La demanda interpuesta por el exdiplomático estadounidense, Otto Reich contra los dueños de la empresa Derwick, Leopoldo Alejandro Betancourt López y Pedro José Trebbau López, a quienes acusó de sobornar a altos funcionarios del gobierno venezolano a cambio de hacerse de contratos millonarios de Pdvsa y otras empresas públicas, que había sido desestimada en 2016, fue reformulada y será discutida este viernes 10 de marzo, en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York, reseñó Notiminuto.
La acción legal de Reich fue entablada bajo la provisión de la ley contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas, o RICO por sus siglas en inglés. A pesar de aplicarse principalmente en casos penales, la legislación permite demandas civiles en el caso que el demandante pueda demostrar que fue perjudicado por la conspiración criminal.
Reich contrató nuevos abogados expertos en la Ley RICO para someter la queja en el tribunal de apelaciones correspondiente, según consta en los récords judiciales.
Caso cerrado
La demanda de Reich contra Derwick fue desestimada por el juez Paul Oetken el 4 de enero de 2016, alegando que los acusados no eran residentes de la ciudad, y por ende, el hecho escapaba de la jurisdicción del tribunal. Posterior a la decisión de Oetken, el exembajador interpuso un recurso de apelación, basado en el hecho que los demandados condujeron negocios y poseen propiedades en Nueva York para los años en los que ocurrió la conspiración. Luego de 13 meses de procedimiento, este viernes 10 de marzo, en horas de la mañana, se realizará la primera audiencia del caso, donde se pretende evidenciar que los supuestos delitos cometidos por los acusados tuvieron lugar en la isla de Manhattan y que se utilizó el sistema financiero local para tal fin.
El caso
El exdiplomático Otto Reich acusó inicialmente a los empresarios de nacionalidad venezolana: Alejandro Betancourt, Pedro Trebbau y Francisco D’Agostino, quienes aparecían como propietarios de Derwick Associates Corp., de amasar fortunas gracias a sus conexiones con el gobierno del fallecido Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro.
De acuerdo a la primera versión de la demanda civil, correspondiente al año 2013, los tres ejecutivos habrían pagado sobornos a funcionarios venezolanos a cambio de obtener, al menos, una decena de contratos en el sector eléctrico valorados en unos US$1.000 millones.
Reich y su empresa de consultoría Otto Reich & Associates LLC, con sede en Washington, alegaron que los demandados violaron normas de un estatuto especial contra el fraude, la corrupción y el lavado de dinero establecido en mencionada ley RICO.
La demanda afirma que Reich resultó perjudicado desde el punto de vista financiero y en su reputación, por los empresarios como resultado de versiones falsas difundidas por ellos, según las cuales, el ex embajador trabajaba para Derwick, una firma conocida por sus conducta dolosa y fraudulenta. Según alegaciones, dos clientes de Otto Reich Associates LLC (Banco Venezolano de Crédito y el y el banquero venezolano Eligio Cedeño) cancelaron los contratos de asesoría por las afirmaciones de los empresarios demandados.
La primera acción legal de Reich buscaba una compensación por daños superior a los $9 millones.
Dice la demanda que Reich lleva años denunciando la corrupción en los gobiernos de América Latina, y
que la empresa Derwick y sus ejecutivos, han sido señalados por varios sectores de haberse beneficiado de las relaciones que tenían con funcionarios y familiares del fallecido presidente Hugo Chávez y de Nicolás Maduro para enriquecerse de manera ilegítima.
Betancourt, Trebbau y D’Agostino han sido apodados por la prensa venezolana como los “bolichicos”, haciendo una relación entre el término “oligarquía y la revolución bolivariana” y “chicos” (por ser los empresarios jóvenes menores de 35 años).
Los contratos
Según la demanda original, la estatal petrolera Pdvsa otorgó a Derwick Associates cuatro contratos entre los meses de abril y noviembre de 2010, para la instalación de plantas eléctricas en las localidades de Las Morochas, El Furrial, El Morichal y Barinas, cuyos montos no fueron publicados por el ente contratante.
Derwick es una empresa sin experiencia alguna en el ramo eléctrico.
Derwick recibió además otros contratos de la Corporación Eléctrica de Venezuela (Corpoelec). Las contrataciones se otorgaron para la construcción de plantas generadoras de energía en los proyectos Raisa I y II, Guarenas I y II, Picure y Margarita.
Dice el documento que para el proyecto Picure el gobierno les entregó a los demandados un contrato por $130 millones, aunado a otro contrato de $211 millones para los proyectos Guarenas I y II.
En total, Derwick recibió 12 contratos de PDVSA, Corpoelec y Sidor -CVG para comprar plantas eléctricas de manera de hacer frente a la crisis presentada por el sector en el año 2010. Una vez logradas las contrataciones, Derwick subcontrató a las empresas norteamericanas ProEnergy Services, General Electric y Pratt & Withney.
Investigaciones en Venezuela demostraron que las plantas eléctricas vendidas por Derwick con un elevado sobreprecio a las empresas estatales eran de segunda mano, y que las mismas colapsaron por los años de uso, lo que trajo como resultado la agudización de la crisis del sector.
Sobornos
De acuerdo a documento original, la empresa Derwick habría pagado sobornos al actual embajador de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez cuando éste era ministro de petróleo y minería y, presidente de la petrolera estatal PDVSA. Gracias al pago de coimas millonarias, Derwick recibió contratos sin licitación para construir las mencionadas plantas eléctricas. En la acusación son señalados otros funcionarios, entre quienes destacan: Nervis Villalobos exfuncionario de la petrolera y Rodolfo Sanz, ex ministro de Industrias Básicas y Minería y ex presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), que a su vez administra el mayor complejo hidroeléctrico en Venezuela y la empresa estatal de electricidad, Corpoelec.
En la querella, se asegura que los acusados disfrutan de un estilo de vida costoso y que exhiben extrema riqueza en los Estados Unidos.
El documento introducido a la corte en 2013 afirma que los demandados, Betancourt, Trebbau y D’Agostino, se ufanaban de haber pagado grandes sumas de dinero a sus contactos para obtener los contratos de miles de millones de dólares.
La demanda fue enmendada en el 2014 para excluir el nombre de Francisco D’Agostino del pleito, ya que el sujeto, supuestamente, no tenía relación comercial ni legal con Derwick.
De ser aprobado por el panel de jueces del tribunal de apelación, el proceso contra los llamados “bolichicos” empezará nuevamente en una de las salas de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en los próximos meses.
