El conservador Mariano Rajoy fue renovado al frente del gobierno español, pero tendrá un margen de maniobra muy estrecho para hacer frente a los desafíos de la cuarta economía de la zona euro, como el déficit y el desempleo.
AFP
Presupuesto y déficit
La primera tarea del nuevo Ejecutivo conservador de Mariano Rajoy será lograr la aprobación de los presupuestos de 2017.
España debe reducir su déficit público a 4,6% del producto interior bruto (PIB) en 2016 y a 3,1% en 2017, según los compromisos asumidos ante Bruselas.
Pero el ministro de Economía saliente previó recientemente un déficit de 3,6% el año entrante, al señalar que hará falta un ajuste de al menos de 5.500 millones de euros para adaptarse a lo pactado con la Comisión Europea.
Con solo 137 diputados en el Parlamento de 350, los conservadores tendrán difícil aprobar medidas de austeridad: los socialistas piden una política de estímulo, al igual que la izquierda radical de Podemos.
Hasta los liberales de Ciudadanos condicionan su apoyo a que se implemente una serie de medidas sociales, entre ellas complementos salariales para las familias más desfavorecidas.
Desempleo y mercado laboral
Bajar el desempleo será uno de los principales desafíos del nuevo gobierno.
Tras rozar el 27% de parados a fines de 2013, España registró en septiembre un 18,9%, la tasa más baja en seis años, pero todavía la segunda peor de la zona euro, solo por detrás de Grecia.
Los conservadores aseguran que esta caída se debe a la reforma del mercado laboral adoptada tras su llegada al poder a fines de 2011, que redujo las indemnizaciones por despido y creó un nuevo contrato de duración indeterminada, con un periodo de prueba de un año.
Esa flexibilidad potenció sobre todo a la industria automotriz: España es el segundo constructor de vehículos por detrás de Alemania.
Entre 2014 y 2015 se crearon 1 millón de puestos de trabajo. Pero son en gran parte precarios o temporales.
Una parte de la baja del desempleo también se explica por el retroceso de la población activa, producto de la emigración de jóvenes en busca de mejor fortuna en el extranjero.
La oposición reclama profundas reformas al mercado laboral. Rajoy, aunque se dice dispuesto al diálogo, puede mostrar reticencias para modificar una de sus leyes insignia.
Mantener el crecimiento
Los diez meses de parálisis institucional en España parecen haber tenido un efecto marginal sobre el crecimiento económico, que sigue siendo uno de los más dinámicos de la zona euro, desde que el país logró salir en 2014 de una recesión de cinco años.
El Banco de España prevé un crecimiento del PIB de 3,2% para 2016, un poco más optimista que el gobierno (2,9%).
El país ha sacado provecho de los bajos precios del petróleo y tasas de interés, así como de la depreciación del euro.
No obstante, el banco central advierte que estos factores perderán fuelle el año que viene, al igual que el consumo de los hogares y las empresas, como también las exportaciones, determinantes durante la crisis.
Y las medidas antidéficit que tendrá que asumir el nuevo gobierno echarán lastre sobre la economía, según algunos analistas.
Reforma de pensiones
El futuro de las pensiones es otro tema a abordar. El envejecimiento de la población pone en riesgo el sistema actual, aun con el retraso progresivo de la edad de jubilación, que debe pasar de 65 a 67 para 2027.
Para subsanar el déficit, el gobierno ha echado mano del fondo de reserva de la seguridad social, al punto de que este podría agotarse en 2017.
En el documento donde explican que permitirán una investidura de Mariano Rajoy, los socialistas -segunda fuerza en el Parlamento- exigen una reforma integral del sistema de pensiones.