Venezuela, la que a partir del 23 de enero de 1958, había logrado por querencia legítima del “poder popular”, deponer de la presidencia de la República a la represiva y cruel dictadura militar del general PÉREZ JIMÉNEZ: liberar los presos políticos, permitir el regreso de los exiliados, enjuiciar a funcionarios y testaferros incursos en “PECULADO”, concibió como primer paso para el logro de la “ Convivencia Pacífica”, anhelada ,la conformación de un GOBIERNO DE INTEGARCIÓN NACIONAL; la convocatoria para la libre elección presidencial; la escogencia de los senadores y diputados que integrarían el Congreso Nacional, cuerpo colegislador encargado entre otras funciones de legislar y controlar la actividad administrativa mediante la rendición de cuentas de los que han de prestar servicios al Estado.
La Unidad escenificada procedió, sin violencia de extensión alguna a la redacción de la Constitución Nacional, promulgada el 23 de enero de 1961, con participación en los debates que hubo de suscitarse, de todos los sectores que conformaban la vida activa de la nación: productores y trabajadores tanto del campo como de la ciudad; la Federación Campesina; la CTV; los gremios; el Frente estudiantil universitario, los partidos políticos: URD, AD, Copey y PCV. Se dio pues, comienzo a la vigencia de un Estado independiente, sin atajo ni instrucciones de potencias extranjeras, contrario a lo que sucede actualmente. Se constituyo un Gobierno Federal en los términos consagrados en la Carta Magna; y con fundamento en el sentir democrático privó como principio inviolable: “el de la soberanía con residencia en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio por los órganos del Poder Público”.
La “Convivencia” lograda por la sobrevenida “Unidad Nacional”, engendro de la gloriosa Gesta del 23 de enero, estableció un gobierno democrático, representativo, alternativo que puso el poder civil en manos de los civiles; a la vez que se efectúo con la mayor claridad, probidad y respeto la escogencia de personalidades suficientemente capaces para la preservación y acato al Estado de Derecho.
Las universidades recobraron su autonomía, se estableció el municipio autónomo, hubo continuidad administrativa; al Congreso nunca se le privó de su empeño en la organización autónoma del régimen municipal. La selección de la Corte Suprema de Justicia; del Contralor General de La República; del Fiscal General y del Procurador; así como la de los otros poderes, fue entendida constitucionalmente como un instrumento que además de definir los conceptos de la vida pública, contribuyera también a formar las nuevas generaciones. Sin menoscabo de la independencia ideológica, el consenso fue esencial para dirimir los graves problemas de transcendencia nacional.
Los venezolanos como un todo hubimos de sentirnos halagados; dado las bondades de la Constitución: aptos, con virtud suficiente de no permitir un gobierno autoritario; en el entendido que los militares: los activos, cumplirían con la obligación legal de no ocupar cargos públicos, inhibiéndose de participar en los actos de propaganda, militancia o proselitismo político.
Todo lo expuesto hubo de perder pertinencia; cuando un militar con el apoyo confeso de los “notables de la derecha”, bastante vivos por cierto, a través de una prédica constante de la anti política, con suficiente dinero para llevarla a cabo, brindan recursos y logística comunicacional, para que el difunto ex presidente Chávez, con formación en logias militares fascistas a través del ejercicio del voto llegase a la presidencia de la República, con el respaldo masivo del pueblo, lo cual se incrementó por conducta evidente de una interpretación de “subjetivismo Emblemático” que trastornó a muchos dirigentes de la oposición. No se hizo posible el entendimiento unitario, resultando como consecuencia de esto: una Venezuela conducida en forma autoritaria por un civil que ha sustituido la civilidad con el componente castrense, hoy deliberante en la controversia política. El yo, opositor para ese entonces no logró primar sobre los demás.
La escogencia de una figura civil, para ejercerse en la presidencia de la República , cual no es otra, que la de Nicolás Maduro, entendida como vía expedita para resucitar la subyacentica política de los militares en servicio activo, ha convertido la jefatura del Estado en un centro de institucionalización del miedo; además de utilizarse el Estado de Excepción” como el medio para permitirle al Presidente mediante decreto, la inconcebible y perversa ocurrencia de allanar la inmunidad parlamentaria.
Maduro, ha resultado un hombre irresoluto, sin capacidad para resolver conflictos; sin posibilidad de remedio, abandonado por el sector que ilustró el pensamiento “Chavista”; sin partido político estructurado, goza del rechazo ostensible del pueblo; sometido a un proceso de revocatorio que nos obliga a pensar, que de materializarse , se convertirá en la forma mejor alcanzada, para el logro de un gobierno eficazmente financiado, que cuente con personal calificado capaz de hacer funcionar sus políticas e imponga disciplina .
Recabar el espíritu unitario del 23 de enero, es imperativo nacional y patriótico, que nos impone la conformación de” Un Gran Frente de Unidad Nacional”, sin discriminación ni predominio de colores partidista; ni de individualidades. ¿Será posible? No se puede ser indiferente; el cambio del actual gobierno, no es más que el cumplimiento de cese pacifico de la continuación de Maduro y la restauración de la incompatibilidad de los órganos del Poder Público Nacional, hoy subordinados al poder ejecutivo.
Abogado, político, presidente de URD