No cobran sus sueldos, les han cortado la luz, se les prohíbe abordar vuelos comerciales y las leyes que sancionan han sido bloqueadas por el máximo tribunal del país: así es el día a día de los congresistas en Venezuela. Reseña Reuters
Por Corina Pons
A pesar de controlar la mayoría de asientos en la Asamblea Nacional desde enero de este año, los parlamentarios opositores no han conseguido que entre en vigencia una sola ley, obstaculizados por la corte suprema que hace dos meses declaró inconstitucionales todos sus actos acusándolos de “desacato”.
Más allá del conflicto entre poderes públicos, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro restringió el envío de recursos al Congreso, denunciaron algunos legisladores de oposición.
“Aquí no hay dinero para nada (…) y eso es una manera de destruir la democracia, porque el parlamento es la expresión máxima de la democracia de un país”, dijo el diputado opositor Ángel Alvarado, quien aseguró que han comprado con recursos propios la tinta de impresoras en el hemiciclo.
“A la Asamblea la estrangularon”, lamentó.
Este año, los diputados que no viven en Caracas han tenido que destinar sus salarios para financiar su estadía en la capital, pues no había dinero para viáticos, denunciaron. Y ya van dos meses que no les depositan tampoco el sueldo.
El secretario de la Asamblea Nacional, Rodolfo Marrero, admitió que se ha complicado la asistencia de diputados de los estados alejados de Caracas por la limitada oferta de vuelos, la falta de ingresos y los puestos de control que demoran sus viajes por tierra.
“Mi mamá me mantiene”
La última semana, la sesión de la Asamblea tuvo que ser suspendida porque no se presentaron, siquiera, 83 de los 167 diputados, quórum mínimo para llevar a cabo los debates.
Al respecto, Maduro replicó unos meses atrás: “Yo fui diputado siete años. Mi esposa fue presidenta de la Asamblea Nacional cuatro años y medio (…) y nunca jamás suspendimos nuestra sesiones por falta de quórum”.
“Siempre cumplimos con nuestro trabajo, con disciplina”.
Los diputados opositores insisten en que les restringen la libre movilidad.
La legisladora por el fronterizo estado Táchira Gabriela Arellano recordó que en dos oportunidades le impidieron abordar un avión a Caracas, en las aerolíneas estatales Conviasa y Aeropostal, diciéndole que su nombre aparece en una lista de políticos que llegó del palacio presidencial.
Otros diputados aseguran que la misma prohibición se les impuso a sus colegas del estado insular Nueva Esparta.
La restricción limita los viajes de la parlamentaria a una sola línea aérea, por lo que ha optado por trasladarse vía terrestre desde su ciudad natal, lo cual le toma unas 14 horas.
Ni el Ministerio de Información ni la asociación de líneas aéreas respondieron a una solicitud de Reuters para ahondar en las denuncias.
Varios diputados apuntaron que el sueldo de unos 40.000 bolívares (50 dólares al tipo de cambio oficial más alto) se iba hasta ahora en viajes, comidas y boletos de avión. Como referencia, destacaron que colegas de Colombia, Chile, Perú y México ganan unos 10.000 dólares en promedio entre remuneración fija y gastos de representación.
Y ahora que no reciben ni un bolívar, dicen que se han visto obligados a echar mano del patrimonio familiar para seguir ejerciendo su rol.
Un diputado del partido de gobierno, que solicitó mantener su nombre en reserva, confirmó a Reuters que a su cuenta bancaria aún no llegó su último pago mensual, una falta que atribuye a la situación de “desacato”.
La opositora Arellano confesó: “Ahora que soy diputada, mi mamá debe mantenerme”.
“Ellos buscan lo práctico, lo jurídico y todo lo que puedan hacer para paralizar este poder”. Reuters