Ha sido una constante a lo largo de la historia de los regímenes dictatoriales el secuestro de los poderes públicos y la utilización de la justicia como un arma para perseguir y criminalizar a la disidencia. Por eso no es de extrañar que hoy la dictadura venezolana, ante el creciente rechazo popular del cual es objeto, recurra cobardemente a la fabricación de casos judiciales para tratar de acabar con la alternativa democrática.
En Voluntad Popular nos ha tocado llevar la peor parte de ese ataque. Nuestro partido diariamente es hostigado y acusado por los miembros de una élite corrupta y anti democrática atrincherada en el poder, algo que se ha traducido en la realidad con el encarcelamiento injusto de varios de nuestros activistas, con el exilio y la clandestinidad de otros, y con la difamación y estigmatización ante la sociedad de muchos más.
En mi caso particular he sido constantemente acusado, sin ningún fundamento ni prueba alguna, por el diputado Diosdado Cabello, quien, escudándose tras unas supuestas informaciones de algún “patriota cooperante” (esa suerte de sapos anónimos que fomentan o se inventan todas las dictaduras para vilipendiar a quienes piensan distinto), repite sobre mí algo que también se le ha endilgado a otros inocentes con el oscuro fin de encarcelarnos, y no es más que la tenencia y repartición de cuantiosas cantidades de dineros para planes que solo existen en las cabezas de los jerarcas de la dictadura.
Los supuestos delitos de “legitimación de capitales” y de “financiamiento del terrorismo” parecieran ser los preferidos por la dictadura a la hora de inculpar a personas inocentes sembrándoles dinero y con ello forjando pruebas falsas. Braulio Jatar es un clarísimo ejemplo de esto, quien, apenas horas después de cumplir con el deber constitucional de informarle al pueblo venezolano sobre el estruendoso cacerolazo con el que los vecinos de Villa Rosa recibieron a Maduro, fue detenido por el SEBIN, desaparecido por varios días y ahora, como por arte de magia, acusado por supuestamente tener una cuantiosa suma de dinero en efectivo en su poder.
Esta no es la primera vez que soy víctima de las campañas difamatorias del diputado Cabello. Hace varios meses, también con la repulsiva excusa de tener informaciones de algún sapo anónimo, la emprendió contra mí y contra nuestra propuesta dirigida a dar herramientas a nuestros vecinos de Chacao para que aumenten su seguridad personal en un entorno cada vez más inseguro.
Estas cobardes e insidiosas campañas, motivadas por el odio y la desesperación de quienes se saben perdidos por no contar más con el apoyo democrático del pueblo venezolano, no reparan en el daño que les causan a terceros inocentes, a nuestras familias y a nuestros amigos. Al contrario, pareciera que la falta de escrúpulos de la élite corrupta hace que se regodeen en la miseria de saberse los atormentadores de un pueblo que desprecian y subestiman a diario.
Es por ello que ayer, en compañía de mis hermanos de Voluntad Popular, me dirigí a la Fiscalía General de la República con la intensión de denunciar las campañas difamatorias y persecutorias de las que mis compañeros de partido y yo estamos siendo objeto. Y eso lo hicimos porque, a pesar de que sabemos que todo el sistema de justicia es cómplice del desastre, estamos seguros que con la fuerza incontenible del pueblo venezolano pronto materializaremos el cambio pacífico, democrático y constitucional que tanto necesita nuestro país, y que con él retornará la justicia verdadera.
Nuestra lucha cívica no se detiene, al contrario, se reafirma más y más con cada ataque que recibimos de la dictadura; porque esos ataques nos hacen cobrar consciencia sobre la necesidad imperiosa que tenemos todos los venezolanos de vivir tranquilos y sin miedo.
¡Fuerza y fe!