La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en su artículo número 72 dice; “…un número no menor al veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato”. De esa disposición se desprenden dos reglas muy claras, la primera, pueden participar en la solicitud todos los electores o electoras inscritos en el Registro Electoral Permanente (REP) y, la segunda, los mismos deben ser de la circunscripción electoral del funcionario a revocar, es decir, esto último igual a la regla para ser electo.
Por ejemplo: a un alcalde lo elije o revoca los electores (as) del municipio indistintamente al peso electoral de cada parroquia, a los gobernadores los electores del estado indistintamente de la participación en cada municipio y al presidente los electores de todo el país indistintamente de los resultados por estado.
Ante estas dos claras e inequívocas disposiciones ha surgido un vital debate en el marco de la activación del Referendo Revocatorio (RR). Ante la segunda regla que señala el ámbito o circunscripción electoral, el escándalo surge cuando una rectora propuso que la iniciativa popular debe contabilizarse por estado, lo que produjo una dura reacción de la opinión pública debido a que contradice descaradamente el párrafo constitucional arriba citado, aumentando el descrédito y desconfianza en el cada vez más dudoso árbitro electoral. Hasta el momento no parece tener consenso entre las rectoras esa insensata propuesta que sólo busca colocar obstáculos a la iniciativa popular.
Quiero concentrarme ahora en la primera regla, la que define quiénes y cuál es el mínimo de participación. Uno de los criterios utilizados por el constituyentista para defender la propuesta del RR, es que sirve para evaluar y resolver una crisis de gobernabilidad a través de la participación plena del soberano, y cuando el coloca porcentajes mínimos de participación en las solicitudes de referendo lo hace para evitar que los mismos sean utilizados por factores pequeños o individuales con afán protagónicos o pretensiones desestabilizadoras, con ello busca darle más legitimidad a ese mecanismo de la democracia participativa contemplada en la Constitución.
En otras palabras, cuanto mayor sea el número de participantes en la solicitud del RR mayor será la legitimidad de la convocatoria, en tal sentido, el CNE tienen el deber de garantizar la participación de todos los ciudadanos (as) inscritos en el REP que deseen movilizarse para tal fin.
En el último proceso electoral del 6 de diciembre se establecieron más de 40 mil mesas de votación con sus máquinas y captahuellas, desde las 6:00am hasta las 6:00pm, y podían continuar abiertas si había para la hora de cierre electores en cola. Los centros abrieron en promedio por diversas razones entre las 6 y 8 de la mañana, los que nos arroja un promedio de 11 horas efectivas. Es decir, 3.637 máquinas por hora para atender a todos los electores inscritos en el REP. La propuesta de la Junta Electoral del CNE es de colocar solo 5.392 máquinas durante 7 horas diarias, por tres días. Si descontamos de cada día una hora por descansos y retrasos de instalación, nos quedan solo 18 horas efectivas para un promedio de 300 máquinas por hora. Una disminución de 3.637 máquinas por hora a sólo 300.
No hay que sacar más números para darnos cuenta que con esa cantidad sólo se busca excluir a millones de venezolanos de participar en la convocatoria. Si a esto le agregamos que la distribución de las mismas no sea proporcional y equitativa por densidad poblacional, como lo señalan algunas bien informadas fuentes, la situación se torna altamente compleja y preocupante ante este irresponsable embudo técnico y destaco dos razones, a) que por esto no se pueda ni siquiera alcanzar el mínimo exigido, y b) la reacción de los millones de venezolanos que quedarían frustrados en las colas.
Sin duda esos tres días estarían signados por las protestas, reacciones de los ciudadanos desesperados, molestos por no poder participar y escandalosas colas de millones de venezolanos en todos los centros de recolección de manifestación de voluntad. Una arbitrariedad de ésta magnitud podría ser el detonante de hechos violentos y movilizaciones sociales que aumenten el malestar y descontento nacional con consecuencias impredecibles, pero en todo caso con resultados que empeoraran la situación de ilegitimidad del ya débil gobierno, lo que podría precipitar desenlaces no controlados a la crisis que hoy vivimos.
Hoy no debemos seguir diciendo “el 20 %”, las rectoras manipulan y justifican condiciones para ese porcentaje, debemos es exigir la fecha y condiciones para que todos los electores inscritos en el REP puedan participar de manera efectiva en la “…solicitud de revocar su mandato” (CRBV).
Para concluir, debemos reforzar la convocatoria de todos los organismos internacionales para que participen como observadores de este proceso de solicitud de RR, y denunciar las pretensiones obstruccionistas, inconstitucionales y ofensivas de las rectoras del CNE.
Por: Simón Calzadilla
Diputado – Segundo Vicepresidente AN
Secretario General MPV
@simoncalzadilla