Al término del lapso del que disponía el Consejo Nacional Electoral (CNE), para pronunciarse sobre la aprobación del informe del 1% de las manifestaciones de los electores de cada Estado para constituir un Grupo Electoral que active los mecanismos constitucionales del revocatorio presidencial, Jorge Rodríguez, Alcalde de Libertador y representante del PSUV se presentó ante el ente electoral para solicitar la cancelación de la inscripción de la MUD “por supuestos actos fraudulentos de las firmas, esto soportado en las casi 600 mil que no pasaron por las estaciones de validación”.
Aníbal Sánchez, consultor electoral, expresó que la Ley de Partidos Políticos y Manifestaciones Públicas en su artículo 32 en su numeral cuarto, señala que “cuando se compruebe que ha obtenido su inscripción en fraude a la Ley, o ha dejado de cumplir los requisitos en ella señalados, o su actuación no estuviera ajustada a las normas legales”.
En referencia al acto de cancelación del registro como partido, se establece en el Capítulo V de la misma Ley, que “el CNE Consejo Nacional Electoral, puede actuar de oficio a petición del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Relaciones Interiores y Justicia, o de otro partido -caso este que sería el que nos compete- pues el PSUV podría solicitar cancelar la inscripción en el registro, todo ello sin perjuicio del procedimiento establecido en los artículos 14 y 20 de la presente Ley”.
Asimismo, Sánchez afirmó que esta treta busca, ganar más tiempo “justo cuando veníamos denunciando el CNE juega a los lapsos límites para realizar no un Revocatorio este año 2016; imagínese ustedes que desaprobaran la Constitución de un Grupo de Electores, el cual solo requería 196 firmas de apoyo (1%) del Registro; en un acto público notorio constó con el apoyo de casi el (10%) pero que el CNE valiéndose de tecnicismo, prendió una rebanadora de la voluntad popular”.
En las declaraciones de Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, siempre resaltan a demás de la presencia de personas ‘en condición de fallecidos en el RE’, resaltan que 53.658 de los firmantes no aparecen en el Registro Electoral por varias causas, y destacó que 1.335 inhabilitados políticos aparecen firmando y son acusados por homicidio agravado, violaciones, robo y otros delitos graves.
El Consultor Político añade que se hace realidad una de las amenazas “judicialización” de los actores, y que ante esto, advirtió que “ninguna cancelación podrá acordarse sin la previa citación del partido afectado, en las personas que ejerzan su representación de conformidad con sus estatutos quienes podrán oponerse a ella promoviendo y evacuando las pruebas conducentes y exponiendo por escrito los alegatos que estimen procedentes”.
El recurso presentado por Rodríguez en días anteriores fue calificado de “temerario” por Aníbal Sánchez, y dirigido a retrasar el calendario del proceso de solicitud del referendo revocatorio. Por cuanto, de producirse la citación a la MUD y sus dirigentes, “este procedimiento deberá cumplirse dentro del término de treinta días computados a partir de la citación.
“Transcurrido este término sin que haya habido oposición, quedará definitivamente cancelado el registro y se publicará la decisión en la Gaceta Oficial. Si hubiere habido oposición de la decisión recaída, podrá recurrirse ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y en tanto no recaiga sentencia definitivamente firme el partido podrá continuar sus actividades”, añadió.
