“En Venezuela estamos en presencia de un gobierno que extingue el Estado de Derecho”, aseguró Inti Rodríguez, coordinador de Investigaciones de Provea, en un panel de discusión realizado en la sede de la OEA, en Washington, sobre la situación política y de derechos humanos en el país, en la que participaron también Gonzalo Himiob, director del Foro Penal Venezolano; Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, y Marco Antonio Ponce, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, publica El Nacional.
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Rodríguez indicó que el gobierno de Nicolás Maduro niega las libertades democráticas y se pone por encima de los derechos de la ciudadanía, actúa al margen de la Constitución y levanta un Estado policial apoyado en la militarización de la gestión pública y en la creación de nuevas figuras para extinguir la protesta.
Detalló que hay más pobres que en 1997, lo que es consecuencia de haber dilapidado los recursos millonarios que han ingresado al país por renta petrolera en los últimos años.
“En materia de derechos sociales, el gobierno es una fábrica de pobreza y exclusión”. Señaló que su organización apoya los esfuerzos para activar la Carta Democrática Interamericana. “Es un proceso para el retorno a la democracia. En nada se trata de intervencionismo”.
Gonzalo Himiob destacó que desde 2014 ha habido 6.893 arrestos de índole político. De ese grupo aún se mantienen 115 personas privadas de libertad. Alertó sobre una nueva modalidad, que llamó los presos de propaganda: “Son aquellos perseguidos para apuntalar una narrativa oficial generalmente falsa sobre hechos de trascendencia nacional”. Especificó que el gobierno los utiliza para deslastrarse de su responsabilidad. “Ahora son los panaderos los responsables de la crisis, como antes lo fueron los farmacéuticos o los médicos”.
Afirmó que el proceso penal se está utilizando como fórmula de castigo anticipado. “No es relevante saber si son culpables; lo que interesa es que se sienta el poder del gobierno”. Dijo que hay marcada diferencia en el trato a quienes protestan contra el poder, a los que se les mantiene presos, y a quienes violan los derechos humanos gozan de impunidad.
Mercedes De Freitas centró su atención en la corrupción. Informó que en relación con el Índice de Transparencia, Venezuela está en el último lugar en los países de América Latina. Subrayó que el Tribunal Supremo de Justicia legalizó la opacidad con más de 70 instrumentos jurídicos. Destacó que ha impedido además que se presione a los órganos de justicia para investigar la corrupción.
De Freitas recalcó que en el país es difícil determinar cuáles son los procedimientos, incluso, para solicitar beneficios sociales. Denunció que la Contraloría General de la República viola sus propias reglas: “El contralor tiene allí a 13 familiares en cargos directivos”. Aseguró que los medios públicos se usan para beneficio de un grupo. “En Venezuela no hay información, pero sí mucha propaganda”.
Marcos Ponce alertó sobre la posibilidad de un estallido social. “No es lo que queremos, pero las recurrentes decisiones del gobierno lo que hacen es agudizar la conflictividad”. Ponce declaró que aumentaron los reclamos violentos. Su ONG documentó 850 saqueos en 2016. “El gobierno no responde y los venezolanos se han radicalizado”.
Advirtió que 70% de las protestas que ocurren en el país son por derechos económicos. Aseguró que el pueblo ha tomado la calle sistemáticamente desde 2015 para pedir una solución al tema de alimentación. “Desde hace años los venezolanos están exigiendo al gobierno que cumpla, amparado en su derecho a la protesta”.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, dirigió unas palabras al inicio del evento con las que expresó que en el país hay una dictadura que no ofrece garantías legales a ningún ciudadano. “En Venezuela todos necesitan justicia, verdad; necesitan que su voz sea escuchada”. Advirtió que la OEA debe ser bastión del Sistema Interamericano y de sus valores democráticos. “Debemos estar dispuestos a identificar aquellas medidas tangibles que permitan el restablecimiento del orden constitucional y el camino hacia la democracia en Venezuela”.