Amnistía Internacional denunció a través de un trabajo especial, que las mujeres y niñas suelen ser las más afectadas por megaproyectos de explotación minera, similares al Arco Minero del Orinoco, aprobado por el Ejecutivo nacional.
Amnistía Internacional ha manifestado que esto hace que corran el riesgo de sufrir la violencia y abusos, en su mayoría, mujeres quienes son utilizadas, intimidadas y marginadas por quienes llegan a tener dominio ilegal o legal de los terrenos.
En este sentido, cuando se habla de la violencia hacia las mujeres indígenas, no solo se refiere a aquellas agresiones físicas que pueden recibir en determinadas circunstancias, pues la usurpación de hábitat que implica daños en el mundo comunitario, naturaleza y en la esfera de la tranquilidad y paz también forma parte de aquella violencia que muchas veces es ignorada.
La Organización de Mujeres Amazónicas Wanaaleru, movimiento indígena que promueve el empoderamiento de sus mujeres, a los fines de contribuir a la despatriarcalización y descolonización, señala que la violencia hacia las mujeres por motivos mineros se centra en la construcción de poblados donde se instalan bares, casas de prostitución y ventas de comida, las cuales son controladas y administradas por los mismos trabajadores de la minería, quienes terminan haciendo negocios con fines de explotación sexual, lo que genera altos índices de feminicidios y violencia territorial.
En los espacios de prostitución o carrutelas, dominados por los agentes encargados para llevar los trabajos mineros, compran mujeres como cualquier objeto de uso diario con el fin de generar más ganancias en los negocios.
Cabe acotar que la mayoría de las mujeres compradas son niñas y adolescentes quienes son violadas, maltratadas y obligadas a tomar riendas en asuntos criminales por militares, mineros o grupos armados; por otro lado, las niñas y adolescentes que se encuentran obligadas en la vitrina de escogencia para intercambios sexuales o compra de esclavas son cambiadas por gramos de oro (entre 5 y 10), siendo las más pequeñas las más costosas, pues mientras más edad tenga la mujer será menos solicitada y por tanto, más económica.
El portal Wanaaleru resalta que esta situación no es el único foco de preocupación, dado que las agresiones y amenazas hacia las mujeres de las comunidades resulta ser una de las estrategias más comunes para obligar a desalojar los territorios.
Sin embargo, muchas mujeres indígenas deciden luchar y mantenerse de pie ante la situación, a pesar de tener en cuenta que toda minería ilegal cuenta con un encargado de acabar con aquellas personas que se opongan o manifiesten en contra del desalojo, tal es el caso de la hondureña Berta Cáceres, una líder indígena luchadora, quien fue asesinada luego de haber sido víctima de una campaña constante de acoso y amenazas para impedirle defender los derechos de las comunidades.
Efecto de la minería en mujeres indígenas
Las consecuencias que conllevan estas violaciones de derechos humanos son de gran preocupación, pues involucran graves efectos en la salud física, mental y comunitaria; enfermedades de transmisión sexual en creciente aumento que cobran numerosas vidas, debido a la ausencia de tratamientos por la casi nula accesibilidad a la salud pública. En estos casos, la medicina de los indígenas suele provenir de las plantas, las cuales se encuentran afectadas por los trabajos mineros.
Los elementos utilizados durante la minería como el mercurio, cianuro y el polvillo generan en las mujeres, niñas embarazadas y al mismo feto daños en su sistema nervioso y trastornos cerebrales que podría producir convulsiones, ataques cardíacos, parálisis, entre otras consecuencias. En el caso de los nacidos, la organización señala que la probabilidad de que nazcan con graves deficiencias motoras, neuronales y cerebrales es alta.
De igual manera sucede con las altas concentraciones de estos químicos en el cuerpo de la mujer, pues se ha comprobado que es factible el desarrollo de cáncer de útero o mama y efectos, incluso mortales, en el fluido sanguíneo de las mujeres y niñas.
Eterna lucha encarecida
Amnistía Internacional ha trabajado con los pueblos indígenas para elaborar leyes -que hacen falta con urgencia- para proteger sus tierras, cultura y medios de vida. En el ámbito internacional, los pueblos indígenas han hecho oír sus voces y han presionado efectivamente a los gobiernos.
Dicha organización ha pedido reiteradamente:
• Garantizar que los pueblos indígenas tengan voz en las decisiones que les afectan;
• Mantener sus identidades culturales propias;
• Vivir sin discriminación ni la amenaza del genocidio;
• Tener acceso seguro a las tierras y a unos recursos esenciales para su bienestar y estilos de vida.
Otros casos
Lucrecia Huayhua de Bolivia, caso expuesto por la ONU, quien a pesar de no haber sido asesinada tuvo una infancia de explotación inhumano, pues a sus 8 años fue comprada para cuidar a una niña de 8 meses sin retribución alguna. Huayhua durmió debajo de unas escaleras de concreto durante este tiempo, se arropaba con una alfombra y comía entre poco y nada, además de tener que soportar insultos y humillaciones.
También se encuentra el caso de la violación de 52 mujeres indígenas por militares en estados fronterizos mexicanos, quienes además fueron torturadas cuando decidieron denunciar las violaciones; muchas desistieron y abandonaron el caso por el miedo que sentían ante las amenazas.
Amnistía Internacional en su informe La Larga Lucha de los Pueblos Indígenas señala que en mayo de 2015, la Real Policía Montada de Canadá (Servicio Nacional de Policía) publicó un informe en el que afirmaba que, de 1980 a 2012, habían sido asesinadas en Canadá 1.017 mujeres y niñas indígenas, es decir, una tasa de homicidios al menos cuatro veces superior a la de todas las demás mujeres.
Estos delitos se han desarrollado en torno a trabajos mineros realizados en los respectivos países.