Mercosur, Parlasur y la crisis venezolana

Foto cortesía: Comunicaciones Daniel Antequera
Foto cortesía: Comunicaciones Daniel Antequera

 

La crisis venezolana tiene alborotada a la sub-región suramericana. Frente a lo que ocurre en nuestro país no puede haber indiferencia de parte de quienes defienden la democracia y las libertades.

Por Emilio Nouel V (lapatilla.com)

Las violaciones flagrantes y cotidianas de los DDHH son ampliamente conocidas en tiempo real por nuestros vecinos en el hemisferio. Sólo los que se hacen de la vista gorda o apañan las arbitrariedades de la dictadura venezolana se niegan a ver tal lacerante realidad.

Los gobiernos de los países miembros de  Mercosur vienen de formular un ultimátum al gobierno de Venezuela, que está referido a retrasos en materia de requisitos normativos en ese bloque comercial. La espada de Damocles de la suspensión de la membresía se ha levantado contra nuestro país, a menos que cumpla con ciertas exigencias antes del 1 de Diciembre próximo.

Ya lo he dicho en otra ocasión. El culpable de esta lamentable situación es el gobierno nacional, su incompetencia y desidia. Es él el que expuso a Venezuela al descrédito internacional.

Se ha dicho erróneamente por ahí que de concretarse la suspensión, se suspendería también nuestra participación en el Parlamento de Mercosur.

Quien así piensa, o desconoce la naturaleza “independiente y autónoma” de tal Parlamento o pretende utilizar ese argumento de manera interesada, engañosa y/o retorcida como presión de carácter política.

Así, oímos decir que la suspensión de Venezuela “nos haría perder una tribuna política que tanto nos hace falta actualmente”.

Pues, déjenme decir, que con eso se falta a la verdad, y  no hay asidero político ni jurídico para sustentar esa afirmación.

El único caso de suspensión que hasta ahora se conoce en Mercosur es el de Paraguay. Está más que claro que a ese país, lo suspenden con base en argumentos políticos, no jurídicos. El mismo Pepe Mujica, presidente a la sazón de Uruguay, lo admitió. En Paraguay se había dado un procedimiento de impeachment ajustado a la Constitución de ese país, pero que los amigos del defenestrado, el cura Lugo,  consideraron un golpe de Estado. Lo mismo que dicen ahora del caso de Dilma Rousseff.

La medida comportaba “suspender a la República del Paraguay del derecho a participar en los órganos del MERCOSUR y de las deliberaciones, en los términos del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia”.

Y los “órganos de Mercosur” son: el Consejo del Mercado Común, el Grupo del Mercado Común y Comisión del Mercado Común.  Es decir, que de éstas instancias ejecutivas y administrativas quedaría marginado Paraguay en tanto que suspendido. En cuanto a los “órganos derivados”, como el Parlamento y el Tribunal Permanente de Revisión, habría que matizar.  

La medida en cuestión, tomada, por cierto, desconociéndole el derecho a la defensa a Paraguay, no implicó limitaciones al comercio o al tránsito de personas, incluso se garantiza “la continuidad de los proyectos relativos a Paraguay en el Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM)”.

Por otro lado, en el texto de la decisión se puede leer de manera expresa: “Comunicar al Parlamento del MERCOSUR la presente decisión”, lo cual implícitamente reconoce la independencia de este órgano.

Con ello se informaba al Parlamento de la medida, instancia que tenía, por cierto, casi dos años sin reunirse y sin adoptar resolución alguna. Incluso, el año mismo de la suspensión (2012) no se reunió, y sobre ella no hubo pronunciamiento alguno.

De acuerdo con el texto constitutivo de Parlasur,  en su artículo 1º se establece que es un “órgano de representación de sus pueblos, independiente y autónomo”.

Si interpretamos correctamente tal disposición, al ser autónomo, Parlasur no está obligado a suspender a la representación popular de un país, en caso de que por razones de incumplimiento de normas sea suspendido por los órganos ejecutivos del bloque. De hecho, los parlamentarios paraguayos, en el asunto mencionado más arriba, no fueron suspendidos como diputados parlasurianos mediante una decisión expresa. Y si hubo alguna intención de hacerlo, que pudo darse, eso no fue formalizado, que sepamos.  

De modo pues, que en caso de que se aceptáramos una valorización particular de la presencia de parlamentarios venezolanos en el Parlasur, no sería lo correcto afirmar con base jurídica válida, que con una suspensión de Venezuela, se suspendería de manera automática a nuestros parlamentarios en tal espacio democrático.