Con el patrocinio de la Fundación “Juan Germán Roscio”, la tarde de este jueves se realizó en la sede de la Asamblea Nacional el foro “CLAP es corrupción”, promovido por los diputados Carlos Paparoni, María Beatriz Martínez y Marialbert Barrios, de la fracción de Primero Justicia, y que contó con la participación de la doctora Maritza Landaeta, experta en nutrición, integrante del equipo de la Fundación Bengoa.
Nota de prensa
Paparoni (Unidad-Mérida), vicepresidente de la Comisión Permanente de Contraloría, luego de una detallada exposición, acusó a tres funcionarios del Ejecutivo Nacional de ser los responsables de malgastar el dinero público con un programa “cuya prioridad es la corrupción y no resolver los problemas de los venezolanos”.
El diputado, conocedor de la explotación agrícola, afirmó que el exministro Rodolfo Marco Torres, el actual ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Wilman Castro Soteldo, y el coordinador nacional de los CLAP, Freddy Bernal, son los principales responsables de que en el segundo semestre de 2016, según estudios de MORE Consulting, 9 de cada 10 venezolanos dijeron haber perdido entre 5 y 20 kilos de peso corporal.
Describió Paparoni manejos irregulares en la planificación, adquisición y distribución de los alimentos subsidiados mediante los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), y explicó que de las 19 unidades de varios alimentos que, según el Gobierno, traen las cajas CLAP, la verdad es que solo se entregan la mitad, a lo que se suman cobros adicionales, que elevan en casi 50% el costo anunciado de 10 mil bolívares por caja.
Reiteró la denuncia hecha por su compañero de bancada, diputado José Guerra, que según los cálculos a dólar oficial, las cajas de los CLAP estarían costando mil dólares, precio que no alcanza una compra similar hecha en un supermercado en los países desde donde el Gobierno está importando esos rubros, como México o Nicaragua.
También denunció Paparoni los manejos que se esconden detrás de ese plan para aprovechar los dólares preferenciales, y recalcó que con esa misma cantidad de dinero, los productores nacionales generarían 16 veces más alimentos.
Destacó, asimismo, que la bancada de la Oposición está trabajando en la Ley de Emergencia Alimentaria para darle respaldo a los casi 980 mil venezolanos que hoy, a pesar del deterioro de las condiciones, todavía siguen explotando el campo y que permitiría, entre 3 y 6 meses duplicar la siembra de hortalizas; en 3 años alcanzar el autoabastecimiento en maíz, y en 7 años volver a niveles de producción para la exportación, así como garantizar la satisfacción plena de la demanda nacional en diez rubros básicos, entre ellos azúcar, arroz, café y caraotas.
“Hoy hay en el país menos caraotas que uvas”, dijo Paparoni, para ilustrar las distorsiones creadas por el Gobierno con el abandono del campo y la prioridad que le ha dado a las importaciones.
También alertó, en el caso de las hortalizas, que “si no entra semilla en 15 días, a tiempo para el primer ciclo de siembra, en julio no habrá hortalizas en Venezuela”.
Precisó que existe en el país sólo el 0,3% de la semilla necesaria para producir papa.
Carlos Paparoni denunció que “el Gobierno basa actualmente su control político en el hambre” y que todo comenzó en 2006, cuando el Gobierno decidió expropiar 5 millones de hectáreas, equivalentes a unos 5.200 fundos productivos. De esas tierras, recalcó, sólo están productivas hoy menos del 3%.
Landaeta: El hambre alimenta la violencia
Maritza Landaeta abordó los efectos físicos, emocionales y psicológicos que genera el padecer hambre y desnutrición crónica, como lo están viviendo los venezolanos, especialmente los niños, embarazadas y ancianos.
Recordó que en nuestro país “la socialización se hacía en torno a los alimentos”, dijo sobre la costumbre de compartir la mesa con la familia y amigos.
Describió el incremento de la violencia intrafamiliar, el maltrato en los niños y el aumento del suicidio en los adolescentes, producto de que “el hambre altera las endorfinas” y éstas impactan negativamente en las emociones.
También dijo que es muy preocupante el aumento de la deserción escolar, porque los padres prefieren que los niños se queden durmiendo para ahorrarse una comida o porque no rinden en los estudios por la falta de nutrientes.
Para la experta de la Fundación Bengoa, los CLAP son una política pública errada, pero dijo que la manera más efectiva de impactar con ellos sería repartir esos alimentos en los centros de salud de las comunidades, donde se podría hacer seguimiento a factores vinculados con la salud de los más pobres.
Insistió en que es urgente que se apliquen correctivos porque los costos financieros a futuro para el país serán enormes. Habrá que invertir mucho más en educación y salud para atender a una población con un escaso desarrollo cerebral y corporal, dijo.
Este deterioro, subrayó, empieza desde el embarazo de las adolescentes –siendo Venezuela el país con la tasa más elevada de la región- que no están recibiendo las dosis imprescindibles de hierro y ácido fólico. El resultado de eso son recién nacidos con daño neurológico y alteraciones funcionales permanentes, además del peligro de que aumente la mortalidad materna y neonatal.
Indicó que impedirle a los venezolanos el acceso a los alimentos es una violación de los DDHH y aseveró que el Gobierno está utilizando “el hambre como un arma terrible, barata y de uso sencillo”.
“El hambre adormece la mente y disminuye el espíritu de lucha”, sentenció Maritza Landaeta.
Explicó, según datos de la encuesta Encovi, de la UCAB; que en 2016 se produjo “un quiebre en el patrón de consumo” nacional y las hortalizas y los tubérculos pasaron a sustituir las proteínas animales. Citó que el año pasado solo el 24% de las familias dijeron poder comprar leche y el consumo de huevos y granos cayó al 14%.