Luego de la aciaga noticia que vivimos el jueves pasado, en base a la cual Tribunales Penales Regionales de cinco estados, a saber, Carabobo, Bolívar, Apure, Aragua y Monagas anulan las manifestaciones de voluntad del uno por ciento (1%) de las firmas recolectadas por la Unidad Democrática, dado el presunto fraude electoral y dictan cautelar a los efectos de la suspensión del proceso de recolección de manifestaciones de voluntad del veinte por ciento (20 %), adelantado para esta semana, próximo paso para la Activación del Referendo Revocatorio Electoral, que aspirábamos se realizara este año, nos toca entonces la reflexión a lo acontecido y el consecuente análisis de la situación actual.
Una vez culminada la recolección de firmas del uno por ciento ( 1%), la rectora Presidente del CNE, Tibisay Lucena, anuncia que en virtud que en “los 24 estados se cumplieron con los requisitos del uno por ciento ( 1%) de las firmas” para el revocatorio presidencial solicitado por el Partido Mesa de la Unidad Democrática, luego de la auditoria exhaustiva realizada por el cuerpo y la revisión de las mismas, donde fueron validadas un millón cincuenta y dos mil (1.052.000) firmas, se tomó la decisión sobre que el veinte por ciento( 20%) de recolección de firmas para la activación del referendo revocatorio se realizaría los días 26, 27 y 28 de octubre del año en curso, y aseguró que el ansiado Referendo Revocatorio tendría lugar en alguna fecha dentro de los noventa (90) días continuos después de la aprobación de este veinte por ciento ( 20%) de firmas, proceso que tomaría unos veintinueve (29) días hábiles y aseguró que este veinte por ciento (20%) sería estadal y no nacional, dada interpretación enrevesada que hicieran de lo constitucional.
Lucena recuerdo que además afirmó y advirtió que igualmente se esperaba un pronunciamiento sobre alguno de los temas que están en el tapete: inhabilitación de la MUD, convocatoria de la recolección del veinte por ciento (20%), pronunciamiento sobre el proceso de impugnación del uno por ciento (1%) y elecciones regionales.
Así las cosas, ocurrió que en ese momento, se difundió la noticia que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), estaría a punto de dictar una sentencia para suspender el Referendo Revocatorio del mandato del Presidente de la República y que ésta, la Sala Constitucional, ordenaría recolectar nuevamente el uno por ciento (1%) de las manifestaciones de voluntad de los electores. En esa demanda registrada bajo el número de expediente 2016-562, con ponencia de Luis Damián se denunció el fraude a la Constitución cometido en el proceso de recolección de manifestaciones de voluntad, para el Referendo Revocatorio. Dicha demanda pretende la defensa de los derechos de los electores que votaron por Nicolás Maduro el 14 de abril de 2013, ante lo que califican como fraudes cometidos por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en el proceso de recolección de manifestaciones de voluntad en el marco del Referendo Revocatorio. Tales fraudes habrían sido determinados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), quien al verificar tales manifestaciones, detectó que en algunos casos se trataba de manifestaciones de electores que, según los datos del registro electoral, están fallecidos o son menores de edad.
Pero sorpresivamente no fue el TSJ quien sentenció, como parte de esta crónica de una muerte anunciada. El pasado jueves tribunales penales regionales de cinco (5) estados del país, toman la batuta para pronunciarse y admitir querellas interpuestas declarando con lugar, la solicitud de imposición de medidas cautelares que decretan la suspensión en estos estados del proceso de recolección del uno por ciento (1%) efectuado en fecha 22, 23 y 24 de junio de los corrientes de las firmas de los electores y procede igualmente a suspender cualquier acto subsiguiente, esto es en castellano, el proceso de manifestaciones de voluntad planteado para esta semana entrante. Amén de la ola de medidas cautelares donde se emite una prohibición de salida del país a 11 dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática.
Acto seguido, la respuesta del Consejo Nacional Electoral no se hizo esperar y con una celeridad abismal, decidió paralizar el proceso, según señaló en un comunicado, obedeciendo las órdenes emanadas de estos juzgados de menor jerarquía y arrodillándose frente a ellos, de manera genuflexa. Así informó que en virtud de las notificaciones que recibió el cuerpo de estos procesos, decide suspender la recolección del veinte por ciento (20%) de las manifestaciones de voluntad para activar el Referendo Revocatorio contra Nicolás Maduro, hasta nuevo aviso, es decir, de manera indefinida y hasta nueva orden judicial.
Situación insólita por incoherente, porque la realidad es que el proceso de recolección de manifestaciones de voluntad de ciudadanos venezolanos que desean revocar al Presidente de la República, está activado por decisión firme del CNE, quien avaló públicamente el proceso de recolección de firmas del uno por ciento ( 1%) y convocó al evento electoral de recolección del veinte por ciento (20%) de modo que no es procedente jurídicamente detenerlo porque sentencias penales de tribunales regionales que son absolutamente incompetentes para pronunciarse en materia electoral así lo indiquen. Está clarísimo que estas sentencias penales solo tienen efecto penal inmediato sobre las personas (funcionarios o no), que hayan participado en esos actos, pero jamás efectos administrativos o electorales, eso es un sin sentido.
Al hacer el anuncio el Poder Electoral reitera su llamado al diálogo nacional como fórmula democrática por excelencia, para preservar la paz y la estabilidad de la República y se pone a disposición de los actores políticos e instituciones nacionales para coadyuvar en la búsqueda de las mejores condiciones que hagan fructífero este encuentro. Pero la verdad es que para el logro de este objetivo el CNE lo que tiene que hacer es llamar a elecciones, porque esa es su función por lo que al diferir el Revocatorio y luego suspenderlo, no llama al diálogo, ni preserva la paz, ni promueve la estabilidad en el país.
Acatando estas las decisiones inconstitucionales, lo que han logrado es impedir que el conflicto político venezolano logre canalizarse por los mecanismos constitucionales previstos para ello. El CNE debe cumplir con lo que dice el Artículo 333 de la Constitución: por encima de estas “sentencias”, el deber del CNE es hacer cumplir la Constitución.
Por otro lado, la MUD como actor fundamental en la activación de este proceso electoral, que debía pronunciarse ipso facto, no lo hizo en su momento, esperando supongo yo bajara la efervescencia del momento, más de veinticuatro (24) horas para hacerlo, situación que deprimió a la población que esperaba reacciones contundentes de inmediato, dejando en el ambiente un sentimiento de soledad, un vacio de información absolutamente incomprensible frente a la gravedad de la situación.
Esta falta de contundencia y opiniones que van y vienen por redes sociales y confunden a la población, generan una profunda desconfianza en el liderazgo que nos conduce hoy día, porque es que en esos momentos de crisis el silencio es la peor opción. Nada que discutir frente a esta situación, más que hablar se hace urgente accionar y rápido. Nicolás no respeta la Constitución ni las leyes ¿es que no lo vemos? Se paga y se da el vuelto, aprueba el presupuesto nacional desconociendo la potestad de control de la Asamblea Nacional y sus competencias legislativas y amenaza a todos los dirigentes, cual bravucón de barrio, que quien no firme se queda sin recursos. ¿Qué más hay que discutir? Es qué esa postura merece algún análisis político, económico o social?
Creo que todo tiene un límite, es obvio que el Ejecutivo Nacional, valiéndose de la erosionada institucionalidad y el control político que ejerce sobre los poderes en el país, especialmente sobre el Poder Judicial y Electoral, ha obstruido el ejercicio de la democracia participativa y protagónica, clausurando los espacios para la resolución pacífica de la crisis, y colocando al país en el umbral de una situación de alto riesgo, al estimular la confrontación violenta entre los venezolanos. Las consecuencias de esta situación serán de su absoluta responsabilidad sin lugar a dudas.
Analizando opciones y dado este sentimiento de desasosiego mezclado con tristeza e impotencia, al parecer como que a los venezolanos nos toca defender con nuestras propias manos y de algún modo en solitario buscar salidas para defender la institucionalidad sin más posturas Narnianas o Barneyanas, rezando pero con el mazo dando, a los venezolanos no nos queda otra opción más que la activación del Artículo 350 Constitucional que reza:
“El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
Este artículo llama a decir de algunos, a la Desobediencia Civil que es una de las instituciones de carácter jusfilosófico surgida al igual que otras (resistencia a la tiranía, disidencia, revolución, entre otras), como excepciones a la obligación moral, política y jurídica de obedecer a la ley.
Pero analizando su contenido, lo que ocurre es que este artículo 350 no autoriza jurídicamente de manera expresa a la desobediencia civil, y se presta a múltiples interpretaciones, porque está destinado a regular solo algunas situaciones de desconocimiento. Se refiere a un desconocimiento que tiene que ser distinto al planteado por el artículo 333 que establece el derecho de resistencia frente a una tiranía, es decir, de un régimen de facto que se instala en el poder, sin ninguna legitimidad legal ni constitucional.
Por lo tanto, es difícil de invocar y justificar legalmente su aplicación para fundamentar la oposición o el desconocimiento de un régimen de facto, como este, que está en el poder violando los procedimientos democráticos previstos en nuestra Constitución, o para justificar la falta de sanción a una conducta que viole una ley legítimamente establecida.
Sin embargo, y aunque jurídicamente discutible, de acuerdo a la cruda realidad que atravesamos los venezolanos, al parecer es nuestra única tabla de salvación para salir de este desastre en el que estamos sumidos. Un gobierno al que poco le importa su pueblo, desprovisto de políticas económicas y sociales, los venezolanos no tenemos que comer ni recursos con que obtenerlos, ni acceso a las medicinas ni mucho menos seguridad social, y ni hablar de que somos víctimas diariamente de la delincuencia.
Encima entonces también tenemos que calarnos la indiscutible injerencia extrajera que controla nuestras fuerzas armadas y el dominio de instituciones públicas del Estado, perturbando nuestra paz y limitando nuestra libertades todo el tiempo, toda una legislación inconstitucional que han promulgado contrariando los valores y principios democráticos con el dominio total de los poderes públicos, realizando elecciones fraudulentas auspiciadas con un órgano electoral al servicio del régimen burlando la voluntad del pueblo, con un sistema judicial totalmente politizado al servicio del partido de gobierno e instituciones del Estado dedicadas a violentar la libertad de expresión, la persecución y el encarcelamiento de quienes piensan diferente al gobierno, la violación constante de los derechos humanos y la criminalización de la protesta como instrumento de represión a la población.
En un callejón sin salida y entrampados como estamos, la salida para quienes amamos profundamente en este país no está en Maiquetía como algunos creen, esa salida solo la encontraremos entre todos, a través de profundos cambios a lo interno, en una verdadera unidad pero no para negociar, entendiendo quien es el enemigo, los protagonistas seremos ahora los venezolanos de a pie, los ciudadanos, llego la hora del rescate del país que es de todos, llego la hora de que hable el pueblo, quien en definitiva es quien siempre debería tener la última palabra, palabra que debe ser apoyada y respetada por sus verdaderos dirigentes.
MARIA AUXILIADORA DUBUC
@mauxi1