El problema de fondo que debe abordarse en cuanto al tema de la criminalización, de los ajusticiamientos y de los excesos policiales en nuestro país, radica principalmente es que el gobierno nacional ha constituido a las fuerzas institucionales del Estado, en estructuras criminales y de amedrentamiento contra el pueblo venezolano. Es decir, la Guardia Nacional, las Policías nacionales y regionales, y otros cuerpos de seguridad, en vez de proteger y velar por la vida de la gente, que debería ser su principal divisa; vierten sus armas contra la población, obedeciendo órdenes desde Miraflores, Por lo tanto, aquí la culpa no es de la vaca, ni de unos cuantos chinitos “Recadi”, los responsables de todas estas masacres que se suscitan a diario, recaen directamente sobre Nicolás Maduro Moros y el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López principalmente, porque podrían considerarse los autores intelectuales de toda esta actividad violenta que vivimos, y están cometiendo un delito de lesa humanidad que no prescribe y que además, son condenados por tratados trasnacionales en materia de derechos humanos.
Asimismo, existen cuerpos para policiales y paramilitares denominados “colectivos” , que en principio fueron utilizados por el gobierno nacional como brazos ejecutores del amedrentamiento y la violencia contra la disidencia venezolana, pero que hoy en día con el aval y la credencial de la impunidad que les fue otorgado por las altas esferas del poder, mantienen en zozobra constante a la población venezolana, porque se trata de bandas bien constituidas que utilizan armas de guerra y armamentos que sólo deberían estar en manos de las FANB, para cometer hechos delictivos dantescos y mostruosos, y no hay quien los pare, porque al gobierno se les fue de las manos su potestad ante estos órganos criminales.
Pues bien, las recientes masacres ocurridas en las poblaciones de Cariaco y Barlovento, han encendido nuevamente las señales de alarma con respecto a las actuaciones criminales de las Organizaciones de Liberación del Pueblo (OLP), especialmente, en los lugares más pobres y necesitados de nuestra geografía nacional, y es que estos grupos paramilitares y parapoliciales con el aval del gobierno nacional, también aplican la justicia por retaliación o por conveniencia, desconociendo así todo lo establecido en la Constitución Nacional y convenios internacionales con respecto a los derechos humanos.
Estos excesos cometidos por grupos criminales carecen de justificación alguna porque el derecho a la vida y al debido proceso, deben estar por encima de cualquier toma de justicia por las manos de manera abusiva y equívoca, No obstante, si vemos el balance de estos operativos que hacen con bombos y platillos y que casi transmiten en cadena nacional, nunca han capturado a altos criminales o desarticulado grandes bandas, lo que han hecho es agarrar a unos cuantos pendejos, y ajusticiar por rivalidad entre ellos.
La seudo revolución ha implementado 26 planes de seguridad y todos han fracasado, porque el gobierno tiene un doble discurso en cuanto al tema de la inseguridad, y nunca ha tenido la voluntad para enfrentar este flagelo con determinación y planificación, y a las pruebas me remito. Es decir, del año 1999 hasta el 2015, se estiman más de trescientas mil muertes violentas en el país, y según los expertos señalan que 2016 ha tenido un incremento con respecto al año pasado de un 42% aproximadamente. Por lo tanto, esta cifra roja, es una clara evidencia que este es un gobierno que se ha bajado los pantalones frente al hampa, y ha pactado con ellos y luego amanecen embarrados, porque con el diablo no se negocia.
Venezuela por donde la miremos está carcomida y requiere un cambio urgente e inminente en la conducción política del país, y específicamente en el tema de la seguridad, este gobierno fracasó en esta guerra frente al delito. Ha sido cómplice, ciego, sordo y se ha echo de la vista gorda para tapar y proteger a los verdaderos delincuentes y pranes, y sólo ha mostrado a unos cuantos tontos útiles en su supuesta lucha para erradicar la violencia en Venezuela.
Por ejemplo en Caracas, Jorge Rodríguez, coordina y dirige a los grupos violentos que los usa para sus fines más perversos, tales como el intento de asalto al parlamento nacional y otro hechos violentos en contra de dirigentes de la unidad democrática, entre otros; y en el estado Aragua, los pranes de la cárcel de Tocorón, dirigen toda la actividad delincuencial y de zozobra en la región, y el gobernador Tareck El Aissami, a sabiendas de esta realidad que mantiene en estado de sitio a los aragüeños no hace absolutamente nada, por lo tanto son cómplices por acción u omisión.
La seguridad en Venezuela está en terapia intensiva, por lo tanto es menester un cambio en el país, para rescatar el estado de derecho y la Constitución Nacional, para fortalecer y respetar los acuerdos y tratados en materia de derechos humanos, y para impartir una justicia equitativa, y contrarrestar la impunidad del 95% en los delitos.
Estos escuadrones de la muerte tienen que cesar en Venezuela. Nicolás Maduro debe dar la cara por las actuaciones de los cuerpos militares y policiales en los llamados operativos de las Organizaciones de Liberación del Pueblo, en la masacre de personas inocentes o con algún delito, pero con derecho a ser juzgados en un tribunal de la república. La justicia no se puede tomar por las manos, y menos cuando tienen el aval de un gobierno bipolar que ha mostrado su desatino al respecto. Ha sido blandengue frente al delito, y hoy somos uno de los países más violentos del mundo.
Es imperante que el gobierno sepa que con esta ola de violencia desatada en contra de una población que cada día muere de hambre y de mengua, producto de una política nefasta, no va a amedrentar ni apaciguar el hambre de un pueblo, porque balas y represión, no son sinónimos de alimentos y medicinas, por el contrario, son sinónimos de descontento y de más bríos para luchar por ese cambio que tanto nos merecemos.
Ismael García
Diputado a la Asamblea Nacional
PJ-Unidad Democrática
@ismaelprogreso