Unos trescientos trabajadores de la empresa básica Orinoco Iron del estado Bolívar, sufrieron acoso laboral e intimidación por parte de la dirección de la empresa procesadora de briquetas. Orangel Palma, representante del Movimiento Sindical de Base (Mosbase) y del Movimiento Once, denunció que a los trabajadores los llevan a sitios cuya ubicación no dan a conocer, los colocan en grupos de diez u once personas y les intimidan por intentar formar parte de agrupaciones sindicales no alineadas con la empresa. “Los amenazan que si se afilian a otros sindicatos tendrán que correr con las consecuencias” dijo.
Señaló que en la planta, el Movimiento Once exige la realización de elecciones sindicales para renovar la representación gremial e iniciar la exigencia de reivindicaciones laborales y mejoras socioeconómicas para los trabajadores. Estas intenciones son rechazadas por la directiva de la factoría y de los representantes de Sintraori y Sutrametal, gremios que operan bajo ilegalidad al no presentar credenciales y documentación requerida ante la Inspectoría del Trabajo.
“Nosotros convocamos a Sintraori y Sutrametal a que llamen a elecciones, pero hay organizaciones que no están legalmente constituidas. El presidente de la empresa, junto con Sutrametal, afiliaron ilegalmente a trabajadores, la grave falta es que Sutrametal no existe, no han llevado a Inspectoría ni el listado de nuevos afiliados ni estatutos, violan la Ley del Trabajo que dice que desde 2013 deben estar legalmente inscritos. Sutrametal está arremetiendo contra trabajadores que piden elecciones libres, tenemos diferencias en prestaciones y Caja de Ahorros, necesitamos una institución para reclamar y como movimiento buscamos legalizarnos para hacer frente a esto” explicó.
Explicó que la ilegalidad del sindicato que negoció contrato colectivo trajo como consecuencia la falta de dotación de uniformes, equipos, repuestos para operar, insumos, fallas de herramientas. “Muchos equipos no han sido repotenciados ni actualizados a nuevas tecnologías, el comedor con fallas, al igual que el transporte, además reclamamos los 7 mil millones de bolívares que el Gobierno otorgó para la realización de ese contrato colectivo y que los trabajadores no hemos visto beneficios”. Palma precisó que realizarán acciones legales como formulación de denuncias ante la Inspectoría, manifestaciones pacíficas y escritos legales en los cuales quede constancia de la situación.
Np