Si alguien tiene la menor duda de estar Venezuela invadida por personas extrañas a nuestro gentilicio, los invito analizar por unos momentos el procedimiento utilizado por los jueces regionales y autoridades del poder electoral para hacer del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional de la flagrante violación a la Constitución nacional hace escasas horas el pasado jueves 20 de los corrientes.
Con el mayor desparpajo defenestraron al pueblo del derecho fundador de la democracia como es la revocación mediante el voto directo y secreto de sus representantes y administradores.
Los responsables del complot planificado con anterioridad con la partida de Nicolás Maduro en gira por naciones miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo-OPEP-, intentarán una suerte a un más tortuosa que lo acontecido hasta el momento de escribir esta líneas; persecución y aniquilamiento.
La decisión tribuna licia regional adoptada en el área penal anulando por supuesto fraude el procedimiento ya realizado correspondiente a la recolección del uno por ciento de las firmas de personas inscritas en el registro electoral permanente para la realización del referéndum revocatorio de Maduro versa sobre materia electoral, contenido que no es de la contención de magistrados en materia criminalística.
De igual forma los autos de tales fallos fueron evacuados casi al unísono por cinco regidores de los estados Monagas, Aragua, Apure, Bolívar Carabobo, con palabras más o menos redactadas por la misma persona por supuestos delitos de falsa declaración ante funcionario público, aprovechamiento de acto falso y suministros de datos falsos al Poder Electoral.
Cabe destacar que tales decisiones fueron dadas a conocer por los gobernadores de las entidades federales indicadas en el párrafo anterior, con la excepción de Monagas y Apure cuyo vocero fue por razones no conocidas pero presumidas hasta los momentos, Diosdado Cabello.
Los elaboradores de este macabro texto al dictar los autos de prohibición de salida del territorio contra miembros de la Mesa de La Unidad Democrática se cuidaron de no incluir a directivos o colaboradores con inmunidad parlamentaria. Algunos de los indiciados hasta los momentos son Jesús Torrealba, Ramón J, Medina, José Luis Cartaya, Oscar Barreto, Francisco Sucre, Luis Aparicio Méndez, Arnoldo Gabaldón, Andrés Velásquez y Henrique Capriles Radonski.
El Consejo Nacional Electoral sin agotar las diligencias extremas ante la suspensión de un derecho fundamental debió dirigirse al Tribunal Supremo de Justicia para lograr una interpretación institucional ante decisión de un tribunal sin competencia en materia electoral. Por el contrario se apresura a suspender la recolección del veinte por ciento de las firmas para el referéndum revocatorio en cuestión. He aquí la patraña.
En una nota de prensa distribuida el veinte de octubre exteriorizan en alguno de los parágrafos del mismo: ”Las medidas decididas este jueves 20 de octubre por los tribunales penales de primera instancia en funciones de control……. fueron decididas la admisión de querellas penales por los delitos de falsa atestación ante funcionario público, aprovechamiento de acto falso y suministros de datos falsos al Poder Electoral.
Estas decisiones tienen como consecuencia la paralización, hasta nueva orden judicial, del proceso de recolección de 20% de las manifestaciones de voluntad, que estaba previsto para el 26, 27 y 28 de octubre próximos, y en el que el Consejo Nacional Electoral estaba trabajando luego de terminada la primera etapa de una solicitud hecha por el partido MUD en abril pasado.
En apego al marco constitucional, el CNE acata las medidas ordenadas por los tribunales y ha girado instrucciones de posponer el proceso de recolección hasta nueva instrucción judicial”.
Todo parece indicar que en Venezuela se entroniza públicamente la dictadura al mando de Nicolás Maduro, o como hasta ahora de Vladimir Padrino López. La Unidad Democråtica protesta la ilegalidad judicial.
Según expresa el filósofo político Fernando Mieres en reciente escrito y me hago eco; cuando el gobierno renuncia a cumplir con el referéndum revocatorio consagrado en la Constitución al pueblo no le queda otro camino que derrocarlo.
La protesta es un derecho y un deber de los ciudadanos hasta la partida del intruso gobernante y el régimen instaurado.