La semana pasada el nuevo ministro de Interior y Justicia, Nestor Reverol, el quinto que nombra Nicolas Maduro en esa cartera, declaró que en los próximos días anunciará un plan nacional contra la extorsión y el secuestro. El diseño de una estrategia en esta materia es claramente necesaria (nunca ha existido), el problema es la nula credibilidad de un gobierno que ya ha aplicado 23 planes contra la inseguridad sin ningún éxito.
El secuestro extorsiivo es seguramente, junto al homicidio, el delito que ha tenido mayor crecimiento y más impacto en la sociedad en los últimos 17 años. Lo que antes era un hecho punible que casi exclusivamente tenía como víctimas a los productores agropecuarios de los estados fronterizos, se ha extendido por todo el territorio nacional, afectando principalmente a los habitantes de las grandes ciudades.
Muchas bandas de delincuencia organizada, que antes se dedicaban al robo de bancos, al robo de camiones blindados o a otras fechorías similares, hoy han migrado al secuestro, ya que lo consideran muy lucrativo y de menor riesgo. Hoy existe toda una industria (quizás la única que próspera en el país) en torno a esta actividad ilícita. Aunque las cifras oficiales son ocultadas, las calificadoras de riesgo internacionales, como Control Risk, ubican a Venezuela como el quinto país con más secuestros extorsivos en el mundo.
En 2009 el oficialismo aprobó la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, un instrumento legal que ha quedado, como tantos otros, siendo letra muerta. Esta Ley prevé una pena de 20 a 30 años de prisión para los que cometan un secuestro de larga duración y una sanción de 15 a 20 años de prisión para los que perpetren un secuestro exprés (el que dura menos de 24 horas), el más frecuente en el país. Pero de nada sirven los altos castigos estipulados, si tenemos un sistema de justicia ineficiente que es sinónimo de impunidad.
Las pandillas de secuestradores regularmente poseen armas de guerra y están bien organizadas. Mi colega Fermín Mármol ha señalado que en primer término participan los denominados “pegadores”, que son los que someten a la víctima. Luego entran en juego los negociadores, también los “cuidadores” de la persona secuestrada y por ultimo los encargados de buscar el cobro o rescate (con frecuencia las llamadas para coordinar esto se hacen desde una càrcel).
Venezuela debería imitar experiencias internacionales exitosas en la lucha contra el secuestro, pero pareciera que la mezquindad y la ceguera de los que gobiernan no lo permiten. Por ejemplo, en Colombia existen desde 1996 los denominados Gaula (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal) en la Policia Nacional y en el ejército, los cuales han logrado grandes avances en la reducción de este delito en el vecino país (de cerca de 3.000 secuestros en 2000, pasaron a alrededor de 250 en 2015).
Nestor Reverol, además de cargar con las acusaciones por narcotráfico en EEUU, ya fue ministro y viceministro de Interior y Justicia. Asimismo, como Comandante de la GNB ya estuvo dirigiendo el CONAS (Comando nacional Antiextorsión y Secuestro de la GNB). Por lo tanto, es uno de los corresponsables del desastre de inseguridad ciudadana en el país. Por eso es difícil que su anunciado plan contra el secuestro pueda generar expectativas positivas.
Con los mismos que hundieron a Venezuela en un mar de inseguridad no vamos a salir del atolladero. El país ya no les cree y el clamor de cambio se va a expresar en Caracas este jueves primero de septiembre.
Twitter: @luisizquiel