La salida de circulación de los billetes de cien bolívares es un simple robo a los ciudadanos. La diferencia con el robo ordinario, que se origina en un acto de fuerza, un arrebatón o la conminación de la entrega del dinero frente a la amenaza de un arma, se sitúa en que el robo ordinario, el que define el Código Penal, tiene por víctima una persona concreta, mientras que el actual se realiza de modo general a la población. Algunos serán víctimas, otros no, y seguramente una gran mayoría padecerá el robo parcialmente.
Los billetes que el BCV imprime son el pasivo del BCV. Pasivo quiere decir que el BCV lo debe y se obliga a pagárnoslo a nosotros, en realidad en divisas libremente convertibles lo que nos negó con el control de cambios. Cuando se proyecta la sustitución del circulante por un nuevo billete y se le priva del valor liberatorio al billete anterior se obliga el emitente a entregarnos los billetes nuevos. Si los billetes en circulación no son canjeados enteramente por los nuevos desde luego que el pasivo disminuye. Este robo es perpetrado mediante la fijación de un término para la sustitución de los billetes en circulación absolutamente insuficiente para que se pueda materializar el canje total de los viejos por los nuevos.
Este robo no necesita de revólveres ni puñales para exigir la entrega del dinero, porque es una forma sofisticada: “te dejo los billetes en la mano y con ellos ya no podrás comprar ni pagar nada”.
Esta fórmula novedosa la practicó la revolución cubana, la nicaragüense y ahora la chavomadurista con la particularidad de que nuestra constitución reserva al BCV la competencia en relación al sistema monetario y no a Maduro, que podría llamarse si no fuera porque implica una contradicción en sus términos, el autor intelectual del robo.
Para que mis lectores entiendan claramente cuál es el robo perpetrado recurro a un ejemplo. Digamos que yo debo cien millones de bolívares a diez mil personas a razón de diez mil bolívares a cada una. Si me fuera dado el poder de decir mañana pagaré de cuatro a cinco y al que no cobre en esa hora ya no le pagaré porque su acreencia dejará de ser válida resulta igual a lo que hace el BCV, porque mi deuda con esas diez mil personas sería igual a la deuda del BCV con los 30 millones de venezolanos. Una deuda que el propio deudor puede inventar un mecanismo para reducirla se convierte en una estafa. Se promete pagarla y no solo no se paga, sino que se pretende tener derecho a no pagarla. En este delito está incurso no solo el directorio del BCV, sino el presidente, el vice y todos los ministros.
Caracas, 14 de diciembre de 2016