Rafael Piña Pérez: Sentencias gansteriles

Rafael Piña Pérez: Sentencias gansteriles

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Las sentencias del mal llamado Tribunal Supremo de justicia desde que se instaló la Asamblea Nacional electa por más de 14 millones de venezolanos, ha venido desconociendo  sus resoluciones alegando desacato del poder originario del pueblo. Los únicos poderes originarios son los de elección directaes la del Presidente de la República y los diputados del cuerpo que por constitución le corresponde formular y aprobar las Leyes de la Nación. Los demás poderes nacionales son designados por el poder originario. ¿El poder originario desacata el poder designado en segundo grado como el TSJ?. El supuesto desacato es atribuido por el TSJ al hecho de que la AN no había desincorporado a tres diputados indígenas que en sentencia malintencionada y politiquera desconoció la representación del Edo Amazonas. La AN desincorpora a los diputados indígenas, acatando la petición del TSJ y sin embargo este sigue tildando de desacato al poder originario. Es la violación sistemática del Estado de derecho que constitucionalmente le corresponde acatar al máximo tribunal, pero viene haciendo lo contrario, malinterpretando la constitución y modificando leyes que no le corresponde.

    Las sentencias 155 y 156 del TSJ asumiendo todas las competencias de la AN y anulando la inmunidad parlamentaria, es sin duda un golpe de Estado a la constitución y a la Democracia. Es una ruptura del orden constitucional que se viene dando progresivamente desde que se instaló la AN electa en Diciembre de 2015.  Estas sentencias que remata la anulación de la AN han recorrido al mundo,  causando revuelo universal por tan descarado exabrupto de un golpe de Estado continuado a la constitución. Afortunadamente la Fiscal general de la República Luisa Ortega Díaz tuvo la valentía de denunciar esta ruptura constitucional que demostró como garante del Estado de Derecho.  La Fiscal no emitió una simple opinión como lo pretende hacer ver el defensor del gobierno llamado defensor del pueblo, es su deber ante este arrebato inconstitucional. Si creo que la Fiscal Ortega Díaz debe continuar con la acusación formal a los magistrados de la Sala Constitucional, de no hacerlo se convertiría en cómplice de la ruptura del hilo constitucional.





    En una desesperada reunión del consejo de defensa Nacional, sin la asistencia de la fiscal general y del presidente de la AN, se solicita al TSJ la revisión de las sentencias en cuestión, lo cual es improcedente constitucionalmente hablando. Las sentencias del TSJ son inapelables. El Presidente del Consejo moral Republicano en una exposición rebuscada pretende demostrar que hay separación de poderes con la controversia entre la Fiscalía y el TSJ (impasse según Maduro). Está demostrando lo contrario. Ya el delito lo cometió la sala constitucional y merecen sus integrantes ser destituidos y  enjuiciados. Es el descaro del abuso del poder para proteger el gansterismo que se ha apoderado del Estado venezolano con la ineptitud y el latrocinio más despiadado que haya tenido la República.

     Agotaron con despilfarro y robo las reservas internacionales de un país petrolero como el nuestro, hoy no tenemos divisas suficientes para atender las importaciones de alimentos,  medicinas e insumos de la producción. Descuidaron el mantenimiento de la infraestructura de servicios en educación, salud, sistema hidráulico y eléctrico. Estas atrocidades han devenido en la disminución de la producción nacional que se agrega a la disminución de las importaciones, generándose la escasez y la inflación más alta del mundo. Este régimen está en fase terminal. Los gánsteres que han acumulado riqueza fácil empobreciendo al pueblo están desesperados por mantenerse en el poder, pero ningún poder es eterno. Como dice un pensamiento: el poder tiende a corromper, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. La Nación está viviendo las consecuencias del poder absoluto que está demostrando cada vez el régimen. Cada vez sus actuaciones acumulan argumentos para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que no es injerencia sino solicitud del rescate de la Democracia arrebatada por este régimen gansteril.  g