Tal como le sucede a un estafador descubierto, nadie le cree ya nada ni a Maduro ni a su entorno, y cada movimiento que hace para parar su caída solo la acelera. Tuvo la gran oportunidad de reinventar su gobierno y al chavismo reconociendo el aplastante triunfo de la oposición en las elecciones legislativas del 6 de Diciembre del 2015 formando un gobierno de Unidad Nacional que revirtiera las mismas políticas fallidas que acabaran con la Unión Soviética. No lo hizo, por dogmatismo y porque las violaciones de derechos humanos y el narcotráfico ya no permitían un regreso a la independencia de los poderes del Estado, y prefirió la huida hacia “la radicalización de la revolución” y la imposición de una dictadura represiva como única manera de aferrarse al poder en un país que Chávez y el han arruinado.
Arrinconado y paralizado ante la caída del petróleo y el cierre del crédito internacional, ha mantenido secuestrados a 30 millones de venezolanos durante más de cuatro años y prolongado la agonía de su régimen y la destrucción del país, comiéndose las dos terceras partes de las reservas liquidas del Banco Central y vendiendo buena parte del oro a la espera de un repunte del petróleo o de otro milagro que no se produjo. Hoy tres millones de venezolanos buscan su alimento escarbando en la basura, y en las farmacias y en los hospitales falta el 90% de las medicinas.
Entre Agosto y Diciembre de 2016 Maduro y su nomenclatura procedieron entonces a sabotear la organización del referendo revocatorio que la Constitución permitía en el curso de su cuarto año de gobierno, y que obligaba a una nueva elección presidencial, que sabía que perdería, armando con UNASUR y el ex Presidente Zapatero un “Dialogo” diseñado para embaucar al país, en complicidad con las cuatro (de cinco) rectoras oficialistas del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia que también controla. Logró así que concluyera ese cuarto año sin que se celebrara el referendo revocatorio mencionado, y hoy piensa que su red de complicidades le asegura el poder indefinidamente.
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La resolución 1078 tiene como primer merito terminar de una vez por todas con el diálogo de Maduro y Zapatero y regresar el tratamiento multilateral de la crisis de gobernabilidad de Venezuela a la OEA, dentro del marco de la Carta Democrática, de donde nunca ha debido salir. La brevedad del texto permite reproducir “in toto” el último párrafo del preámbulo y toda la parte dispositiva:
“EXPRESANDO su profunda preocupación por la alteración inconstitucional del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela y nuestro apoyo continuo al diálogo y la negociación para dar lugar a una restauración pacífica del orden democrático,
DECLARA que:
- Las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela de suspender los poderes de la Asamblea Nacional y de arrogárselos a sí mismo son incompatibles con la práctica democrática y constituyen una violación del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. A pesar de la reciente revisión de algunos elementos de dichas decisiones, es esencial que el Gobierno de Venezuela asegure la plena restauración del orden democrático.
RESUELVE:
- Urgir al Gobierno de Venezuela a actuar para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional.
- Mantenerse dispuesto a apoyar las medidas que permitan el retorno al orden democrático a través del ejercicio efectivo de la democracia y el estado de derecho en el marco constitucional de Venezuela.
- Seguir ocupándose de la situación en Venezuela y emprender, en la medida que sea necesario, gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, incluyendo la convocatoria de una reunión de nivel ministerial.”
El proceso de su aprobación del lunes 3 de Abril, transmitido en directo por la OEA, (Ver el video de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente del 3 de Abril https://www.youtube.com/watch?v=DqbYnbXGxeY) demuestra que el régimen profundiza su negación de la realidad y que ya no tiene argumentos ante los demoledores informes del Secretario General Luis Almagro y la crucial declaración de la Fiscal General Luisa Ortega, que de hecho y de iure legitima la activación del artículo 350 de la Constitución. La “corrección” de las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia no tuvo reconocimiento atenuante alguno en la resolución.
La negociación del texto que terminó aprobándose fue conducida de manera magistral por los países patrocinantes de la resolución, distinguiéndose, entre otros, el representante permanente de Mexico. La resolución fue aprobada por consenso (otros dicen que “por mayoría”), pero en todo caso sin voto, lo que permitió que un gran número de países se le pudiera unir y resistir las presiones del gobierno bolivariano. Hubo, si, declaraciones de “abstención” de Belice, Bahamas, Republica Dominicana y El Salvador, de “rechazo” de Bolivia y Nicaragua, y la ausencia de la delegación de Venezuela, que se retiró afirmando que era una reunión “ilegal”. (Lo que había sido no solo ilegal sino ultrajante fue la suspensión por Bolivia, nuevo Presidente del Consejo Permanente por tres meses del 1.4. al 30.6., de una reunión extraordinaria del Consejo Permanente solicitada por 20 países miembros).
Al aceptar el Consejo Permanente de la OEA la aprobación del texto por consenso, todos los demás estados miembros que no se distanciaron de manera expresa de la resolución 1078 en el momento de su aprobación (que serían 34 menos 7, es decir 27, 3 más que los 2/3, que son 24), aceptan la existencia de la “alteración inconstitucional del orden constitucional de Venezuela” , y que también hay un culpable de esa “profunda preocupación” , el cual es mencionado con nombre y apellido en la parte dispositiva de la resolución, cuando en el artículo dispositivo 1 resuelve “Urgir al Gobierno de Venezuela a actuar para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional.”
7 países miembros, como se ha dicho, se distanciaron de la resolución 1078, 3 oponiéndose expresando su opinión, y 4 absteniéndose, también explicando su posición en intervenciones cortas. Estos 7 países sabían que no podían imponer una votación a una mayoría que quería la aprobación por consenso, por la simple razón de que le evitaba a muchos países del Caribe, todos democráticos y de acuerdo sobre el fondo de la resolución, tener que votar “abstención” o hasta “no” por las presiones del gobierno bolivariano de Venezuela.
Es claro que ninguno de los 7 países que se distanciaron de la resolución 1078 podría llegar a integrar un eventual grupo de contacto que llevaría adelante algún proceso de diálogo y negociación, que igual se deberá limitar al cumplimiento de los cuatro acuerdos concretos descritos en la carta del Cardenal Parolin del 1 de Diciembre pasado al gobierno: liberación de todos los presos políticos, apertura inmediata del canal de ayuda humanitaria, elecciones generales este año, y respeto de las competencias y atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional.
No hay lugar a otra interpretación, el gobierno bolivariano de Venezuela ha sido pronunciado culpable de haber alterado su propio orden constitucional, y a repararlo restaurando la plena autoridad de la Asamblea Nacional y garantizando la separación e independencia de los poderes constitucionales. Aunque dicho esfuerzo de restauración compete de manera exclusiva al gobierno bolivariano, puede inferirse del último párrafo que los medios para lograr esa reparación podrían incluir, de ser necesario, “nuestro apoyo continuo al dialogo y la negociación para dar lugar a una restauración pacifica del orden democrático”:
EXPRESANDO su profunda preocupación por la alteración inconstitucional del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela y nuestro apoyo continuo al diálogo y la negociación para dar lugar a una restauración pacífica del orden democrático.
Esta última aclaratoria seguramente contribuyó a la aprobación del texto por consenso, consenso que también le otorga una fuerza mayor que permitirá más adelante la adhesión activa de algunos países que en esta ocasión jugaron un papel más bien discreto. Debe subrayarse también que la resolución 1078 siempre deberá ser leída y entendida en conjunción con los dos informes del Secretario-General Almagro sobre Venezuela, que dan cuenta en detalle de los hechos que sustancian la gravedad de la alteración del orden democrático.
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En efecto, una vez aprobada la resolución sustantiva de origen que nos ocupa, la 1078, serán los actos de la Asamblea Nacional y los otros desarrollos en Venezuela los que determinarán el curso a seguir en la OEA. Habiendo resuelto el fondo político y legal de la controversia (identificación del culpable, daño causado, responsabilidad de repararlo y manera de hacerlo), parece claro que la mayoría requerida de 2/3 – 24 votos sobre 34 países miembros – debería lograrse sin mayor contratiempo de ahora en adelante, sobre todo si la crisis y la consiguiente situación de ingobernabilidad de Venezuela continúa agravándose, como lamentablemente parece que será el caso, y que la urgencia de encontrar una solución se haga cada vez más aguda. La resolución 1078, y también su cumplimiento, es un compromiso asumido válidamente por todos los estados miembros de la organización, y – una verdad de Perogrullo – los obliga por igual a todos.
Como se ha mencionado más arriba, dos factores, la dimensión de la catástrofe humanitaria y lo avanzado del indetenible (para este gobierno) proceso de destrucción económica y social, hacen que deban lograrse urgentemente los correctivos políticos de las causas profundas de nuestra crisis, y restablecer así nuestra gobernabilidad democrática y, en definitiva, nuestra viabilidad como nación.
Sin embargo, es la primera vez que la OEA activa la Carta Democrática Interamericana por la pérdida de la legitimidad de desempeño de un gobierno electo democráticamente, pero que desde el poder no solamente pretende eternizarse en él, sino también imponer un sistema totalitario. A estas alturas, cuando se persigue parar lo más prontamente posible la destrucción y el sufrimiento de Venezuela, se deberá desarrollar una estrategia de presión incremental acelerada sobre el gobierno, con penalidades y también incentivos.
Están dadas las condiciones para una aplicación exitosa de la Carta Democrática, si el régimen logra recuperar un relacionamiento sano con la realidad, es decir, su aceptación de que ha perdido la legitimidad para seguir en el poder, que ya la represión y el uso de la fuerza solo aceleran su salida, y que debe permitir las elecciones generales si quiere seguir siendo parte del paisaje político venezolano.
Por otro lado, los países miembros de la OEA han dado un paso del cual no hay retorno. Está en juego su credibilidad como firmantes de la Carta Democrática. Si se descubriere que es letra muerta la región correría el riesgo de una nueva era de autoritarismo, violencia y retroceso. Mexico se enfrenta a un peligroso resurgimiento de las ambiciones de Lopez Obrador y ya se ve en el espejo de Venezuela, y no es el único gobierno democrático de la región que prefiere prevenir a tener que lamentar.
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La organización del proceso de diálogo y negociación, que no debería tomar más de dos semanas una vez que lo solicite el gobierno, en la práctica se limitará a informar sobre cuándo y cómo va a cumplir con los cuatro puntos a los que se comprometió ante UNASUR y el Vaticano. Quizás implique la conformación de un “grupo de contacto” pero ciertamente no de “una mesa de diálogo”. Seguramente agotaría sus posibilidades prontamente, visto que se trata de cumplir con acuerdos y no de una negociación que comienza de cero, y que es ahora la ira de la gente la que motoriza el cambio de gobierno y de sistema político aprovechando la total deslegitimación del régimen, que hoy se muestra desnudo en toda su irracionalidad y crueldad, arrinconado y paralizado por sus divisiones internas. ¿Saldrá a patadas, echado por la gente en la calle, quizás ayudado por una sugerencia difícil de rechazar de la Fuerza Armada, o por la puerta grande, permitiendo la elección general?
La presión incremental no debería tener limite hacia arriba, excepto el de que no se utilizará la fuerza, como ya lo establece la resolución, y el que no se someterá a sanciones a una nación entera ya en ruinas, sino a la nomenclatura corrupta que impide el cambio. La desafiante tozudez del régimen no le ha dejado alternativa a los estados miembros de la OEA.
A nadie escapa tampoco el hecho de que Venezuela es un país demasiado grande y demasiado rico para dejarlo morir en manos del crimen organizado y que se convierta en una permanente amenaza para toda la región. La larga agonía de este sistema político está a punto de concluir, pacíficamente o de manera sangrienta. Los que construyan esa salida pacífica se ganarán el agradecimiento de todos los venezolanos y se cubrirán de gloria, aunque no hayan sido unos santos en el pasado. Quienes tratan de impedirlas siempre han terminado mal. Siempre.