A poco más de cuatro meses de haberse aprobado la Ley de Bono para la Alimentación y Medicinas a Jubilados y Pensionados, los abuelitos siguen en la espera por la aclaración de la fuente para su financiamiento, así lo informó 2001.
La normativa legal que beneficiaba a los jubilados y pensionados fue decretada constitucional por el TSJ, acotando que debía presentarse un plan de financiamiento como único requisito para su pleno cumplimiento.
Ante esta medida, el economista y diputado a la AN, José Guerra, planteó una propuesta que comprendía la venta del 42% de las exportaciones petroleras a precio Dicom, además de recortar a Petrocaribe 30 mil barriles de petróleo. Esto para poder garantizar los recursos destinados a los cestaticket de los pensionados, sin la necesidad de aumentar los impuestos, ni reducir gastos públicos.
Pese al planteamiento hecho por el diputado Guerra, aún no se ha percibido la puesta en marcha del precepto legal, tampoco se ha generado respuesta alguna por parte del Estado.
Excusa crítica
El viceministro del Trabajo, José Ramón Rivero, desechó la posibilidad de que se le entreguen cestatecket a los pensionados, puesto que se le colaborará con la Tarjeta Hogares de la Patria a las familias económicamente más vulnerables.
Mientras que Ramón Lobo, diputado a la AN por el Psuv, señala que se tarta de un monto importante que supera el 25% del actual presupuesto y no se puede asumir un compromiso si no se tiene cómo cubrirlo.
Si se realiza una comparación en la situación económica de mayo con la de octubre, se puede percibir el aumento de la crisis. Eso hace difícil pensar que pueda aplicarse la ley en esta coyuntura tan preocupante, cuando no se aplicó con la condición anterior.