legal ocurrida en Latinoamérica de dos importantes actores políticos: el ex-presidente Fernando Collor de Mello, destituido en Brasil el 29 de septiembre de 1992, y el ex –presidente Carlos Andrés Pérez (CAP), depuesto en Venezuela el 21 de mayo de 1993.
Fernando Collor de Mello (1990-1992), primer presidente electo por voto popular destituido legalmente
En 1985, de la mano de los militares, la democracia volvió a Brasil después de dos décadas de dictadura. Pero no sería hasta diciembre de 1989 que se designaría presidente por elección popular al economista Fernando Collor de Mello, hecho que no sucedía desde 1960. Collor basó su exitosa campaña en un discurso “antipolítica”, “antipartido” y “anticorrupción”. El instrumento político con el que se postuló para la campaña fue un partido nuevo, como eran casi todos, llamado Partido de Reconstrucción Nacional (PRN), que había nacido 9 meses antes, el 2 de febrero.
Collor ganó con 53% en segunda vuelta, donde derrotó a Lula da Silva que alcanzó 47%. Su liderazgo personal era su capital político y el único escudo que tenía para enfrentar la caótica situación, pues no contaba con “poder partidario”: el PRN en el Congreso sólo había obtenido 31 de los 495 diputados y 3 de los 81 senadores. Como sabemos, asumió el gobierno en medio de una grave crisis económica, política y social, reflejada en una hiperinflación de 1.973% en 1989, la cual fue un factor que al comienzo de su gobierno jugó a su favor porque dio pie para que la población, buscando salida a aquella situación desesperada, avalase su Plan de Estabilización Económica (llamado Plan Collor).
Collor tenía muy claro su objetivo: implementar un Plan de Estabilización para llevar al país a la modernización. Adelantándonos, diremos que en la inflexibilidad de su objetivo estuvo el factor clave para explicar el fatal desenlace político de nuestro actor: su destitución como presidente.
Es muy importante destacar que dicho Plan fue implementado sin que existiese ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las medidas de Collor se orientaron por la línea liberal en economía que había caracterizado su concepción política: equilibrios macroeconómicos para controlar la inflación, apertura comercial, liberalización financiera, privatizaciones de empresas estatales, etc.
Precisamente, las privatizaciones fueron las que desde el inicio de su mandato lo llevaron a enfrentarse encarnizadamente con el Congreso que las consideraba una ruta a la desnacionalización del país y una entrega de la soberanía nacional. Collor en esa batalla se apoyó en su relación directa líder-masas a través de los medios de comunicación que ya le había dado excelentes resultados en la campaña electoral. Sostenía que había sido elegido por el pueblo y por lo tanto no tenía por qué consultar a los partidos con representación en el Congreso sus decisiones ni su política económica. Descartó negociar con un Parlamento fragmentado y gobernó por decreto, para lo cual lo facultaba el artículo 62 de la Constitución brasileña de 1988. En los primeros dos meses lanzó 37 decretos (llamados “medidas provisorias”) y a través de ellos sentó las bases de su Plan de Estabilización.
Collor, se percató tarde que la guillotina jurídica (el Impeachment, establecido en el artículo 85 y 86 de la Constitución) para destituirlo estaba en manos del Congreso. Estaría a salvo de ella mientras mantuviese altos índices de popularidad; pero bastó con que la crisis erosionara su capital político para que su futuro quedara sellado, pues ya no tendría posibilidad de rehacer las maltrechas relaciones con el poder legislativo para restituir la gobernabilidad del país bajo su mando. Su equipo económico, -sin experiencia política, ni experiencia de gobierno, ni de manejo de opinión pública- era un actor ciego ante las vicisitudes político-partidistas y en poco o nada pudo ayudarlo a anticipar el grave peligro que corría su presidencia y a dar un giro en su manera de relacionarse con los partidos cuando aquél se materializó.
Así, al repuntar la inflación a 1.200% en 1992 -después de haber bajado a 472% en 1991- y aparecer con fuerza un novedoso hecho negativo en las portadas de los medios -las denuncias de casos de corrupción- la popularidad de Collor se desplomó (de 70% bajó a 9%). El Plan perdió sustentabilidad política y las manifestaciones volvieron a las calles, pero ahora éstas eran para protestar en contra del gobierno; a la cabeza de ellas estaba su adversario Lula, potenciado como actor político, con un objetivo claro: provocar la renuncia del presidente. El 29 de septiembre de 1992, el Congreso daría curso al Impeachment contra Collor. Fue apartado por tres meses de la presidencia de una manera humillante (441 votos en contra y 38 a favor), sustituyéndolo su Vicepresidente, Itamar Franco, en el cargo. Aunque el 29 de diciembre envió su renuncia al Congreso, éste no la consideró y lo expulsó del poder definitivamente. Collor se convirtió así, en el primer presidente electo por voto popular que fue destituido legalmente.
Terminamos estas consideraciones sobre Collor planteando una pregunta obvia: ¿por qué con una crisis tan severa, el sistema político de Brasil no corrió riesgo de golpe militar? Porque no era viable, pues el país acababa de salir de la dictadura y como los malos recuerdos dictatoriales estaban muy frescos, nadie creía que la solución a la crisis fuese recaer en otra dictadura.
Carlos Andrés Pérez (1989-1993), segundo Presidente electo por voto popular destituido legalmente
A primera vista puede parecer que tomamos un camino expositivo equivocado al considerar y extendernos primero en el proceso de destitución de Collor de Mello y no en el de CAP, ya que éste vivió en 1989 varias situaciones similares a las de Collor en 1990. Pero es que lo que nos interesa remarcar es el hecho de que el fracaso político de nuestros actores-presidentes quedó consumado con su destitución y Collor salió del poder antes que CAP, quien con esa ventaja temporal pudo ver y evaluar el fin de Collor como actor político, más no fue el caso.
CAP era un veterano líder del principal partido histórico de Venezuela (AD) que ya había sido presidente. De entrada apuntemos que este actor tenía claro su objetivo: ser de nuevo presidente en diciembre de 1998. Para serlo debía lograr la candidatura presidencial de AD, la cual alcanzó pero enfrentando la estructura del partido en un proceso electoral interno. En dicho proceso cultivó más una imagen de líder de masas que de candidato partidista. Ya ganadas las elecciones presidenciales con una votación de 53%, CAP tomó un camino político semejante al de Collor. A inicios de febrero de 1989 nombró su equipo de gobierno y a mediados lanzó su Plan de Ajustes (equilibrios macroeconómicos, liberación comercial y … privatizaciones) acordado con el FMI. Ambos hechos abrieron una fisura en la relación con su partido. CAP, ahora presidente, tenía claro su nuevo objetivo: modernizar el país a través del Gran Viraje. Pero todo indicaba que CAP había decidido gobernar prescindiendo de su partido, o sea, no pensaba consultarle las medidas que implementaba; lo cual iba a menoscabar su “poder partidario” que era significativo (AD había logrado 97 de 201 diputados y 22 de 46 senadores).
En ese contexto, de baja sintonía entre presidente y partido de gobierno, a las dos semanas ocurrió la explosión social que pasó a la historia como “el Caracazo”: saqueos, represión, muchas muertes, etc, que marcaron la segunda presidencia de CAP (el detonante de la explosión fue el aumento del precio de la gasolina, el cual a partir de entonces pasó a estar determinado por criterios políticos y no de racionalidad económica). No importa que CAP y su equipo económico consideraran que aquella reacción no era contra las medidas económicas, contra “el paquete”; el asunto que es de la mayor relevancia es que su consecuencia inmediata fue que el capital político de nuestro actor sufrió un daño irreparable. Con la ventaja que da la visión retrospectiva, podemos afirmar sin duda que él y su equipo subestimaron aquella pérdida de popularidad.
La nueva situación creada post-Caracazo llevó al resquebrajamiento de la relación del gobierno con el partido COPEI, el otro pilar del sistema bipartidista democrático, que desde aquel momento haría oposición frontal y exigiría rectificación o abandono del Paquete. Además, a la cabeza de esa oposición se pondría un político como Rafael Caldera que había sido creador de Copei, líder fundador de la democracia junto a Betancourt y ex-presidente. Un actor de una potencia que fue suicida subestimar y quien también tenía claro su objetivo: convertirse de nuevo en presidente de la república en diciembre de 1993 a cualquier costo.
Después de “el Caracazo” se acentuó el proceso de debilitamiento del liderazgo de CAP debido a la disputa feroz por el control de AD entre perecistas y lusinchistas; al ataque continuo contra “el paquete” de una oposición unida (COPEI y partidos de izquierda); a las derrotas de AD en las elecciones regionales, adjudicadas al paquete; a las denuncias de corrupción y a los golpes militares de 1992, lamentablemente legitimados desde la oposición (Caldera, Úslar, etc). El debilitamiento de su liderazgo facilitó el calvario legal –vía Fiscalía, Corte Suprema de Justicia y Congreso- al que CAP fue sometido y que culminó con su salida del poder en mayo de 1993.
El enfoque al que nos afiliamos sostiene que las cosas no estaban determinadas a ocurrir así, ni para Collor ni para CAP (aunque para sus ministros de economía, Zélia Cardoso de Mello y Miguel Rodríguez, necesariamente las cosas sólo podían ocurrir como ocurrieron). Ambos actores siempre tuvieron un margen de libertad, muy reducido al final, para cambiar su futuro, pero para ello tenían que haber cambiado a tiempo su objetivo de modernización económica, cuando se hizo inviable, por otro -por ejemplo: finalizar su mandato (Collor), salvar a futuro la democracia a cualquier costo personal (CAP).
Demás está decir que el fracaso político de nuestros actores, arrastró a los Planes de Ajuste (llamados neoliberales), en particular a las privatizaciones, a un desprestigio político mayúsculo y de largo alcance en la opinión pública de Venezuela y América Latina.
MUD
Ahora podemos volver a nuestra afirmación inicial sobre el futuro de la democracia venezolana. Éste puede ser el de su definitivo derrumbamiento. Lo que queremos destacar es que, para evitarlo hoy se cuenta con una ventaja importante y es que en el liderazgo democrático predomina la “política”, y no la “antipolítica; la mejor expresión de ello es que la agrupación que es la MUD está integrada por partidos políticos: tres de proyección nacional (PJ, AD, VP) y otros regionales. En sus líderes (Ramos Allup, Capriles, Leopoldo y demás) recae una responsabilidad histórica: trazar en conjunto la estrategia que impida el naufragio definitivo de nuestra democracia lo que significaría la pérdida del futuro de las nuevas generaciones de venezolanos.
Finalizamos señalando que las experiencias relatadas pueden ser de utilidad para los actores políticos de la MUD en su tarea de diseñar esa estrategia y prefigurar un Plan de Recuperación de nuestra destruida Venezuela. Ellas permitirán reflexionar sobre líneas de acción de gobierno que el realismo político ha llevado hoy a descartar. Así lo demuestran dos experiencias políticas actuales con respecto al tema de las privatizaciones en América Latina: la del presidente Mauricio Macri en Argentina y la del mandatario interino de Brasil, Michel Temer. El primero afirmó en 2012 que en caso de ser electo presidente en 2015 “No privatizaré YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES (YPF)”, con lo cual sacó de tajo de la campaña electoral la acusación de neoliberal que le endilgaban. Más recientemente, el presidente de PETROLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS), Pedro Parente, nombrado por Temer, descartó privatizar la estatal petrolera porque: “La sociedad brasileña ni siquiera está madura para discutir la posibilidad de privatizar PETROBRAS”.
Con el mismo criterio realista la MUD debe abordar el tema de la privatización de PDVSA, sugerida tantas veces. La política de privatización, aunque pueda estar técnicamente bien sustentada desde la ciencia económica, requiere prioritariamente para su viabilidad del fundamento que le otorga el consenso social expresado democráticamente.