Cuando el sistema electoral venezolano era manual y las mesas estaban constituidas por militantes de los partidos, se daba de forma frecuente la anulación de actas de escrutinios por inconsistencia numérica, esto producto esencialmente de una manipulación en la elaboración de la misma por parte del miembro de mesa al percatarse de que su organización política perdía la votación, con ello los testigos que revisaban el acta en el proceso de totalización respectivo, anulaban el acta y se perdían esos votos. De ésta práctica surge la famosa frase: acta mata voto.
Esto llevó a un inmenso desprestigio del sistema manual de votación, escrutinio y totalización; surgiendo una gran presión social a favor de un sistema electoral automatizado. Surge de ésta forma a partir de 1998 un sistema mixto de voto manual con escrutinio y totalización automatizado en una primera fase, con las famosas máquinas de Indra y posteriormente se automatizo todo el proceso, incluido el voto con las máquinas de Smartmatic. Sistema electoral automatizado que acumuló un alto prestigio internacional de lo cual el gobierno se vanagloriaba.
En nuestro país se reforzó con las llamadas máquinas captahuellas con el argumento de evitar duplicidad de votos, que personas no registradas en el REP pudieran votar, la sustitución de electores, entre otras. Sin duda el sistema electoral automatizado en nuestro país ha minimizado que las grandes maquinarias electorales produzcan fraudes masivos en las mesas y anulen votos por manipulación de las actas o boletas. Las irregularidades que se han evidenciado son mínimas y han sido esencialmente en mesas donde una sola tendencia política participa y cometen fraude votando en sustitución de los electores abstencionistas que no acuden a ejercer su derecho al sufragio.
Se puede decir que en las últimas elecciones del 6 de diciembre del 2015 la estructura electoral y cuido del voto de la Unidad Democrática fue superior a la del gobierno, lográndose proteger la voluntad popular expresada en el sufragio de manera eficiente. Esto trajo como consecuencia que los resultados electorales fueran fieles a la expresión de la soberanía popular ejercida indirectamente mediante el sufragio.
El CNE y sus órganos subalternos tuvieron que leer, reconocer y proclamar a todos los candidatos y candidatas que ganaron, incluyendo los 112 de la Unidad; número que causo pánico en el alto gobierno. La Unidad Democrática había conquistado las dos terceras parte de la AN, es decir, no necesitaba negociar con el gobierno para elegir rectores del CNE, magistrados del TSJ y miembros del poder ciudadano -Fiscal, Contralor y Defensor del Pueblo-. Además de poder convocar si lo disponen, una Asamblea Nacional Constituyente.
Esta nueva realidad colocó a la élite gobernante ante una disyuntiva, acatar el mandato del pueblo aceptando esa nueva composición parlamentaria que los obligaba a dialogar, negociar y consensuar acuerdos de gobernabilidad o aferrarse al modelo hegemónico, totalitario, excluyente, discriminatorio y de confrontación que actualmente impulsan a pesar de los terribles resultados que aquejan a nuestra sociedad.
Sin duda escogieron lo último y, para ello, tenían que desconocer o anular de alguna forma los resultados electorales del 6 de diciembre. Pero ¿cómo hacerlo ya cerrado el proceso comicial y el órgano electoral ya había realizado las proclamaciones?, muy sencillo -claro para quien no tiene escrúpulo, ni respeto a la democracia- la nueva forma de hacer fraude tenía que ser anulando algunas proclamaciones otorgadas por el CNE y desconociendo sistemáticamente las decisiones de la nueva AN.
Para ello tenían y por ahora aún tienen bajo su control a los magistrados de la Sala Constitucional y la Sala Electoral del TSJ, quienes inmediatamente acataron las órdenes del cogollo oficial y suspendieron proclamaciones, desconocieron leyes y decisiones aprobadas por la Asamblea Nacional, convirtiéndose el TSJ en el látigo subyugante de la soberanía popular, afianzándose un modelo de gobierno opresor y sin duda alguna, aquella vieja frase que sintetizaba una forma de cometer delitos electorales “acta mata voto”, ha sido sustituida por “sentencia mata voto”, transformando al máximo tribunal de la República en el nuevo operador del fraude electoral en Venezuela.
Esto nos obliga a todos los venezolanos a luchar y participar en la defensa de nuestras conquistas democráticas, utilizando todos los mecanismos que nos ofrece el sistema institucional y de derechos consagrados en nuestra Constitución.
Diputado Simón Calzadilla
Segundo Vicepresidente de la AN
Secretario General del MPV
@simoncalzadilla