CIDH reconoce persecución política en contra de VP y otorga medidas de protección

Ana Leonor Acosta

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su resolución N° 475-15 exigió al régimen de Nicolás Maduro que garantice la integridad física y el respeto a los derechos políticos de los activistas de Voluntad Popular. La consultora jurídica del partido, Ana Leonor Acosta, señaló que la medida cautelar dictada por la CIDH implica que se reconoce que existe una persecución en contra de los activistas de la tolda naranja.

Nota de prensa

“La medida cautelar implica que la CIDH después de estudiar las denuncias hechas por Voluntad Popular ha concluido que existe una grave situación que pone en riesgo los derechos humanos de los activistas de la tolda naranja y que podría causar daños irreparables a los involucrados. Le medida protege principalmente a Freddy Guevara, David Smolansky, Ismael León y Juan Carlos López Gross, a quienes se les debe garantizar la vida, su integridad física y sus derechos políticos. También se protege con la medida cautelar a Theresly Malavé, defensora de los derechos humanos, y a varios de los presos políticos que mantiene ahora el partido”.

Acosta destacó que la Comisión otorgó estas medidas de protección, puesto que determinó que los beneficiarios son perseguidos por ser activistas o defender los derechos de algún miembro de Voluntad Popular. Por esta razón, argumentó que las medidas cautelares dictadas por la CIDH se extienden a otros dirigentes de la tolda naranja, lo que supone un gran apoyo a lo que debe contener un estado democrático.

“Es muy importante destacar que la resolución de la CIDH reconoce que esta persecución y hostigamiento tiene como fin obstaculizar el ejercicio de sus derechos políticos por ser activistas de Voluntad Popular. Por eso es que exige al Estado Venezolano que garantice el ejercicio de los derechos políticos de todos los activistas de Voluntad Popular. También es muy importante recordar que esta solicitud se hizo como organización política debido al ataque sistemático contra sus miembros, y si bien las medidas cautelares se dieron de manera individualizada, la CIDH se las otorgó por ser miembros de Voluntad Popular. Esto es un respaldo histórico, muy importante por ser un apoyo al sistema democrático” acotó Acosta.

Por su parte, María Huerta, Héctor Fuentes y Bernardo Pulido, juristas de la tolda naranja responsables de la solicitud de protección que se hizo a la CIDH en septiembre del 2015, destacaron que representa un precedente histórico en el hemisferio y representa el reconocimiento internacional de la persecución política que existe en contra de la oposición venezolana y en particular en contra de Voluntad Popular, así como se destaca el talante democrático de la institución.

“Hay que tener en mente que la CIDH jamás emitiría una medida cautelar para proteger a un grupo terrorista o criminal como ha querido mantener el régimen. La CIDH es dentro del sistema interamericano el máximo órgano encargado de velar porque los estados miembros cumplan con todos los tratados de derechos humanos como el Pacto de San José y es una institución que siempre ha tratado de mantenerse muy neutral y alejada del espectro político. Por primera vez dictó una medida de protección para dirigentes de un partido político, a la vez que reconoce como perseguidos políticos a activistas de Voluntad Popular”, destacó Fuentes.

Recordemos que desde que el líder opositor y preso de conciencia, Leopoldo López, llamó a La Salida el 23 de Enero 2014 el régimen de Nicolás Maduro inició una persecución contra los activistas de la tolda naranja. El hostigamiento no solo ha llevado al encarcelamiento injusto de varios dirigentes, sino también a casos de tratos crueles e inhumanos, tortura, secuestros y desaparición forzada, incriminaciones, siembra de evidencias o simulación de hechos punibles para involucrar a miembros del partido. El equipo jurídico comenzó a redactar un informe de persecución política que incluyera todos estos casos y demostrara todas las violaciones de DDHH del régimen. Asimismo, en septiembre del 2015 se envió una solicitud a la CIDH pidiendo protección para miembros del partido para solicitar protección para 96 personas y desde ese momento se ha entregado a la CIDH cinco documentos con información actualizada sobre la persecución política.

“Desde el punto de vista jurídico hay que insistir en que para el Estado Venezolano es necesario obedecer estas medidas cautelares que son de obligatorio cumplimiento, de carácter completamente vinculante. Hemos demostrado que existe una situación de persecución política en contra de los activistas de Voluntad Popular, una situación que el Estado debe poner fin. La resolución de la CIDH es entonces finalmente un reconocimiento a la labor de Voluntad Popular y un apoyo al papel del partido político como pilar del estado democrático de derecho. No es casualidad que la CIDH otorgara estas medidas cautelares en medio de una nueva arremetida del régimen, con detenciones arbitrarias como la del diputado Gilber Caro o el concejal Roniel Farías”, explicó María Huerta.

Finalmente, los juristas señalaron que si el régimen de Nicolás Maduro no acata de manera inmediata las medidas cautelares ordenadas por la CIDH se acudirá a la Fiscalía General de la República para que haga cumplir estas medidas de protección que son de obligatorio cumplimiento de acuerdo a los tratados internacionales ratificados por la República, tal como lo establece la Constitución.