La crisis institucional y jurídica producto de la impunidad, la corrupción, la inseguridad, no disminuirá con la creación de la Misión Justicia Socialista, autorizada por la Presidencia de la Republica. Lo que busca el régimen desesperadamente es seguir adoctrinando a los ciudadanos que ven cada vez más lejos el acceso a la justicia, al debido proceso, a los derechos humanos.
Nota de prensa
El diputado de la región capital por Voluntad Popular Rafael Veloz, quién ejerció la presidencia del Colegio de Abogados de Caracas agregó que “si analizamos con atención ese decreto observamos que está fundamentado en seis considerandos, no obstante, ninguno de ellos da a conocer con claridad las razones fácticas o jurídicas que lo inspiran. La función de esta nueva misión tampoco queda clara”.
Las suposiciones abundan. “Si una de sus funciones es asesorar a los ciudadanos y el tema jurídico no se establecen los mecanismos para brindar ese servicio. Tampoco lo vemos en la lucha contra la impunidad. Pero, si en lo ideológico cuando leemos “tiene el supremo compromiso de construir el socialismo” a través de abogados de la Universidad Bolivariana, cuyo pensum en la carrera de derecho no tiene contenidos jurídicos. ¿En dónde quedan los profesionales del derecho egresados de otras universidades?”
Para el parlamentario la crisis institucional y jurídica producto de la impunidad, la corrupción, la inseguridad no disminuirá con decretos como el señalado en esta nota. Lo que busca el régimen desesperadamente es seguir adoctrinando a los ciudadanos que ven cada vez más lejos el acceso a la justicia, al debido proceso, a los derechos humanos.
“Por último, hay que alertar que la alusión al Poder Popular por parte del decreto, no implica que se promueva una verdadera participación ciudadana. Es una mentira más. Es abonar aún más la dependencia del ciudadano al régimen porque el objetivo del decreto es profundizar es la desgastada construcción del socialismo. Ante esta nueva aberración jurídica los profesionales del Derecho, con mayúscula, acompañados de los Colegios de Abogados de todo el país, debemos informar a los ciudadanos de las consecuencias de esta nueva maniobra del régimen para cercenar el acceso a la justicia, la seguridad, la tranquilidad, la paz a que tenemos derecho”.
Quién fue presidente de la Federación Interamericana de Abogados también se refirió a los ilimitados poderes que Maduro tiene a través del estado de excepción, nuevamente prorrogado por sesenta (60) días más a través del Decreto No. 2.742, publicado en GO No. 41.112 del 13-3-2017, cuyos resultados han sido nefastos para la población. “La violencia abonada por el hambre, el desabastecimiento de alimentos y medicinas, los delitos, la corrupción, la impunidad, entre otros elementos se han incrementado, mientras la responsabilidad de Maduro se diluye en cadenas tediosas, concentraciones escuálidas, enfrentamientos con organizaciones mundiales y con mandatarios de otros países. Insisto una vez más que el cambio político que necesita el país para que retorne la democracia y los beneficios que le acompañen, está fundamentado en las elecciones generales que exigen los ciudadanos. Nuestra responsabilidad como dirigentes políticos es concretar el requerimiento de la población”.