Asociación de Alcaldes condena traslado ilegal de Ceballos y orden de detención contra Warner Jiménez

Foto AP
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La Asociación de Alcaldes por Venezuela manifestó hoy su rechazo y condena al traslado ilegal de Daniel Ceballos a la cárcel 26 de julio, así como la orden de detención al alcalde de Maturín, Warner Jiménez, así como el allanamiento a su residencia y negocios familiares.

Desde la Asociación de Alcaldes por Venezuela, queremos condenar el traslado del alcalde destituido de San Cristóbal, Daniel Ceballos, a la Cárcel 26 de Julio en el estado Guárico.

Durante la madrugada de este 27 de agosto, doce efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) irrumpieron en la residencia donde Daniel cumplía desde hace más de un año la medida de arresto domiciliario. Con la excusa de una supuesta revisión médica, se llevaron a Daniel sin que pudiera despedirse de su familia para luego mostrarle la boleta de traslado hacia San Juan de Los Morros.

Esta nueva arremetida es prueba de la ilegalidad de los procesos en Venezuela, tomando en cuenta que el día jueves 25 de agosto se le había notificado a su defensa que el juicio había quedado anulado por la interrupción de los lapsos de la Ley del Código Procesal Penal. Responsabilizamos al gobierno nacional y al Presidente Nicolás Maduro por lo que le pueda sufrir Daniel y nos solidarizamos con su esposa, la alcaldesa Patricia de Ceballos, y toda su familia.

No a la persecución política

Sumado al traslado ilegal de Daniel Ceballos, los alcaldes que hacemos vida en la Asociación de Alcaldes por Venezuela, queremos rechazar enérgicamente la reciente orden de detención al alcalde de Maturín, Warner Jiménez, así como el allanamiento a su residencia y negocios familiares.

Una vez más, condenamos que el Poder Judicial Venezolano sigue actuando como un apéndice del gobierno nacional para la persecución de la dirigencia política y peor aún, para impedir que funcionarios electos ejerzan plenamente los mandatos que la población mediante el voto democrático les otorga.

Sabemos que estas nuevas arremetidas contra la democracia, la legalidad y la libertad de los ciudadanos que piensan distinto al régimen de Maduro, responden al temor de un gobierno que ya sabe que la mayoría de los venezolanos están convencidos de la severa crisis económica y social por la que atraviesa nuestro país y el cual saldrá a manifestar pacíficamente el próximo 1 de septiembre para exigir la fecha del referendo revocatorio, un derecho consagrado en la Constitución Nacional.

La Toma de Caracas será el inicio del fin de la persecución y la violación a los derechos humanos. Como dirigentes comprometidos con las libertades de los venezolanos, desde allí exigiremos respeto a la descentralización y el cese a la discriminación de los alcaldes solo por pensar distinto.