Si alguien tenía alguna duda de que Venezuela padece hoy un régimen dictatorial, la reciente sentencia golpista de la Sala “Constitucional” del TSJ la disipó.
Porque, sencillamente, la única verdad es que el TSJ no tiene potestad para despojar a la Asamblea Nacional de sus facultades. Tamaño abuso no aparece en ninguna de las atribuciones constitucionales que le señala el artículo 266, al igual que no aparece por ningún lado la figura del “desacato” que ellos han inventado para acabar con el parlamento venezolano. Todo es una simple superchería.
Lo peor es la manera como resolvieron el impasse, según Maduro: el Poder Ejecutivo le ordenó al TSJ revisar la sentencia y recular en todo lo actuado. Y lo hizo por TV, como para que no quedaran dudas de que aquí no hay división de poderes, sino un régimen totalitario.
Por eso mismo, intentaron acabar con el Poder Legislativo, lo que -aquí y en cualquier parte- constituye un vulgar golpe de Estado. Ya lo venían haciendo por partes. Desde el mismo momento en que los venezolanos elegimos la nueva Asamblea Nacional (AN) en diciembre de 2015, y le dimos la mayoría de sus dos terceras partes a la oposición democrática, el régimen madurista se propuso desconocerla, con la abierta obsecuencia del Tribunal Supremo.
Desde entonces, casi todas las leyes aprobadas por la AN fueron automáticamente declaradas nulas por el TSJ, sin otra razón como no sea la de desconocer al Poder Legislativo y suplantarlo. Por eso mismo cometieron la barbaridad de “recibirle” la Memoria y Cuenta a Maduro, aprobarle créditos presupuestarios y, en definitiva, asumir las competencias legislativas, todo ello en abierta violación de la Carta Magna.
Con estos antecedentes, ningún venezolano informado podía extrañarse de tan criminal acción. Lo digo porque desde hace varios años el país ha retrocedido en todos los órdenes y ya no somos la democracia que fuimos entre 1958 y 1998.
Ahora estamos sometidos a una dictadura postmoderna, si cabe el término, más propia de un mundo globalizado, sin que pueda sustraerse de la observación internacional y sus respectivas presiones. Y porque si bien es cierto que internamente existe la censura y autocensura en la mayoría de los medios de comunicación social, la internet y las redes sociales permiten todavía denunciarla aquí y afuera como lo que es. El mundo entero lo sabe, y el régimen chavomadurista ya no puede seguir ocultando su propia naturaleza dictatorial.
La oprobiosa decisión del tribunal de marras terminó de quitarles la careta de “demócratas” con la que han intentado ocultar su condición de golpistas genéticos. No hay que olvidar, a este respecto, que el chavismo nació de un golpe de Estado el 4 de febrero de 1992, cuyos proyectos de decretos, si hubieran triunfado, configuraban una dictadura militarista y fasciocomunista.
Ya se sabe que en 1998 aquel lobo se disfrazó de inocente oveja para ganar las elecciones. Por supuesto que quienes fueron engañados sabían que aquellos eran una cáfila de golpistas redomados. Pero la hipocresía del candidato felón (que negó entonces ser socialista; calificó a Cuba como una dictadura; y se comprometió a respetar la democracia, la propiedad privada y el pluralismo) llevó a muchos ingenuos a apoyarlo. Ya sabemos que aquellas promesas eran puras mentiras y que luego en el poder hizo todo lo contrario de lo que ofreció al país entonces.
Estamos, pues, ante un régimen de facto, que actúa al margen de la Constitución y del Estado de Derecho, ante lo cual el pueblo venezolano debería hacer uso del artículo 350 de la Constitución, que lo autoriza a desconocer “cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. Claro: esta es la letra, pero hay que ponerle música. “Y ahí está el detalle”, como decía Cantinflas.
Por de pronto, ahora que la dictadura está atorada, la señora Fiscal General de la República, una vez que hizo la denuncia “de la ruptura del hilo constitucional” por parte del TSJ, deberá adelantar el enjuiciamiento de sus miembros, a fin de condenarlos por su actuación violatoria de la Constitución.
Y la Asamblea Nacional deberá, ya, “declarar la nulidad de las designaciones de los magistrados express, exigir la liberación de los presos políticos, destituir a todos los miembros de la Sala Constitucional y desautorizar uno a uno los actos írritos que decretó el ejecutivo sin someterlos a su control”, tal como lo ha propuesto el constitucionalista Tulio Álvarez.
Ahora más que nunca.
@gehardcartay