Han intentado ocultar de mil maneras su rotundo fracaso, pero la dirigencia del PSUV y todo el gobierno lo sabe: Jorge Rodríguez y Tibisay Lucena le volvieron a fallar a Nicolás. El alcalde del municipio Libertador y la actual presidenta del CNE prometieron a su jefe, el Presidente Maduro, que la MUD no lograría pasar la dura prueba del 1% de las firmas. Ambos dirigentes revolucionarios idearon y pusieron en marcha un plan cuya meta era impedir a toda costa que las fuerzas democráticas lograran reunir el mínimo de 195.721 firmas necesarias para activar el Referendo Revocatorio, pero no pudieron lograr su cometido.
Rodríguez, el autor intelectual del megafraude electoral cometido en el año 2004, durante el referendo revocatorio contra el Presidente Hugo Chávez, prometió a su jefe, Nicolás Maduro Moros, que el dispositivo ideado en conchupancia con las cuatro “reptoras” del CNE impediría a la MUD alcanzar el número de firmas necesarias para cumplir con el 1% reglamentario. Pero el tiro le salió por la culata. Los cálculos de Jorge salieron mal. El psiquiatra supuso que las trabas, alcabalas, barreras de alambre de púas, obstáculos y policías acostados que colocaron en el camino impedirían alcanzar la meta que se había trazado el país nacional para acabar con el peor gobierno que ha tenido Venezuela en los últimos 50 años. Pero no fue así. La primera meta se cumplió y Tibisay tuvo que admitir el pasado lunes 1 de agosto, en cadena nacional de radio y televisión, que habían perdido esta primera batalla.
Lucena habló por espacio de 13 minutos. Lo que pudo haber sido un mensaje de escasos 60 segundos, se convirtió en una larga y fastidiosa perorata que lo único que buscaba era tratar de restar importancia a la nueva derrota histórica sufrida por el oficialismo. Mucha gente no lo vio así, pero en realidad fue eso: el gobierno perdió esa primera contienda. Todo el aparato gubernamental trabajó afanosamente, durante casi 90 días, para impedir que las fuerzas democráticas alcanzaran el 1% requerido por el CNE para poder autorizar la recolección del 20% de firmas exigido por el artículo 72 de la Constitución. El gobierno en pleno se dedicó a torpedear el proceso. Pero a pesar de todo lo que hicieron fallaron estrepitosamente. Esa es la verdad pura y simple.
Por esa razón Tibisay Lucena apareció el lunes 1 de agosto en horas de la noche, no como la presidenta del CNE, sino como una profesora de matemáticas de 5to año, tratando de jugar con los números, soltando cifras por aquí y cifras por allá, como una burda manera de ocultar la única cifra que realmente le importaba al país y al mundo: el1% de las firmas. Lucena habló de 80 cajas entregadas por la MUD, dentro de las cuales había 2002 sobres. Se refirió a las 200.197 planillas que fueron consignadas, de las cuales 21.160 planillas presentaron errores y 807 planillas aparecían con información faltante.
Luego habló del proceso de digitalización, en el cual fueron procesadas 200.192 planillas válidas y 3 planillas incompletas. Dijo que en total, la MUD consignó 1.957.779 firmas, de las cuales fueron aceptadas 1.352.052 en tanto que 605.727 fueron rechazadas para un total del 30.94%. Posteriormente habló del proceso de validación, celebrado entre el 20 y el 24 de junio en 128 municipios (de un total de 335 que hay en toda Venezuela) y en el cual apenas fueron colocadas 300 captahuellas (de las 40.000 que hay en el CNE). Con esas pocas máquinas fue posible validar 407.622 firmas, de las cuales terminaron siendo cotejadas con el sistema biométrico unas 399.412 rúbricas (98.04%). Hubo 1.326 firmas (0,33%) que no fueron aceptadas por presentar fallas entre ellas 441 firmas alteradas y 243 firmas duplicadas. Según Lucena, 198 personas firmaron más de una vez.
También dijo que hubo 6.649 firmas con fallas producto de la impericia de los operadores de las máquinas, lo cual representa apenas el 1,63% y 5.969 personas que solicitaron ante el CNE retirar sus firmas. Después de esa larga y fastidiosa clase de matemáticas, la presidenta del CNE anunció lo que realmente era importante para Venezuela y el mundo, que esperaba ansiosamente, desde el pasado 26 de julio que la máxima autoridad electoral del país hablara: dijo que los 24 estados cumplieron con el 1% exigido para activar el Referendo Revocatorio y que ahora había que ir hacia el próximo paso: recabar el 20% de firmas establecido en la Constitución.
Hubo algunas cifras que Tibisay Lucena no mencionó, porque si lo hacía quedaría en evidencia una vez más su parcialidad para con el gobierno de Nicolás Maduro. Por ejemplo, no habló de los 145 días que el CNE se tomó para procesar la primera fase del revocatorio, cuando de acuerdo a la normativa, debía tomarse 41. Tampoco se refirió a los 207 municipios que fueron ignorados por el directorio de ese organismo a la hora de instalar captahuellas para el proceso de validación. Y por supuesto, no mencionó las 39.700 máquinas que se quedaron guardadas en los galpones del CNE para que no pudieran ser utilizadas durante la validación.
Lucena es muy buena a la hora de usar las matemáticas para su propio provecho, pero muy mala, cuando se trata de usar la aritmética para dar a conocer resultados que favorecen a los sectores democráticos del país. La calculadora de Lucena sabe que al 2016 apenas le quedan 5 meses, es decir, 150 días, o lo que es lo mismo: 3.600 horas. Sabe que cada hora que pasa es de vida o muerte para el gobierno de Maduro. Las 4 “reptoras” se han trazado un plan: agotar la mayor cantidad de días y horas para impedir a cómo de lugar, que tengamos un Referendo Revocatorio antes del domingo 18 de diciembre.
Para lograr tal propósito, el trío maléfico conformado por Tibisay Lucena, Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro, ha trazado una línea estratégica, que consiste en utilizar a 3 instituciones, las cuales están bajo control político del gobierno, para truncar el deseo mayoritario de todo un país. Que nadie se llama a engaños: el CNE, la Fiscalía y el TSJ están a la orden de un proyecto hegemónico cuyo propósito es obstaculizar el único mecanismo pacífico, democrático y constitucional que el país ha escogido para salir de este nefasto gobierno. Que Tibisay Lucena haya anunciado, el mismo día que dio a conocer la aprobación del 1% de las firmas, la intención de ese organismo de solicitar al Ministerio Público una investigación sobre la existencia de presuntas irregularidades con las rúbricas, ya nos dice cuáles son los verdaderos propósitos de esta parranda de delincuentes.
Durante la cadena nacional de radio y TV del pasado lunes, 1 de agosto, Lucena mostró los colmillos afilados al señalar que: “El Poder Electoral está solicitando al Ministerio Público la investigación del caso, es decir del 0,33% registros, las huellas que no corresponden de la persona que dice ser. Son 1.326 personas, las cuales serán llevadas al Ministerio Público para que hagan las investigaciones que correspondan”.
Las declaraciones de Lucena fueron reforzadas pocas horas después por Nicolás Maduro: “Promotores del refrendo irán presos si comprobamos que hay fraude”. Diosdado Cabello no se quedó atrás: “Agotaremos las vías legales para impedir que haya Revocatorio”. El Alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez también dio su versión: “El revocatorio está legalmente muerto”. Y la rectora del CNE, Socorro Hernández, no se guardó nada: “No podemos decir que se paralice el proceso porque no tenemos posibilidad de hacerlo, tiene que continuar su curso; pero hay que tener presente que hay otros procesos que pudieran arrojar resultados que impacten en el desarrollo de los próximos pasos”.
Cinco declaraciones de altos dirigentes oficialistas en apenas 48 horas nos dicen muy claramente para dónde van los tiros: el gobierno utilizará todos los resortes que tiene a la mano, tanto en el CNE, como en la Fiscalía y el TSJ para impedir que podamos tener Referendo Revocatorio este año 2016. La MUD y los partidos que la integran no pueden quedarse dormidos en los laureles. No es fácil decirlo pero es así: aquí no habrá Revocatorio si no hay protesta popular y presión en las calles. Maduro no quiere contarse. El oficialismo sabe que está perdido y que cualquier elección que se haga sólo tendrá un resultado: derrota aplastante.
La dirigencia política opositora debe demostrar que se encuentra a la altura de las circunstancias. El país reclama una dirigencia seria y firme, que anteponga los intereses del país a sus intereses personales. Debemos cuidarnos de aquellos pseudo dirigentes que andan con la calculadora en la mano, sacando cuentas para ver cuántas gobernaciones le corresponden a un partido y al otro. También hay que cuidarse de quienes sólo piensan en las presidenciales antes que pensar en el país. Primero hay que pensar en Venezuela. Luego habrá tiempo para pensar en otra cosa.
- 04 de agosto de 2016
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