El Referéndum Revocatorio es una herramienta presente en la Constitución del año 1999, que regresa al pueblo su capacidad como ente soberano y capaz de decidir su destino, aunado a una nueva competencia: la capacidad contralora. A través de esta herramienta, la ciudadanía puede —una vez haya transcurrido la mitad del período y se cumplan una serie de requisito— revocar el mandato a todo funcionario cuyo cargo sea producto de la elección directa. Figura que pone en la mira a todos los funcionarios elegidos por la población, y les obliga a esforzarse en su labor de representación a fin de no ser destituidos.
Esta figura representa una innovación dentro del derecho, en sus aspectos constitucionales y en el ámbito de los derechos humanos, pues reivindica la participación y el protagonismo del ciudadano; además de su característica como Soberano. Es evidente que este instrumento tiene un impacto significativo si nos ubicamos desde un nivel nacional, pues permite al pueblo destituir al máximo mandatario y allanar el camino para entregar el poder a una figura capaz. A niveles locales (municipios y gobernaciones) da a los ciudadanos la capacidad de incidir directamente en la forma como se realiza la actividad política. En este punto, el resultado de la participación política es mayor y evidente, otorgándole al ciudadano un rol activo en el quehacer político más allá del fenómeno coyuntural y electoral.
Dicho esto cabria preguntarse ¿Cómo está afectando el actual pugilato —entre la plétora de actores políticos— por el Referéndum Revocatorio al ámbito local? y de concretarse el fenómeno ¿Qué impacto tendría a nivel municipal? A nivel nacional el Referéndum implicaría, de lograrse, una reestructuración de todo el tren ejecutivo —esto en gran medida se debe a que con la salida del presidente implica un cambio drástico de todo su gabinete y tren ministerial, en caso de que se llamará a elecciones una vez ganado el RR— y con ello un cambio permanente en la estructura política nacional —si entendemos a esta como la forma que ha asumido el sistema partiendo de la vertiente distribución del poder— que implicaría un nuevo gobierno y un cambio significativo en la forma de hacer política.
Este cambio podría alterar, en un sentido laxo, las relaciones entre el poder central y los poderes descentralizados, pues un nuevo gobierno podría presentar una actitud favorable y menos centralizadora con los niveles municipales y estadales. Al fin y al cabo, nos encontraríamos frente a una nueva forma de hacer política.
Pero volviendo sobre el tema del pugilato actual, podemos ver que la contienda por el poder ha reactivado a la ciudadanía, quien se encuentra consciente de sus derechos y deberes, amén del peso que tiene en política. Dado que la civilidad ha imperado en esta contienda, el impacto, desde un punto de vista del quehacer político extremo y radical de estos tiempos, no ha sido negativo. De alterarse este balance, es obvio que el mismo tendrá un impacto negativo dentro de las comunidades. Pero este escenario, a pesar de la actitud del gobierno central, cada vez es menos probable, con la victoria de la MUD el 6D el pueblo venezolano ha comprendido que la vía institucional es la adecuada. Las vías alternativas no son opción.
Por último, teniendo presente un posible reacomodo en vísperas de la estructura política, los municipios y los poderes locales, podrían encontrarse en una situación favorable, donde la sinergia con el Estado central les permitiría una mayor eficacia y eficiencia a la hora de atender la necesidad de la ciudadanía. Puntualmente se abre una puerta para una mejor gestión de todos los representantes municipales y locales, pero a su vez, queda abierta la ventana para que este mismo instrumento político constitucional sea activado para todos aquellos que ejercen y ejercemos representaciones del poder ciudadano en las instituciones. Así son las reglas de la democracia y a las que todos que hacemos vida en juntos, en común, tenemos que seguir y respetar para avanzar.