Dos grandes retos atendieron quienes en Venezuela se dieron a la tarea de entrar en ese intrincado, gelatinoso y contradictorio asunto de la descentralización del Estado.
Para los años ´90s. los pensadores de un Estado moderno habían adelantado algunas reformas sobre este particular, fundamentalmente en aquel tema tan delicado referido a la defensa del territorio y los militares.
Pero este será un asunto para otro escrito. Lo que ahora nos interesa es centrarnos en el otro punto, que es título del artículo.
La descentralización del Estado traía consigo el necesario y útil tema de establecer normas para todo aquello que estuviera relacionado con el funcionamiento de la administración pública. En ese sentido, se comenzaron a fijar normas y patrones que iban desde puntos tan delicados, como la transferencia de competencias a las entidades federales, y estas a su vez, delegar a los espacios municipales, hasta aquellos que tenían que ver con la vida de las instituciones del Estado.
De esta manera se comenzaba a diferenciar la permanencia del Estado y sus instituciones, como entes fijos y trascendentes, frente a lo efímero de los grupos y partidos políticos, que ejercían el poder del Estado por tiempo específico.
Pero lastimosamente el arribo al poder de los gobiernos de Hugo Chávez y después, Nicolás Maduro, alteraron el proceso de la descentralización del Estado y comenzaron, primero a detener y, posteriormente desmembrar absolutamente todo lo que se había adelantado con tanto sacrificio y estudio.
Hugo Chávez volvió a centralizar el Estado y además, fusionó su funcionamiento en manos de una sola persona, evitando así el natural proceso de crecimiento de las regiones a su autonomía administrativa y vida en estados federales, tal y como aparece en la Constitución nacional.
Esto trajo como consecuencia la aparición, nuevamente, tanto del terrible populismo donde se han levantado pequeños reinos en cada uno de los estados, como también la proliferación anormal, arbitraria y abusiva, de un ordenamiento caótico de las administraciones estadales y municipales.
Prueba de ello son las absurdas apariciones, por ejemplo, de eslóganes que identifican las gobernaciones y alcaldías. Existen aquellas que dan amparo a consignas, como la Alcaldía “Progresista” de Palavecino, o la Alcaldía “Bolivariana” de Caroní, entre un mar de confusiones a lo largo de todo el país.
Pero si esto fuera poco, el uso de colores, tipología de letras y su colocación, son indicativos de personas que improvisan y desconocen, totalmente, las normativas que en esta materia se han fijado, tanto por convenios (convenciones) regionales, nacionales e internacionales, y firmado desde hace años.
Simples ejemplos nos hablan de ello. No casualidad que las normas internacionales fijan el blanco (no por gusto) como el color adecuado para los centros hospitalarios (no el rojo ni el negro ni el verde, porque alteran neurológicamente) así como el uso de la letra H en azul con fondo blanco, para identificar el centro.
Teniendo en cuenta lo anterior, vaya usted al hospital central de Barquisimeto y se dará cuenta de la aberración que la gobernación del estado ha cometido. De manera imprudente usan varias gamas de colores para pintar, como un carnaval, el desasistido hospital.
Compruebe usted también la manera tan abusiva y grosera cómo en caseríos, pueblos y ciudades, se usan las ambulancias, autobuses, camiones para transportar agua, con los rostros de alcaldes o gobernadores. Son maneras bárbaras y de atraso, además de humillantes para con los ciudadanos, quienes cancelamos con nuestros impuestos esos bienes públicos.
O use su vehículo e intente ver el letrero de señalización en el último distribuidor de la avenida Ribereña, en la capital de Lara. El tamaño de las letras no cumple con las normas internacionales exigidas. Ya han ocurrido varios accidentes por esta imprudencia.
O suba usted por la autopista Puerto Cabello-Valencia y verá cómo a la entrada del peaje la prevalencia del rojo, que es color que identifica a las estaciones de bomberos, confunde y cae en el ridículo. O también la proliferación de “ojos de Chávez” en los vidrios traseros de los autobuses del transporte público a lo largo y ancho del país.
Esos y otros tantísimos ejemplos nos hablan de una carencia de coherencia y cohesión en la estandarización de la normativa institucional que causa, no solo aberraciones comunicacionales sino también, confusión y accidentes, y genera en el ciudadano una situación de inseguridad, al no sentir la presencia del Estado como entidad que permanece en el tiempo y otorga sentido de pertenencia, de vinculación a un lugar, más allá de las identificaciones político-partidistas del momento.
Son, obviamente, rasgos de una mentalidad marginal que es, por tanto, improvisada, arbitraria, sesgada, abusiva, y contraria al pensamiento lógico y coherente de la inmensa mayoría de los ciudadanos.
Una vez sea superada esta anomalía de pensamiento marginal los nuevos gobernantes, como funcionarios y servidores públicos, deben actuar conforme a normas, procedimientos y reglamentos, que bastante existen, para superar esta desventaja de la mentalidad marginal, que ha desbaratado el patrón normativo, racional y riguroso, tan necesario para el funcionamiento del Estado y la sociedad.
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