Caídas ya todas las caretas, desaparecidas ya todas las imposturas, me pregunto ¿Cómo se sienten ahora todos esos jueces y fiscales que por tanto tiempo se desgarraron la ropa y la dignidad por la “revolución”? ¿Qué pasa por la mente de los que, sobre todo en instancias subalternas, hasta hace muy poco se sentían tan significativos y todopoderosos? No debe ser fácil eso de pasar de ser una herramienta indispensable para la consolidación del miedo, un arma útil y continuamente usada para consolidar narrativas y discursos oficiales falsos sobre cualquier cosa que pasara en el país, a ser ahora, a los ojos de quienes tantos los usaron y abusaron, un juguete viejo y sucio que ya no emociona ni sirve, y al que no se le tiene ninguna consideración ni respeto. Antes eran importantes para “el proceso”, ahora son absolutamente prescindibles.
El SEBIN, por ejemplo, hace ahora lo que le da la gana. De nada le valen decisiones, sentencias, exhortos o intimaciones judiciales. Desde hace rato hace “dibujo libre” y actúa como si no solo materialmente, sino además formalmente, fuese una fuerza no sujeta a control de ningún tipo. Se le ha olvidado que no es más que un órgano de seguridad del Estado que, como tal, está subordinado a la Constitución y a la Ley y, en lo que a las investigaciones y procesos legales se refiere, a la fiscalía y a los tribunales, pero no hay juez ni fiscal con buenas nueces bien puestas en su lugar que termine de ponerle el cascabel, o mejor dicho, los grilletes, a ese gato. Claro, podrán alegar que de acuerdo las relativamente nuevas normas que lo rigen está adscrito desde el punto de vista administrativo a la Vicepresidencia de la República, pero eso no es excusa ni le exonera del debido acatamiento a las decisiones judiciales, mucho menos de las que tengan relación con personas que están bajo custodia de ese cuerpo de seguridad que, no hay que olvidarlo, no están allí “a las órdenes del SEBIN”, sino a la orden de los Tribunales y de la Fiscalía.
Hasta la fecha sabemos de al menos 18 órdenes de excarcelación dictadas por el Poder Judicial que para el SEBIN no son más que papel higiénico; sabemos también de incontables órdenes de traslado a centros médicos, o hasta a los mismos tribunales (para continuar los procesos) que sencillamente al SEBIN se le antojan como “de optativo cumplimiento”. Y hablo solo de lo que se conoce, porque en los 18 casos que menciono al inicio de este párrafo se trata de situaciones con cierta notoriedad pública por tratarse de causas políticas o de casos claros de detenciones arbitrarias, pero en otras causas menos llamativas o de bajo perfil, la situación es igual y hasta peor.
De la mano del Código Orgánico Penitenciario, de reciente vigencia, también se han visto nuevas irregularidades. Cierto es que allí se establece que los reos ya condenados quedan a la orden del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, pero a nadie en su sano juicio se le ocurriría, digo, si viviésemos en un país normal, que un órgano del Poder Ejecutivo hiciese también lo que le venga en gana con algún condenado sin siquiera tomarse la molestia de comunicarlo o de ponerse de acuerdo con el Tribunal de Ejecución que, según la ley, es el que debe velar por el correcto cumplimiento de las sanciones que se impongan a cualquier persona en un proceso penal. Pero así pasa, y de nuevo, no hay quien ponga coto a los abusos. Un pran acusado y condenado por innumerables y muy graves delitos, uno que manda hace unos años a matar a una juez y que por error no la mata a ella, sino a su hermana, se pasea campante por nuestras playas, pero a por lo menos 82 procesados por motivos políticos, a ninguno de los cuales se le imputan delitos de gravedad y que, porque así lo ordena la Constitución, tienen derecho a ser juzgados en libertad y a ser tenidos y tratados como inocentes porque no han sido condenados, se les niega toda posibilidad de libertad e incluso a algunos de ellos, cuando la desgracia ha tocado sus hogares, hasta se les ha negado acompañar por unas horas a sus padres a su última morada. Así estamos.
Ya son varios los casos en los que cuando un fiscal o un juez se niega a privar de su libertad a procesados por motivos políticos, se les intimida o amenaza, incluso expresándoles que serán encarcelados, solo porque la orden desde el Poder Ejecutivo ha sido la de la prisión de los involucrados, así sea a costa de lo que imponen la ley o la verdad. Como muy mal paga el diablo a quien le sirve, de nada han valido las “credenciales” revolucionarias o sumisas previas de los funcionarios afectados. O me obedeces o vas preso, esa es la consigna.
No pueden decir que no estaban avisados. Desde 2002, y después, cuando a Chávez el TSJ de aquellas fechas le salió “respondón”, la estrategia, exitosa lamentablemente, estuvo clara: Había que consolidar un Poder Judicial sumiso y obtuso, uno que no se ocupara tanto de formarse y de prepararse para la importante tarea que, al menos formalmente, está llamado a cumplir, pero que no dudara en corear, para nuestra pena eterna, “¡Uh Ah, Chávez no se va!”, cada vez que se diera la oportunidad.
Ilusos, muy ilusos, fueron los que con buenas o malas intenciones pensaban que con ello tocarían el cielo, y se ven ahora disminuidos y sepultados en los lodos de una “revolución” que, ahora hay que ser ciego y sordo para no darse cuenta, solo buscaba el poder para unos pocos, muy pocos, y que no dudó ni un segundo en convertirlos, como a todo lo que toca, en una vergüenza para propios y ajenos. Una vergüenza, además, completamente prescindible y dentro de poco, a los ojos de los que no quieren estar sometidos más que a sus propias ambiciones y caprichos, un también “peligrosa”, “traidora” e indeseable. Ya se ha dicho antes: Es la consecuencia de olvidar que si bailas pegado con el diablo, a juro y porque sí, te quemas.
@HimiobSantome