ALTO
ALBERTO Y NICOLÁS:
Había llegado a la presidencia de su país en 1990, mediante unas elecciones libres, secretas, constitucionales. Dos años después, el 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori, como Presidente del Perú, disuelve mediante decreto el Congreso Nacional de esa nación, obviamente, con el puntual apoyo de las Fuerzas Armadas. El Poder Judicial peruano ya estaba totalmente al servicio y órdenes del jefe de gobierno. Fujimori había ganado la presidencia por amplia diferencia, pero su partido había quedado en minoría en el poder legislativo. Ello, a la vista de liderazgo continental, garantizaba el equilibrio de poderes, necesario en toda democracia. Pero Fujimori no supo afrontar tal realidad institucional y le pide a esa Asamblea Nacional poderes especiales, amplios. Esta se los niega y consolida lo que se denominó “el fujimorazo.” Hoy Alberto Fujimori cumple dos condenas que le suman 32 años de prisión. Tiempos nefastos esos años noventa para la democracia, que Nicolás Maduro nos vuelve a actualizar 24 años después haciendo de nuestro TSJ su bufete de abogados particular, una extensión político-partidista, para anular las facultades del poder más representativo del pueblo de toda nación: su parlamento. Los únicos elegidos por ese pueblo -Maduro y los diputados, no los magistrados- al que ahora “apela” para aprobar sus desaguisados comenzando con los reales del Tesoro y su uso. No nos resulta difícil imaginarnos el destino del presidente Maduro una vez que se encuentre desalojado, por votos, del Palacio de Miraflores. Ya hoy lo señalan como dictadorzuelo en pleno…
MEDIO
EL TRASQUILADO:
Tras el empleo de términos injuriosos, ofensivos y difamatorios (en discurso en la Asamblea) contra los cardenales Urosa y Porras, “que usted ha tenido la osadía de calumniar” el Obispo de San Cristóbal, Mario Moronta le escribió la ya conocida carta al diputado Hugbel Roa. (Una lacra, según cuentan, que tiene obsesión desde que estudiaba en Mérida contra el nuevo Cardenal y contra “las instalaciones de la catedral y la arquidiócesis”). Moronta le recordó que “Para los creyentes en Dios la calumnia es un grave pecado; para todo ciudadano es un delito que debe ser sancionado según lo establecido en las leyes del país. Como tal entonces, también obliga a quien la ha emitido a asumir su responsabilidad y a reparar los daños morales consecuencias de tan bochornoso acto”… “Usted, además de ofender a Dios y a los señores Cardenales, ha ofendido al pueblo venezolano creyente … Le escribí para que sepa que Baltazar y Jorge, con quienes comparto el ministerio episcopal en comunión con el Papa, son mis hermanos en la fe y en la caridad pastoral. Soy testigo de excepción -no se sí usted pueda decir lo mismo- de la dedicación de ambos por el país y por la Iglesia. Con ellos comparto las alegrías y gozos, las esperanzas y angustias de nuestro pueblo golpeado en estos momentos. Somos servidores de todos, incluso de quienes no piensan como nosotros”… “se ven reflejadas en sus palabras sentimientos que no posibilitan el encuentro, el diálogo y la reconciliación. Sus palabras dirigidas en contra de mis hermanos, sencillamente, atentan contra la verdad y el evangelio nos enseña que sólo la verdad nos hace libres (Juan 8,32). No son ni el insulto, ni la ofensa, ni la calumnia expresiones de libertad. Además mancillan la dignidad de quienes han sido difamados”… “Por ello, así como tuvo la osadía de emitir juicios difamatorios, tenga la gallardía de pedir disculpas públicamente y reparar el daño moral causado”…“Le escribo, finalmente, para hacerle ver que su actitud (acompañada de otros gestos de violencia), lejos de servir de modelo para el pueblo lo distancian.