Una constancia de impago ha sacado a la luz la responsabilidad del Gobierno de Maduro en la asfixia a los pensionados y jubilados del exterior que ya suman un año sin percibir fondos.
Carlos Moreno / Especial para LaPatilla.com – Madrid, España
El documento lo ha girado el mismo Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Madrid y, por cierto, ha causado profundos conflictos entre las oficinas consulares del resto de España, según fuentes internas que han prestado testimonio.
Los papeles que habían sido entregados con firma del cónsul y sello húmedo de la oficina, eran celosamente resguardados por los pensionados venezolanos que se acercan a la sede consular, ante el temor de ser fichados por el Gobierno nacional y negárseles definitivamente su derecho al cobro.
Pero ahora un grupo de los afectados ha decidido mostrar a la prensa la constancia. El adulto mayor que sirve el papel en la mesa prefiere igualmente mantener su identidad en el anonimato, pero afirma que le fue entregada en octubre pasado. El texto reza: El Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Madrid, España, previa consulta con la base de datos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales al día de hoy, hace constar que el / la ciudadana, venezolano (a) titular de la cédula de identidad N° tiene asignada una pensión cuyos pagos recibidos en 2016 corresponden únicamente a asignaciones el año 2015, sin haber cobrado a la fecha asignaciones del presente año, según su cuenta corriente del Banco Santander…
Los pensionados y jubilados venezolanos en España, unos 9 mil, la mayor parte de la migración total del segmento que alcanza unos 12 mil en el mundo, no tienen aclaratorias desde el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) ni cualquier otra institución del Gobierno sobre cuándo podrían reactivarse los pagos. Pero siguen esperando. Por el momento solo les queda tramitar una Fe de Vida que paradójicamente exige el IVSS a través de las sedes consulares con las esperanzas puestas en que 2017 traiga mejores números a sus cuentas del Banco Santander, donde Venezuela deposita.
El último desembolso que percibieron data de abril de 2016, pero la transferencia representó dos meses que adeudaba el Gobierno del año 2015, tal y como expresa el documento, lo que tradujo que el año pasado se fuera prácticamente en blanco. Ni siquiera el tan esperado mes de diciembre motivó a la administración de Maduro a dar explicaciones a los adultos mayores venezolanos en el extranjero.
La única comunicación oficial resultó de un cruce de mensajes entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social de España (INSS) y el IVSS entre mayo y junio pasado. En ellos la institución venezolana argumentó que la falta de pagos se debía a los constantes ajustes cambiarios y la dificultad de la nación para producir divisas, líneas que la seguridad social española hizo llegar a los pensionados venezolanos que rechazan la justificación matemática del Gobierno, más aún tratándose de un derecho tan fundamental.
Aun cuando los mayores se hacen de la constancia de impago del Consulado General de Venezuela en Madrid como un resguardo a futuro, el papel es incluso menospreciado por funcionarios de la legación nacional. Nélida Ortiz, (nombre ficticio de una de las pensionadas que recibió la constancia), señala: “Me han dicho que no piense que ese papel significará algo, que eso no nos vale para nada”, pero aunque se quiera o no, la hoja firmada y sellada representa un elemento vinculante sobre las acciones o bloqueos del Gobierno de Maduro.
Funcionarios consulares que han decidido colaborar con la prensa advierten que las últimas constancias emitidas son de diciembre pasado. Desde principios de enero no se entregan. Uno de los motivos sería el conflicto entre las sedes consulares. Otros ciudadanos venezolanos residenciados en Valencia, Islas Canarias, o en Barcelona no han tenido oportunidad de lograr la constancia por parte de las legaciones establecidas en esas provincias. Y afirman que el caso llegó a altas instancias del Gobierno que decidió de plano poner fin a la emisión de las constancias de impago por ser estas pruebas de la violación de derechos constitucionales a los adultos mayores en el exterior por un año entero, y lo que va de 2017.
El rastro de la crisis
El retraso de un año en el pago de la pensiones ha sumido a los ciudadanos venezolanos de la tercera edad en una crisis sin precedentes. La numerosa representación de abuelos en España ha tenido que apelar a los oficios de instituciones como Caritas o la Cruz Roja para alimentarse. Otros han sido trasladados a casas de sus hijos que también viven en el exterior después de mantenerse por sí solos.
La Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en la Comunidad de Madrid ha sostenido un par de reuniones con el embajador venezolano Mario Isea, pero ninguna ha surtido efecto ante el Gobierno nacional. Las comunicaciones de esta u otras asociaciones más conformadas por afectados en toda España, y que ya se configuran en una Federación, han llegado hasta los despachos de la OEA e incluso a la ONU, como método para despertar una respuesta de la administración de Maduro.
Pero en España son escuchados. Una moción de no ley ha sido aprobada por los partidos Ciudadanos, Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), para ser sometida a la plenaria del Congreso de los Diputados con el objetivo de llevar al Gobierno de Rajoy retomar todas las vías diplomáticas posibles para restablecer el pago de los pensionados venezolanos.
La moción tiene tres puntos: 1. Que el Gobierno de Mariano Rajoy explique qué ha hecho frente al Gobierno de Venezuela por el caso de los pensionados y jubilados en España. 2. Que el Gobierno español active la diplomacia para interceder ante el Gobierno de Venezuela y reactivar las gestiones del pago a pensionados y jubilados venezolanos, y 3. Activar una ayuda humanitaria con pensiones no contributivas a los pensionados venezolanos mientras se resuelve el conflicto.
Y vaya que la situación tiene tenor. España busca resolver un conflicto externo para torear lo que se le convierte en una carga sin razón y producto de la violación del Convenio Bilateral en Materia de Seguridad Social que se pactó entre los gobiernos venezolano y español en 1988 y que el mismísimo Hugo Chávez refrendaría en 2009.
Ya termina la primera quincena del mes de enero de 2017 y el silencio oficial sigue inalterable ante el pedido de auxilio de los abuelos venezolanos en el exterior. Desde el IVSS, liderado por Carlos Rotondaro, no hay un solo comunicado que de tranquilidad a las familias. Y desde la Presidencia de Nicolás Maduro solo se practica la invisibilidad.
