Audiencia sobre discriminación política conocerá declaraciones de más de 30 peritos y testigos

Audiencia sobre discriminación política conocerá declaraciones de más de 30 peritos y testigos

Rocio-San-Miguel

 

Las declaraciones de más de 30 peritos y testigos serán conocidas en la audiencia pública del Caso San Miguel y otras Vs Venezuela, que se realizará este 14 de febrero de 2017, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Nota de Prensa

El caso refiere a la discriminación política sufrida por tres mujeres: Rocio San Miguel, Thais Peña y Magaly Chang, que trabajaron en el Consejo Nacional de Fronteras, quienes fueron despedidas el 12 de marzo de 2004, por José Vicente Rangel, quien para ese momento era el presidente del organismo, por haber firmado solicitando el referéndum revocatorio de mandato del entonces Presidente de Venezuela, Hugo Chávez y al aplicársele los efectos de la llamada “Lista Tascón”.

La “Lista Tascón” fue una base de datos publicada en la página web www.luistascon.com en 2004, que contenía los nombres, apellidos y números de cédula de identidad de todas las personas que firmaron para solicitar la activación del referéndum revocatorio del mandato presidencial.

Esta información fue solicitada al Consejo Nacional Electoral (CNE), a instancias del Presidente Chávez, por Luis Tascón, quien entonces era diputado del oficial Movimiento V República (MVR).

A partir de la publicación de la “Lista Tascón”, miles de trabajadores de empresas y organismos públicos que habían firmado para solicitar la activación del referéndum revocatorio, fueron despedidos.

San Miguel, Peña y Chang agotaron todos los recursos de la jurisdicción interna, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y finalmente el 8 de marzo de 2015, día internacional de la mujer, fueron notificadas que su caso sería conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica

Después de casi 13 años las víctimas serán escuchadas por jueces independientes y esperan obtener justicia por la vulneración de sus derechos a la libertad de expresión, a la integridad personal, a la participación y a no ser discriminadas por razones políticas.

Estarán representadas por los abogados Héctor Faúndez Ledesma, Jesús Ollarves Irazábal, Juan Carlos Gutiérrez, Alejandra Rodríguez y Marianna Romero,  además, estarán acompañadas por Ligia Bolívar, peticionaria del caso y Directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.

En representación del Estado venezolano estarán el agente Larry Devoe y el agente alterno Romer Pacheco.

Durante la audiencia serán promovidas pruebas, y los testimonios de más de 30 testigos y peritos, por parte de los representantes de las víctimas. Entre los peritos expertos se encuentran Román Duque Corredor, Ana Julia Jatar, Colette Capriles, y Oscar Lucien, entre otros, quienes ofrecerán sus declaraciones sobre diferentes aspectos relacionados con la discriminación política en Venezuela y el marco jurídico que rige a los funcionarios públicos.

Algunos de estos peritos fueron recusados por el Estado venezolano el 9 de enero pasado, sin embargo la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró improcedente la impugnación, mediante una resolución emitida el 7 de febrero de 2017.

El Caso San Miguel y otras Vs Venezuela es el único vinculado con la aplicación de la “Lista Tascón” que ha logrado llegar a instancias internacionales.

Su llegada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye un precedente que hará visible internacionalmente la política sistemática de discriminación política, que ha aplicado el Estado venezolano desde 2003. Permitirá además el desarrollo de la jurisprudencia internacional y estándares sobre discriminación política ejecutada en Venezuela.

Aun cuando se trata de tres víctimas, este caso representa a los miles de venezolanos que fueron sancionados por expresar su opinión política”, dijo el Doctor Ollarves Irazábal.

 “Será la oportunidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de reivindicar los estándares internacionales en materia derechos políticos, libertad de expresión y debido proceso, para que los hechos nunca más vuelvan a repetirse”, acotó.

 

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