El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Aragua, Guillermo Luces, calificó como una “vergüenza”, el comunicado de prensa que ofrecieran las rectoras del Consejo Nacional Electoral referente a la recolección del 20% de voluntades para activar el revocatorio contra Nicolás Maduro prevista para el 26, 27 y 28 de octubre y para lo cual destinarán 5.392 máquinas captahuellas distribuidas en 1.355 centros de votación.
Nota de prensa
Comparó que en las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, celebrada en julio de 2014, se utilizaron más de 8 mil máquinas electorales, mientras que el CNE aprobó que para un referendo revocatorio contra el Mandatario Nacional se emplearán más de cinco mil.
“Es una violación de los derechos políticos”, sentenció el diputado por Voluntad Popular, quien además indicó que en dicho comicios internos que también estuvieron dirigidos por el Poder Electoral, se dispusieron 1.932 centros de votación en todo el país, 600 más de los establecidos para este proceso refrendario.
Luces indicó que con estas condiciones se demuestra el “ventajismo” por parte del CNE, quien ha mostrado una tendencia afecta al Gobierno, al menos en cuatro de sus rectoras principales, Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tania D’Amelio.
“Denunciamos esta situación ante el país y ante el mundo entero y sobre todo antes los chavistas democráticos que observan como los derechos políticos de los venezolanos están siendo vulnerados por cuatro comadres del CNE”, enfatizó.
Recordó que en los comicios refrendarios del 2004 contra el presidente Hugo Chávez se empleó el 20% a nivel nacional, mientras que para esta oportunidad el mismo CNE aprobó la sectorización del 20% por estado, lo que viola aún más el reglamento electoral
Para finalizar el diputado Guillermo Luces invitó a todo el chavismo a reflexionar “desde el presidente Maduro hasta el último patrullero de la UBCH, y recordarles que son las elecciones la forma más pacífica y democrática que tiene el pueblo para expresarse y no pueden haber ventajismo ni discriminación porque eso sería una violación de los derechos fundamentales de los venezolanos”.