Crisis inflacionaria presiona prestación de servicios en Lara

servicios-lara

Entre el pago responsable y el justo goce de los servicios. La opinión pública larense ha criticado los constantes incrementos en las facturas de aseo y agua potable, a lo que las empresas prestadoras han alegado que dichos ajustes resultan del proceso inflacionario venezolano, reseña El Impulso.

Los insumos empleados por las empresas aumentan mes a mes, sumado a que en materia laboral, quizás a una velocidad no tan acelerada, también se amplían las partidas correspondientes a recursos humanos, entre estas la salarial y para el beneficio del ticket de alimentación.

Los apartados correspondientes a inversión y maquinaria, son trastocados, ya que la mayoría de equipos empleados en el proceso cuentan con un alto componente importado, como es el caso de un motor. Con las divisas de por medio, el agregado en sus precios es cada vez mayor.

Al sumar estos elementos, se tiene entonces que los costos de producción aumentan con frecuencia. Pero, ¿se justifica que los incrementos se apliquen cada vez con mayor periodicidad, impactando las finanzas de los usuarios y ampliando los costos de actividades como la industria y comercio?

En cuanto al coste de aseo urbano en Iribarren, Giorgio Reni Casas, presidente de la Cámara de Industriales de Lara, apuntó que si hubiese un servicio más eficiente, con base en las tarifas actuales, no habría malestar, sin embargo, algunos industriales pagan la factura, pero no reciben el servicio. Para atender la deficiencia contratan a un tercero, lo cual incrementa sus costos.

Por su parte Juan Pablo Pérez, directivo de la Cámara de Comercio de Lara, expresó que las deficiencias de la prestación del servicio de la hidrológica perjudican sus procesos, lo que provoca pérdidas.

Advirtió que los sectores demandan un flujo constante de agua, ya que de no ser así se incrementan sus facturas, puesto que el consumo se abastece a través de cisternas, lo que repercute de forma directa en la estructura de costos, valor que se traslada al precio cancelado por el consumidor final.

¿Se justifican los incrementos?

Al respecto, el abogado Julio Pérez Graterol, director de Fundación Universitas y asesor de empresas públicas y privadas, explicó que la regulación actual permite que los precios sean ajustados periódicamente, en la medida en que incrementen los costos.

Esto ocurre por el mismo mandato de la Ley de Precios Justos, Providencia Nº 003 y 070 de la Superintendencia de Precios Justos (Sundde), documentos que permiten que las estructuras de costo se ajusten habitualmente.

Los aumentos, subrayó el abogado, se inscriben dentro de índices macroeconómicos, también distorsionados por la liquidez de dinero inorgánico circulante en el mercado, que presiona a que los pocos bienes y servicios disponibles se muevan entre la masa monetario; por lo que los actuales indicadores son consecuencia de la mala administración pública.

En este sentido, se refirió a las consecuencias del congelamiento en los precios, ya que de no hacer ajustes progresivos, las empresas caen en un proceso de descapitalización continua, lo cual también resulta inconstitucional, incluso por el reconocimiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ya que es un error que los actores económicos vendan a pérdida.

El servicio más caro…

Sobre cómo la calidad en la prestación de los servicios ha afectado los sectores productivos de Lara, Pérez Graterol indicó que “el servicio más costoso es el que no se recibe”. Citó como ejemplo la actual problemática de la gasolina, que se traduce en pérdida de horas hombre de trabajo y otros daños.

A esto agregó que el costo más alto es del servicio eléctrico con el cual no se cuenta, lo que impide activar nuevas líneas de producción.

Al consultarle si los sectores económicos gozan de herramientas para exigir la prestación de un mejor servicio, puesto que esto afecta sus actividades, expresó que la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 2009, prevé mecanismos para solicitar a los prestadores de servicio en incumplimiento, que ajusten sus procesos según lo previsto o lo requerido.

Sin embargo, recordó que numerosos usuarios, personas naturales y jurídicas, han presentado quejas por la mala prestación de servicios públicos nacionales como la electricidad, gas y gasolina, pero estas no han sido tomados en cuenta por los Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a diferencia de los reclamos realizados contra organismos estadales y municipales no oficiales, lo que calificó como “una particular eficiencia”.

La intromisión política en la prestación de los servicios es para los sectores un “angustioso mal”, que les genera improductividad.