I. Introducción
La gestión de Rafael Ramírez al frente de PDVSA (2004-2014), la principal empresa venezolana de todos los tiempos, y antes de los gobiernos de Chávez y Maduro, la más importante de Latinoamérica y entre las más eficientes y mejor gerenciada del mundo, será recordada como la más inmoral, ineficiente y corrupta de los últimos 15 años, particularmente durante el período de Ramírez.
Desde su designación se violaron fundamentales principios básicos del derecho administrativo. Rafael Ramírez, no solo fue investido presidente de PDVSA por parte de Chávez, sino que al mismo tiempo lo designó como Ministro de la cartera de Energía y Minas, concentrando en una sola persona la dirección del Ente Regulador y supervisor del Estado, y del Ente ejecutor o regulado, PDVSA. De este modo el Ejecutivo se aseguró, en manos de un inescrupuloso leal chavista, un desempeño dispuesto a sobrepasar cualquier línea roja y llegar a donde nadie antes se había al menos imaginado que sería posible.
Dada la importancia que tiene el Informe de la Asamblea Nacional (IAN) y en especial el trabajo realizado por la Comisión Permanente de Contraloría (Expediente Nº 1648 ) dirigida por el Diputado Freddy Guevara, hemos considerado importante presentar un breve resumen de las 105 páginas, sobre los casos de corrupción que bajo la mirada y la connivencia de Rafael Ramírez y otros funcionarios, se ejecutaron para beneficiar a la casta corrupta que continúa al frente del gobierno, destruyendo sin parar lo poco que queda de la hundida nave insigne PDVSA.
Es importante mencionar que el estudio de los casos del IAN se sustentan en gran medida en los análisis de la Contraloría General de la República (ICGR), publicados entre los años 2006 a 2013, una institución que por cierto, no se ha caracterizado precisamente por su imparcialidad frente a los innumerables casos de corrupción registrados en los gobiernos de Chávez y Maduro. Por lo tanto es factible pensar que la lista de los casos analizados en el IAN apenas representan una porción del total que ha llevado a la quiebra no solo a la empresa, sino a todo el país, sumido en una crisis insólita, inédita y a nivel de crisis humanitaria, frente a la portentosa riqueza que muestran los jerarcas del régimen.
II. Casos analizados en el IAN
1. Adjudicaciones directas para el Núcleo de Desarrollo Endógeno “Fabricio Ojeda” (NDEFO), en violación del artículo 61, No. 1 de la Ley de Licitaciones vigente para el momento (IAN pp. 47-48), en los siguientes casos (ICGR 2006):
A. Adquisición de maquinarias para el Taller Textil de NDEFO por un precio de Bs. 808.050.000,00 cuando su valor en el mercado era de Bs. 251.940.000,00, con un sobreprecio de Bs. 556.110.000,00 (220,73%), que representaron USD $258.655,81.
B. Adquisición de maquinarias para el Taller de Calzado de NDEFO por un precio de Bs. 669.180.000, cuando su valor en el mercado era de Bs. 291.940.000, con un sobreprecio de Bs. 377.240.000,00 (129,23%), que representaron USD $175.560,46.
C. En estos dos casos la afectación al Patrimonio Público alcanza la suma de Bs 933.350.000,00 equivalentes a USD 434.216,27.
2. Irregularidades en la formulación y ejecución de presupuestos (FEP); incumplimiento de formalidades; ausencia de contratos y errores en la información financiera, administrativa y técnica (IAN pp. 48-52), en los siguientes casos: (ICGR 2007).
A. Irregularidades de PDVSA-GAS en la formulación y ejecución del presupuesto asignado durante los años 2003, 2004 y primer trimestre de 2005, bajo su propio sistema, incumpliendo los criterios técnicos y legales establecidos en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Publico, el Sistema Presupuestario y sobre la base del Plan Único de Cuentas de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), sin asignar los recursos previstos a la prevención, corrección y control de eventos ambientales. Con ello se afectó al Patrimonio Público (PP) en Bs. 1.231.062.840.000,00 (USD $572.587.367,44).
B. Irregularidades en la ejecución de proyectos para el Núcleo de Desarrollo Endógeno Tácata (NDET) y el proyecto “Desarrollo del Campo Tácata en el Estado Anzoátegui, con una afectación del PP de Bs. 960.360.000,00 (USD $ 446.679,07) y Bs. 2.970.420.000,00 (USD $ 1.381.590,69), respectivamente.
C. Irregularidades en la Parada de Planta de Conversión y Tratamiento realizada en el período 2003-2004, con diferencias en los montos de ejecución, así como la sola imputación en los registros presupuestarios de Bs. 51.198.000.000,00 (USD $23.813.023,25) a la unidad de Alquilación, a pesar de que se realizaron trabajos en otras unidades. De igual modo se constataron diferencias por Bs. 3.305.670.000,00 (USD $1.537.520,93) en la sumatoria de las categorías; labor, contratos y materiales, que resultan afectar el Patrimonio de la Nación.
D. Inapropiada aplicación de procedimientos de soldadura en las tuberías de la unidad de Alquilación durante la parada de planta 2003-2004, y la posterior paralización de la planta por 44 días para efectuar mantenimiento correctivo; lo que generó un gasto extraordinario en reparaciones más pérdida por diferimiento de producción por un monto que asciende a Bs. 185.831.790.000,00 (USD $86.433.390,69) que generan perjuicios sobre el PP por la indebida planificación y la inejecución correcta de las obras.
E. Desviaciones en la ejecución presupuestaria de gastos de mantenimiento por parte de PEQUIVEN entre 2002 al 2005. Para el año 2002, el presupuesto presentó una sobre ejecución del 22,64%, es decir Bs. 9.029.000.000,00 (USD $4.199.534,88) ; mientras que para los ejercicios 2003, 2004 y 2005, presentaron sub ejecuciones por Bs. 12.227.000.000,00 (USD $ 5.686.976,74) (29,68%), Bs.10.364.000.000,00 (USD $4.820.465,11) (19,31%) y Bs. 13.853.000.000,00 (USD $6.443.255,81) (18,05%).
3. Irregularidades en los procedimientos de contratación de obras y servicios (IAN pp. 52-56), con una afectación del PP que asciende a la cantidad de Bs. 113.149.000,00; que calculado a la tasa de 2.15 Bs por dólar para ese momento, da un total de USD $52.627.441,00. (ICGR 2008).
4. Irregularidades en la contratación, adjudicaciones directas y adjudicaciones a familiares (IAN pp. 56-58), en el caso de la construcción de Pozos de Agua Potable, en los municipios Anaco, Pedro María Freites y Libertad del estado Anzoátegui, desde el año 2006 al 22 de mayo de 2009, con una afectación del PP de Bs. 21.330.000,00, que calculado a la tasa de 2.60 Bs por dólar para ese momento, alcanza un total de USD $8.203.846,15. (ICGR 2010).
5. Irregularidades en la selección y contratación de empresas para la ejecución del servicio de inspección a flote y acondicionamiento de las gabarras (IAN pp. 58-61), particularmente en los siguientes casos: (ICGR 2012).
A. Gabarras con un alto grado de corrosión y en una no fue posible ingresar a su interior por parte del personal de la Contraloría General de la República (CGR), es decir, que se invirtieron Bs. 29.870.000,00 (USD $ 6.946.511,63) en gabarras NO APTAS.
B. Contrataciones irregulares cuyos montos ascienden a Bs. 354.680.000, equivalentes a USD $ 82.483.720,94; según el tipo de cambio de la fecha en la cual ocurrieron los hechos.
6. Irregularidades administrativas por parte de la Filial PDVSA BARIVEN (IAN pp. 62-63), en los siguientes casos: (ICGR 2013).
A. Compra e importación de alimentos en el marco del Plan Estratégico de Emergencia para el Abastecimiento de Alimentos dentro del territorio nacional, sin contar con la documentación necesaria para la nacionalización de los productos adquiridos, lo que condujo a la declaración de abandono legal y la consecuente pérdida de US$ 52.160.000 y € 837.000 , equivalentes a un total de Bs. 114.510.000.
B. Adquisición de Taladros Chinos, a través de intermediarios y no de Bariven (único ente autorizado), significó pagar un sobreprecio de USD $43.084.035,23 (Bs. 92.630.675.744,50). El taladro fue vendido a PDVSA por la empresa CONSTRUEMA, S.A en Bs. 134.768.525.765,00, es decir, USD $ 62.683.035, 23, que a su vez lo había adquirido de TGS AQUA TECH, INC, en USD $ 19.599.000,00.
C. Irregularidades en el manejo del “Fondo de Pensiones de trabajadores de PDVSA”, por la cantidad de USD $579.039.480,39 (Bs. 2.059.869.765,67), colocados en instituciones financieras sin solidez y de alto riesgo, manejada por Francisco Illarramendi, condenado en Estados Unidos, a cumplir 13 años de prisión por fraude de valores.
D. Operaciones de lavado de dinero proveniente de PDVSA. En este caso ha salido a relucir particularmente los nombres de: Nervis Villalobos, Viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela, intermediario de los sobornos que habría recibido, Rafael Ramírez de la empresa Derwick Associates por la adjudicación de multimillonarios contratos; Diego Salazar Carreño, por ser el encargado de las pólizas de Seguros y Reaseguros de la estatal petrolera PDVSA teniendo relación sanguínea con el presidente de PDVSA para el momento. Este caso generó una afectación indebida al PP por un monto de USD $4.200.000.000,00; que para el tipo de cambio del momento en el cual ocurrieron los hechos equivaldrían a Bs. 18.060.000.000,00.
E. Contrataciones por Sobornos. Los “empresarios”, Abraham Shiera y Roberto Rincón, admitieron ante los Juzgados estadounidenses que pagaron sobornos a funcionarios de PDVSA para asegurar que sus compañías fueran situadas en las listas de proveedores aprobados por la estatal para obtener contratos y que además para que se le diera prioridad en los pagos. Estas acciones causaron daños al PP por la cantidad de USD $1.000.000.000,00 (Bs. 6.300.000.000,00).
F. Caso de la “Gabarra Aban Pearl”. En 2008 la Filial PDVSA Servicios S.A. contrató con la empresa INTERMEDIARIA Petromarine Energy Services LTD, el arrendamiento de la gabarra “Aban Pearl”, por la cantidad de USD $730.000,00 diarios, siendo que la filial BARIVEN, es la única empresa encargada de fungir como intermediaria. Por otro lado, se pagó un sobreprecio que supera los USD $444.000,00, que es el diferencial de lo declarado por el Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo en la Memoria y Cuenta del año 2008 (USD $730.000,00) y de lo declarado en el Reporte 2010-2011 de la empresa Aban Offshore, propietaria de la Gabarra, la cual revela que recibía USD $286.000,00 diarios por motivo de la renta por alquiler. A raíz de ello se habla de una afectación diaria al PP de USD $444.000,00 (Total de 580 días de alquiler por USD $257.520.000,00 equivalentes a Bs.553.668.000,00) en pago de sobreprecios indebidos.
G. Caso del “Banco Espirito Santo”. Aunque que no ha sido posible cuantificar la deuda que Banco Espirito Santo y Novo Banco tienen con Venezuela, se sabe por la auditora KPMG, que PDVSA invirtió millones de euros en deuda del Grupo, y de hecho, ahora es uno de sus mayores acreedores. Sin embargo se logra deducir que la cantidad por la cual ha sido afectado el PP asciende a USD $871.000.000,00 (Bs. 8.710.000.000,00) y USD $96.200.000,00 (Bs. 962.000.000,00), según consta en las medidas de embargo ordenadas.
H. Caso de “Liaoning Northem Steel Pipes”. Se trata de un Grupo de Empresarios venezolanos, representados por JOSEPH BENOUDIZ que actuaron como intermediarios en representación de la empresa China “Liaoning Northem Steel Pipes Co. LTD” para recibir de BARIVEN S.A. USD $ 56.000.000,00 con facturas emitidas a nombre de la empresa China, para la venta de tuberías con un sobreprecio que supera los USD $12.000.000,00 (Bs. 120.000.000,00), causando daños al PP sobre el monto de los USD $ 56.000.000,00 (Bs. F. 560.000.000,00), donde la responsabilidad de JAVIER ALVARADO OCHOA presidente de BARIVEN se encuentra seriamente comprometida (IAN p. 77-80).
I. Caso PDVAL, Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. En el marco de la declaratoria de Emergencia Alimentaria, por parte del Comité Ejecutivo de PDVSA en reunión del 2007-18, se le asignó a la Filial PDVAL la responsabilidad del Plan Estratégico de Abastecimiento Alimentario y a BARIVEN la procura nacional e internacional de alimentos mediante adjudicación directa como modalidad preferida para atender con prontitud la “emergencia”. Se ha comprobado que a pesar de haberse pagado para la adquisición de miles de toneladas de alimentos solo se alcanzó la meta del 14% de los alimentos entregados a PDVAL, con lo cual el perjuicio al PP por sobreprecios, contratación con intermediario, pérdidas en almacenes, inobservancia de los procedimientos establecidos en la ley, indebida planificación, asciende a USD $ 1.932.637.902,50 (Bs. 4.155.171.490,37), bajo la responsabilidad de BARIVEN y del presidente de PDVSA para la época.
J. Caso Fondo Simón Bolívar, creado para atender la crisis de vivienda de la población venezolana. Entre muchas irregularidades se observa que en el Balance de Gestión Social y Ambiental de PDVSA del año 2011 la asignación de PDVSA al Fondo Simón Bolívar fue de USD $ 4.010.000.000,00, sin embargo en la Memoria y Cuenta de PDVSA del mismo año consta que el aporte fue de USD $4.979.000.000,00, lo que significa un diferencial de USD $787.000.000,00, con un daño al PP en Bs. de 3.384.100.000,00.
III. Conclusión
Del análisis de los casos realizado por la Comisión Permanente de Contraloría de la AN, se desprende un perjuicio contra la Nación bajo la Presidencia de Rafael Ramírez en PDVSA, por un monto de: USD $ 11.271.148.806,36 (Bs. F. 140.656.192.600,54).
Por tal motivo la Asamblea Nacional en su sesión del 15 de noviembre de 2016 aprobó por mayoría de 109 votos:
1. La responsabilidad política de Rafael Dario Ramírez Carreño, por las irregularidades administrativas cometidas en contra del patrimonio público de la Nación, durante el ejercicio de su cargo como presidente de PDVSA en el período comprendido entre los años 2004-2014.
2. La responsabilidad política de Asdrúbal Chávez y el voto de censura al Ministro Eulogio Del Pino, por las irregularidades administrativas perpetradas en PDVSA, en perjuicio del Patrimonio Público Nacional, durante el ejercicio de sus cargos como funcionarios y miembros de la Junta Directiva de PDVSA en el año 2008
3. La responsabilidad política de Javier Alvarado Ochoa, en función de las irregularidades administrativas cometidas en detrimento del Patrimonio de la República, durante el ejercicio de su cargo como Presidente de BARIVEN S.A.
4. Remitir copia certificada del Informe al Ministerio Público, Contraloría General de la República, y demás Órganos del Estado con competencia en la materia, para puedan analizar las infracciones cometidas, a fin de determinar si alguna de ellas se enmarca en los diversos tipos penales, civiles y administrativos vigentes en nuestro ordenamiento jurídico.
5. Exhortar a los diversos entes gubernamentales a unificar fuerzas en la lucha contra la corrupción.
Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella.