El secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela, manifestó que la organización política que representa y que le toca legalizar este fin de semana, acudirá al proceso para darle inicio, más no avala el método establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para validar en tan solo 14 horas, cuando la ley establece que este proceso se debe realizar en un año fiscal. Asimismo informó acerca de los recursos que han introducido ante diversos organismos nacionales e internacionales para exigir se cumpla la ley y los compromisos previamente adquiridos.
“Fuimos ante el CNE y pedimos la revocación del acto que es inconstitucional, fuimos ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a pedir la nulidad del artículo 25 y 32 de la Ley de Partidos Políticos, porque además están usurpando funciones como el tema de la doble militancia; aquí los únicos que deberían pasar por el sistema biométrico son los nuevos votantes y luego del proceso de validación, a los ciudadanos que aparezcan en dos o más nóminas de los partidos políticos”, dijo el también diputado por la MUD, Omar Ávila.
A juicio del dirigente político, resulta inaceptable que se haya legalizado la doble nacionalidad para ser presidente de la república y no se permita la doble militancia para los partidos políticos.
También recordó que las rectoras del ente electoral, en mayo de 2016, hicieron un reglamento y publicaron un cronograma en el cual decían que eran tres meses para la legalización de las organizaciones con fines políticos, “ahora nos salen con que son tan solo 14 horas para validar los partidos, con lo que no solo violan la ley, sino que violan el propio reglamento que ellas realizaron hace diez meses”.
Informó que en días pasados 18 organizaciones políticas introdujeron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional del TSJ, donde otros partidos también han introducido recursos similares y ha habido adhesiones al instrumento legal que Unidad Visión Venezuela consignó.
“Como medida cautelar, solicitamos ante el TSJ y al CNE, que por ser gravemente violatoria de los Derechos Humanos que todos tenemos a asociarnos con fines políticos consagrado en la Constitución y a los tratados internacionales en esta materia; por eso también acudimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde solicitamos que tramite ante la Corte Internacional la nulidad absoluta de todos estos actos, se establezca la responsabilidad del Estado venezolano por la violación de estos tratados que fueron suscritos en su momento por la república, aun cuando ya Venezuela se haya retirado de dicho organismo y también consecuentemente pedimos que se nos restituya los daños causados por el gobierno”.
Agregó, que entre las graves trasgresiones que incurre el TSJ, está esa violación del debido proceso y a la defensa que establece el artículo 49 de la Constitución. “El TSJ que se constituyó en un tribunal de ejecución sumarial, que no es más que no respetar ese derecho a la defensa y a la doble instancia judicial”.
Igualmente denunció que el CNE también se convirtió en “otro tribunal de guerra de ejecución sumarial” donde ha usurpado funciones que son propias del Poder Legislativo, que crearon una legislación inexistente de eso de la doble militancia violando las normas establecidas en el artículo 25 y 32 de la Ley de Partidos Políticos que fueron derogadas por el constituyente del año 99.
“El Estado sigue actuando de manera ilícita y delictiva, los recursos de la Sala Constitucional además ha sido desviados, se utilizan como si esto se tratara de justicia ordinaria; no solo el art 49 sino también el art 8 de la Convención de los Derechos Humanos, el cual establece que todo ser humano tiene derecho a ser citado en el juicio, a defenderse, y a demás si la decisión es contraria, a poder apelar y en nuestro caso no es así”.
En otro orden de ideas, recordó que se cumplió un año desde que se instituyó el bono de la república, el bono para los pensionados y jubilados, “en donde hoy en día la gente medio se alimenta, resulta injusto que nuestros adultos mayores se debatan entre comer o comprar medicinas, cuando ese monto de 40.600 bolívares no alcance ni para comprar un hipertensivo”. Concluyó Ávila.
Nota de prensa