No fue la semana pasada cuando se consumó un golpe de estado en Venezuela. Las ya famosas sentencias 155 y 156 de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia constituyen la continuidad, grotesca sin duda, de un golpe que se inició inmediatamente conocidos los resultados de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015. Ese mismo mes la Asamblea saliente designó, sin cumplir con los parámetros constitucionales, a unos magistrados que prometieron incondicionalidad al PSUV y al gobierno, sin importarles matar la Constitución y la justicia. Y terminando ese mes, la Sala Electoral del TSJ dejó sin efecto la elección de tres diputados de Amazonas, rompiendo así la mayoría calificada que había logrado la unidad democrática con el apoyo del pueblo.
Estos hechos configuran el inicio de un golpe de estado que ha continuado durante los años 2016 y lo que va de 2017. ¿Cómo puede hablarse de estado de derecho y respeto a la separación de poderes cuando desde la Sala Constitucional se anulan todas las leyes que sanciona la Asamblea, se le impide el ejercicio de su función contralora y se le niega su atribución de designar los poderes públicos que no son de elección popular? ¿No ha sido un golpe que esa sala reciba, considere y apruebe el presupuesto de la nación que es ley y el informe de gestión del presidente de la república, ambas competencias de la Asamblea? ¿No es una ruptura del orden democrático que la misma sala seleccione rectores del Consejo Nacional Electoral despojando al poder legislativo de esa atribución? ¿Cómo se explica que ese tribunal anuncie que todas las decisiones de la asamblea son nulas a futuro?
Todo esto es una demostración de que este gobierno decidió romper con el orden democrático con el único objetivo de mantenerse en el poder, sin hacer elecciones y desconociendo al poder legislativo electo por los ciudadanos. Lo que hacen las sentencias aludidas es mostrar sin rubor alguno ese golpe de estado continuado. En ellas se acaba con la inmunidad parlamentaria, se autoriza al ejecutivo a constituir empresas mixtas para explotar minas e hidrocarburos sin la autorización de la Asamblea, se habilita al presidente para legislar en materias sensibles y se atribuye la sala las competencias de la Asamblea Nacional. Todo esto lo venían haciendo desde esos poderes controlados por el ejecutivo. El escándalo fue formalizarlo a través de esas sentencias.
No dudo en calificar como conmoción mundial lo ocurrido al enterarse el planeta de lo que ocurría en Venezuela. La comunidad internacional calificó como golpe de estado lo sucedido y la Fiscal General de la República denunció la ruptura del orden constitucional y el quebrantamiento de la forma de estado contemplado en la Carta Magna. Inmediatamente el señor Maduro asumió una hipócrita actitud de mediador, expresando que él no sabía nada acerca de esas sentencias y abogando por la separación de poderes. De esta manera el poder mantiene la mentira y el irrespeto a los venezolanos como política.
Lo que viene después refleja el reconocimiento del golpe: la convocatoria de un Consejo de Seguridad para asumir atribuciones que no le competen y la “exhortación” a la sala constitucional de revisar las sentencias, lo cual ésta hace de forma parcial y antijurídica, sin resolver el problema de fondo.
En conclusión, el presidente Maduro dio un golpe de estado a través de la SC del TSJ. Mientras la Asamblea siga sin poder incorporar a todos sus diputados y sin poder ejercer sus atribuciones legislativas, contraloras y de designación de los poderes públicos, el golpe sigue vigente. Y aunque se logre ese reconocimiento a la Asamblea, quienes dieron el golpe, deben ser destituidos, juzgados y sancionados penalmente. Deben nombrarse nuevos funcionarios a través de los procedimientos establecidos en la Constitución y debe llamarse a elecciones como lo establece esa carta fundamental. Mientras eso no pase, esto sigue siendo una dictadura