Impugnación durará más de un mes y seguirá retrasando elecciones regionales

captahuellas cne validacion

 

El cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la renovación de partidos establece que entre el 26 de mayo y el 26 de junio los electores puedan revisar sus datos y confirmar que la información concuerde con los datos suministrados durante el proceso.





Por Ayatola Núñez / El Nacional

Esta etapa es mucho más larga que el tiempo dado a cada organización para que sus simpatizantes pudieran expresar su voluntad de pertenecer a ellos.

Representantes de las organizaciones que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) advirtieron que esta fase del proceso pudiera convertirse en un nuevo método para retrasar las elecciones regionales y permitirle al Poder Electoral que “rebane los partidos incómodos para el gobierno”.

Juan Carlos Caldera, dirigente de Primero Justicia (PJ), afirmó que es innecesaria esta etapa. “Si tú fuiste, entregaste tu cédula y colocaste tu huella dactilar, ¿cómo vas a decir después que esa no era tu firma o tu huella? Eso sería usurpar la identidad de alguien y es un delito”.

En Acción Democrática (AD) esperan que este periodo del proceso de validación no se use para seguir frenando el deseo que tienen los venezolanos de expresarse en un proceso electoral. “El deber ser estaría circunscrito a que no sea un factor para construir un elemento, que con la argumentación de subsanación de la firmas, prolongue el calendario comicial y acentúe el retraso en la elección de gobiernos regionales y consejos legislativos”, dijo Edgar Zambrano, vicepresidente de AD.

Nulidad del proceso. En cuanto a la posibilidad de solicitar la nulidad del proceso, las toldas opositoras consideran que, aunque no es una opción que se descarta, tampoco ha sido aprobada. “Lo que debe privilegiar la oposición en este momento es que se convoquen las elecciones vencidas. Nosotros no debemos caer ni crear más triquiñuelas ni obstáculos”, dijo Elías Matta, dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT).

Zambrano aclaró que cuando las organizaciones decidieron participar, aunque fuera bajo protesta, estaban conscientes de que cualquier situación podía presentarse. Recordó que al principio se hicieron algunas objeciones que no fueron tomadas en cuenta.

No obstante, afirmó que antes de tomar cualquier medida se debe esperar a que se lleve a cabo todo el proceso para así poder sumar todas las irregularidades. “Lo que está sucediendo es una historia contada y desde un principio los partidos estaban en la libertad de participar o no. Lo que seguimos reclamando son condiciones de igualdad y equidad”, expresó el diputado.

Situación de VP. Al partido Voluntad Popular no lo tomó por sorpresa que el CNE anunciara que los estados Guárico y Delta Amacuro estaban en observación. Juan Guaidó, dirigente de VP, indicó que se trata de una maniobra política contra el partido, más que un recurso legal.

“Parece que es parte de una operación para rebanar nuestra organización. Pareciera que no es la gente, ni los estados, sino una decisión política, como ocurrió con el revocatorio”, señaló.

Además, indicó que se encuentran alertas para hacer frente a cualquier obstáculo que el gobierno cree con el fin de ilegalizar a VP.

PJ preparado. Juan Carlos Caldera informó que luego de observar las irregularidades que se presentaron durante los primeros fines de semana, tomarán las previsiones que sean para optimizar el proceso y así poder alcanzar el mayor número de manifestaciones de voluntad.

Destacó que harán énfasis en el asunto de los tiempos para garantizar la fluidez de la jornada, y que ninguno de sus militantes se quede sin participar.

Además de PJ, para la tercera ronda de esta jornada están llamados a participar las organizaciones Fuerza Liberal, Vanguardia Popular, Unidos para Venezuela, Gente Emergente, Movimiento Republicano y Cuentas Claras. Originalmente estaba previsto que también validara Acción Democrática, pero el CNE accedió a mover la fecha para la semana siguiente.

Vanguardia Popular anunció que no asistirá. En una comunicación enviada al CNE catalogaron el proceso como inconstitucional e ilegal: “Cercena gravemente nuestros derechos políticos y los derechos políticos de todos los ciudadanos”. Denunciaron que la norma extralimita las funciones y competencias del ente comicial e interfiere en asuntos de naturaleza estatutaria de cada partido.

“Lo que está sucediendo es una historia contada y desde un principio los partidos estaban en la libertad de participar o no. Lo que seguimos reclamando son condiciones de igualdad y equidad”