Venezuela vive un momento de definiciones que comprometen y afectan a todos los sectores de la vida nacional. Por primera vez en nuestra historia el descontento es una terrible sensación que agobia por igual a cada uno de los estratos sociales de la población.
Se trata de un desencanto generalizado más allá del hecho político o económico. El país quiere que el gobierno se vaya. Y se percibe además que el bloqueo a su sustitución constitucional y democrática nos conduce a un terrible escenario de caos y violencia.
Lo que estamos viviendo es un proceso de rebelión social incubado de manera progresiva y silenciosa. Frente a ello, militarización, represión y censura son respuestas del régimen a problemas cotidianos que en cualquier país normal se atienden y se resuelven sin mayores conflictos.
Luego de despilfarrar la cuantiosa riqueza que manejaron en más de tres quinquenios de grosera bonanza, el gobierno convierte en subversivo el reclamo a los derechos más elementales de cualquier ser humano, como lo son la alimentación y la salud.
La escasez y la carestía de productos básicos, unidas a la inflación y la pobreza creciente, han convertido al país en un vasto territorio de miseria. Las colas para adquirir medicinas y comida las comparten diariamente habitantes de barrios populares con vecinos de urbanizaciones de clase media y alta en las que se encuentran ubicados los supermercados de las “cadenas capitalista de distribución de alimentos”, a las cuales la revolución señala a menudo como agentes perversos de la guerra económica. En hospitales del Estado se reportan diariamente las muertes de recién nacidos debido a la desidia, la suciedad y la contaminación reinantes en esos supuestos centros de salud. Igual ocurre con pacientes de todas las edades, cuyas patologías no son atendidas debido a las carencias de insumos inexistentes en el país.
Además la situación cada vez más deplorable de las cárceles, el abandono de los servicios públicos, los altos índices de impune criminalidad, la indetenible y descarada corrupción, más el agresivo y retador discurso de los enfermizos jerarcas del régimen, hacen crecer en el ánimo colectivo la decisión de superar, a todo costo, un estado de cosas que amenaza con terminar de destruir lo que queda de convivencia social.
La persecución a los partidos, a sus líderes políticos, a los estudiantes y activistas de la libertad, a quienes se mantiene ilegal e injustamente presos en el SEBIN, o en cárceles militares, dimensiona las características de un sistema que asume abiertamente la tiranía castrense como fórmula para perpetuarse en el poder.
Ante la ausencia de pueblo que soporte a este gobierno la cúpula militar asume el control del país y asigna a un cuestionado general de la Guardia Nacional el Ministerio del Interior, con el fin de reprimir el creciente movimiento nacional que exige referéndum revocatorio este año.
En esa entrega del poder al sector castrense, el general Padrino López pareciera ser el verdadero hombre fuerte facultado para militarizar desde la distribución de caraotas, verduras, huevos arroz, y otros alimentos, hasta el codiciado arco minero de nuestra Guayana, además de una industria petrolera paralela a PDVSA decretada por Maduro en febrero de este año.
Con el paso del tiempo, al igual que a lo ocurrido en la Cuba castrista, a la fuerza armada venezolana se le convierte en el factor más poderoso del régimen. Y al igual que en Cuba, el modelo político en construcción pretende consolidarse con medidas de fuerza destinadas a impedir demandas y protestas que serían naturales en una sociedad democrática.
Por lo tanto, la lucha que hoy protagonizamos los venezolanos está planteada entre una mayoría ciudadana, y un gobierno sin pueblo parapetado tras tanques y fusiles de componentes armados, que deberían estar al servicio de la ciudadanía, de la paz y de la soberanía nacional.
Ocurre, sin embargo, que los nuevos tiempos de Venezuela y de América Latina parecieran no ser propicios para nuevas dictaduras, así se disfracen de fracasadas revoluciones socialistas.
Y aun es momento propicio para que nuestros militares aprecien lo ocurrido a los uniformados que violaron derechos humanos en los países del cono sur. Sólo como ejemplo citemos al dictador Augusto Pinochet quien fue detenido en Londres, acusado por el juez español Baltazar Garzón, y quien terminó sus días encarando detenciones y procesos judiciales en su país, que incluyeron la confiscación de sus cuentas en el exterior. Mientras tanto su hombre de confianza, el director de la DINA general Manuel Contreras murió en la cárcel cumpliendo cadena perpetua.
Además de estos connotados cabecillas del régimen que durante 17 años gobernó a Chile, numerosos agentes de la represión hoy pagan cárcel, o fallecieron en prisión luego de ser castigados por la justicia chilena.
Igual destino corrieron en Argentina los generales José Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y centenares de oficiales de alta, mediana y baja jerarquía sometidos a juicio, luego de ser desplazada del poder la dictadura militar.
Las “leyes de punto final y de obediencia debida” no sirvieron de justificaciones para escudar sus crímenes. Y en este año los tribunales argentinos han sentenciado penalmente a decenas de militares acusados por asesinatos cometidos durante aquellos tiempos de dictadura.
Mientras tanto, hoy en Venezuela la protesta cívica y pacífica se dispone a reivindicar los valores de la libertad, la justicia y la democracia. Frente a ella la cúpula castrense articula el estado de sitio para reprimir las manifestaciones de la voluntad ciudadana.
Perecieran ignorar quienes nos desgobiernan que la naturaleza y las dimensiones de esas movilizaciones desplazadas en todas las regiones del país, así como el proceso social que se avecina, no tiene precedentes ni es propiedad de ningún partido o grupo político.
Quizás producto de esa peligrosa ignorancia, quienes controlan las armas del país intentan combatir el hambre y la indignación popular mediante el uso de la violencia y el terror.
Vistas así las cosas, el señor Maduro y los altos mandos militares deberán decidir si dan paso a los caminos pacíficos y constitucionales, o si asumen ante Venezuela y el mundo el papel de los tiranos, sujetos tarde o temprano a la condena de la justicia y de la comunidad internacional.
Caracas, agosto 2016