En anteriores ocasiones hemos señalado que la corrupción representa una de las más escandalosas manifestaciones de la quiebra de valores y principios que sufre la sociedad global del siglo XXI. Hemos señalado igualmente que esta lacra social se ha expandido como un grave cáncer que afecta a la democracia contemporánea. Y este no es un mal que pueda señalarse como plaga solo de los gobiernos, sus funcionarios y los políticos, como parece derivarse de la visión simplista del fenómeno que proponen organismos multilaterales como el Banco Mundial, según la cual las fórmulas para acabar o minimizar los hechos corruptos se concentran en las mejoras de los controles públicos y con reformas administrativas para desburocratizar el aparato estatal y lograr –entre otros avances- la desregulación de trámites públicos para que operen, sin trabas, las reglas del mercado. Esta visión limitada parece desconocer el trasfondo cultural y ético que subyace en el tema de la corrupción y el hecho de que en cada señalamiento de hechos o procesos corruptos hay un protagonista corrupto y con un agente privado corruptor.
No hay dudas que la corrupción se genera básicamente cuando, por ansias ilimitadas de ganancias e intereses particulares, agentes privados promotores de esta grave mal social, sobornan a funcionarios públicos o recurren al pago de políticos influyentes para lograr posición ventajista en sus negocios con el Estado que les permite violar las reglas de la competencia y leyes de la economía de mercado y otras normas que regulan la misma; igualmente para hacer caso omiso de la transparencia y ética que debe prevalecer en los negocios, perjudican con ese manejo corrupto a personas o grupo de personas quienes les han confiado sus negocios o patrimonio. Fue eso lo que aconteció con la quiebra de Enron en 2001 y la crisis financiera de finales de 2008 que, con la crisis del mercado de valores de Estados Unidos llevo al colapso a entidades bancarias como Citigroup y Goldman Sachs, con grandes pérdidas para los ahorristas, mientras que los grandes ejecutivos de esas instituciones cobraban elevadas sumas con la liquidación de las mismas, e inclusive algunos de ellos pasaron a desempeñar importantes posiciones en el Gobierno Federal de ese país.
Pero, en la actualidad, el caso ODEBRECHT, representa –sin ninguna duda- la demostración más evidente de cómo el cáncer de la corrupción se ha expandido, especialmente en América Latina, dañando gravemente la institucionalidad democrática y los sistemas políticos de más de 10 países de la región y de cómo esta lacra social globalizada se ha potenciado al impulso de gestiones antiéticas del gran capital privado. En efecto, ese caso comenzó a destaparse cuando en el magistrado brasilero Sergio Moro envió a prisión por 19 años a Marcelo Odebrecht, nieto del fundador de esa empresa de ingeniería y construcción, fundada en 1944 y convertida con el tiempo en la empresa líder en ese campo América Latina, con presencia en 27 países. Las investigaciones realizadas han puesto en evidencia que el gran desarrollo de esta empresa en los últimos años ha estado sustentado en un desarrollado sistema de corrupción a gobiernos, Jefes de Estado y políticos.Todo empezó con el tema de corrupción masiva, conocido como Lava Jato que se descubrio en Petrobras, la gigantesca empresa petrolera de Brasil y en el cual se involucraron ejecutivos de la misma, intermediarios y hasta políticos de los diversos partidos de ese país, con denuncias que incluyen financiamiento con fondos de ODEBRECHT a campañas electorales y al ex presidente Lula, a quien se le ha señalado como responsable del esquema de corrupción de esa empresa petrolera y se le acusa de haber recibido un pent-house como donación de ODEBRECHT por contratos otorgados a la misma. Como resultados iniciales de esta investigación anticorrupción, liderada por el juez Moro más de 30 personas han sido detenidas, además del presidente de la empresa y el ex director de Petrobras Paulo Roberto Costa. Y en 2015, el Ministerio del Tribunal Supremo Federal, amplió la investigación para incluir a 47 políticos que aparecen sospechosos de estar involucrados en el caso Petrobras, entre los cuales están diputados y senadores.
El caso ODEBRECHT se ha potenciado a partir del 22 de diciembre, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una investigación que reveló que 12 países de América Latina recibieron 788 millones de dólares en sobornos a esa empresa para conseguir contratos de obras públicas desde el 2001 hasta el año pasado, lo que provocó que esa dependencia gubernamental multara a la brasileña por 3500 millones de dólares. En esa investigación se destaca que los sobornos a burócratas y políticos de Brasil alcanzan a 394 millones de dólares. Venezuela aparece en el segundo lugar en los montos de sobornos con 98 millones de dólares. Recordar que en nuestro país ha sido muy notoria la actividad de ODEBRECHT, ya que la empresa fue favorecida con contrataciones por 16.000 millones de dólares por varias obras, aún inconclusas, entre las que destacan el metro Caracas-Guarenas-Guatire, el mejoramiento del Aeropuerto de Maiquetía, el segundo puente sobre el lago de Maracaibo y el tercer puente sobre el rio Orinoco. República Dominicana le sigue a Venezuela en sobornos recibidos con 92 millones; pero ya en ese país la presión pública está forzando las investigaciones para detectar los beneficiados con estos aportes corruptos, entre los que destaca un oscuro empresario cercano al actual presidente de la república y no se descarta que haya otros políticos involucrados. En Panamá, cuya cifra de sobornos señalada en el informe del Departamento de Justicia de USA es de 59 millones de dólares, ya el pasado mes de enero, la fiscalía de ese país imputó a 17 empresarios y funcionarios y se señalan posibles vinculaciones de la empresa en el financiamiento de la campaña del actual presidente Juan Carlos Varela. En otros países como Argentina, Ecuador, Perú, Guatemala, Colombia y México también aparecen importantes montos de sobornos que, igualmente salpican a notables jerarcas públicos y diferentes políticos, resaltando los casos de Argentina en los que aparecen involucrados ex ministros del entorno de los Kirchner, y el más reciente del Perú en el que se señala al ex presidente Toledo por supuestamente haber recibido 20 millones de dolares de ODEBRECHT.
A raíz de esos escándalos de corrupción promovidos por ODEBRECHT en prácticamente todos los países en los que ha venido realizando obras públicas, gracias a un ingenioso sistema de sobornos a funcionarios y políticos, incluyendo opositores, se pone de manifiesto los peligros que corre la institucionalidad democrática cuando, mediante estos nefastos mecanismos, se manipula la gestión pública y la actividad política. Es por ello, que no se exagera al afirmar que la corrupción es el cáncer de la democracia. Pero, es alentador ver como ya en algunos países –asqueados de esta lacra y la complacencia y complicidad de burocratas y políticos- han empezado a surgir movimientos de la sociedad civil que, inclusive han logrado la destitución de un presidente y una vice presidenta como aconteció el año pasado en Guatemala; además de los movimientos que en Panamá, Brasil y en la República Dominicana están presionando para identificar y castigar a los involucrados en el caso ODEBRECHT. Cabe destacar que en la Republica Dominicana se realizo en enero la mas grande manisfestacion de protesta de todos los tiempos clamando por castigo a los corruptos involucrados en este escandalo y en otros casos de corrupcion. Igualmente en Rumania con protestas públicas masivas, los ciudadanos asqueados de la corrupción y ante el intento del gobierno de pasar un decreto Ley para despenalizar algunos delitos de corrupción, han logrado la derogación de dicho decreto y hasta exigido la renuncia de ese gobierno.
En Venezuela queda entonces pendientes cual va a ser la posición de las autoridades del gobierno y de la dirigencia política –de ambos bandos- ante los graves señalamientos de sobornos promovido por ODEBRECHT en nuestro país para lograr la construcción de importantes obras publicas, todas las cuales, como hemos señalados, estan inconclusas. Lo que si es preocupante es observar el comportamiente casi indiferente o de anomia colectiva de nuestra sociedad frente a este caso y otros escandalos de corrupcion que colocan a nuestro pais entre los mas corruptos del continente y afectan gravemente la credibilidad en las organizaciones politicas y en nuestra fragil democracia.