Apenas dos días después de que el gobierno y la oposición se comprometieron a “poner en práctica una hoja de ruta que permita normalizar la relación constitucional entre los poderes del Estado”, el Tribunal Supremo de Justicia amenazó con enviar a la cárcel a los diputados de la Asamblea Nacional que se atrevan a juzgar políticamente al presidente Nicolás Maduro o a promover protestas en su contra. Y en contraste, la Mesa de la Unidad Democrática accedió a desincorporar a los tres legisladores de Amazonas, con lo cual perdió su mayor patrimonio político, obtenido con ribetes épicos el 6 de diciembre de 2015: la mayoría calificada del Parlamento, reseña El Nacional.
EDGAR LÓPEZ
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Luego del primer acuerdo escrito de la mesa de diálogo, leído el 12 de noviembre por el representante del Vaticano monseñor Claudio María Celli, ha aumentado la incertidumbre sobre una solución de la crisis del país a corto plazo, asegura la analista política Margarita López Maya.
“Hay un inmenso y legítimo temor de que todo se reduzca a un pacto de élites en perjuicio de los derechos de los venezolanos. Ha quedado en evidencia que el chavismo se vale de formalidades democráticas para perpetuarse en el poder, pues fuera de la mesa de diálogo el chavismo solo ha dado señales de mala fe. Es muy probable que cuando se sienta más fortalecido, se retire sin hacer concesión alguna”, afirma la profesora del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela.
El politólogo y profesor de la Universidad Simón Bolívar, Miguel Ángel Martínez Meucci, ofrece un balance: “El gobierno suma tres puntos a su favor. En primer lugar, ha ganado tiempo para dificultar un eventual cambio de presidente este mismo año, lo cual podía tener un efecto cascada de todo el régimen. En segundo lugar, logró disminuir el impacto de una maniobra francamente autocrática, como fue suspender el referéndum revocatorio a través de tribunales regionales no competentes para ello y trasladó el foco de atención a un diálogo que, como era de esperarse, obtendría apoyo internacional. Y en tercer lugar, ha generado dificultades internas en la MUD, así como entre esta y sus seguidores”.
Salida electoral remota
El referéndum revocatorio presidencial tampoco figura en este segundo acuerdo, ni siquiera la idea sobrevenida de elecciones generales.
“En la mesa de diálogo está sentado un sector muy radical del chavismo, que nunca ha estado dispuesto a negociar. No está garantizado que habrá proceso electoral alguno, ni revocatorio, ni regionales, ni nada; sencillamente porque el gobierno sabe que ha perdido el respaldo de la mayoría del electorado. Después del 6 de diciembre, para cuando está fijada otra reunión entre las partes, seguramente el gobierno profundizará los mecanismos dictatoriales que ha emprendido, entre ellos la militarización de la gestión pública”, insiste López Maya.
Martínez Meucci añade: “Buena parte del liderazgo opositor presume que el gobierno puede demorar fraudulentamente unas elecciones, pero no evitarlas por tiempo indefinido.
Y que cuando estas se realicen será irremisiblemente derrotado. Por tanto, es posible que algunos de los negociadores de la oposición hayan considerado la anulación del revocatorio como un hecho consumado, y que lo más que se podía lograr era el compromiso del gobierno de mejorar las condiciones de las próximas consultas electorales, así como la liberación de algunos presos políticos”.
Ambos analistas temen que la oposición quede entrampada en un diálogo que se ha desarrollado en los términos impuestos por el gobierno, tanto así que reproduce la retórica oficialista sobre las causas de la crisis.
“La MUD es una estructura electoral exitosa, pero no es mucho más que eso. Y ahora tiene un desafío inmenso: presentar un proyecto de país alternativo y viable, que incluya el rescate de la democracia”, advierte López Maya.
Martínez Meucci pone el acento en la genuflexión del Poder Judicial: “Es imposible negar que el TSJ forma parte del oficialismo y que intenta desarmar a la MUD. Una mesa de diálogo es apenas uno de los escenarios en los que se hace valer el poder con el que cuentan los negociadores, y ese poder se expresa a través de capacidades. En la medida en que se acaten fallos, como el que acaba de dictar el TSJ, la Mesa de la Unidad Democrática queda desprovista de varias capacidades importantes y, por ende, pierde poder de negociación. En definitiva, con la sentencia del TSJ el gobierno ya ha comenzado a incumplir la palabra empeñada en la mesa de diálogo”.
Cifra
34 sentencias ha dictado el TSJ contra la AN desde diciembre de 2015. La N° 948 es un mandamiento de amparo que, si es desacatado, podría llevar a prisión a la directiva del Parlamento