La Justicia de Argentina descartó hoy que el presidente Mauricio Macri cometiera un delito de lavado de activos en el marco de la investigación sobre su supuesta participación en sociedades en paraísos fiscales después de que apareciera su nombre en los llamados papeles de Panamá, reseña EFE.
En una resolución publicada en la página web del Centro de Información Judicial, el juzgado en lo Criminal y Correccional Federal a cargo del magistrado Sebastián Casanello declaró este lunes su incompetencia para continuar investigando si el jefe de Estado “omitió maliciosamente” su participación en dos empresas en sus declaraciones juradas de bienes y activos.
La filtración periodística de documentos del gabinete de abogados panameños Mossack Fonseca, denominados papeles de Panamá, reveló en abril de 2016 que el jefe de Estado figuraba, según esos papeles, como miembro directivo de Kagemusha, inscrita en Panamá, y Fleg Trading Ltd, registrada en Bahamas.
Tras la filtración, que relaciona a políticos y empresarios de todo el mundo con empresas opacas en paraísos fiscales, un diputado opositor del kirchnerista Frente para la Victoria presentó una denuncia a la que hizo lugar el fiscal Federico Delgado.
En ese momento, la Presidencia aclaró que Fleg Trading fue creada por el padre del jefe de Estado, el empresario Franco Macri, para realizar una inversión en Brasil que finalmente no se llevó a cabo.
Por su parte, el jefe de Estado explicó entonces que las empresas nunca tuvieron movimientos, que su inscripción como directivo fue algo meramente formal, a petición de su padre, y que todos sus bienes siempre estuvieron declarados ante el Fisco argentino.
El juzgado remarcó hoy que, tal y como reveló la Unidad de Información Financiera (UIF), Fleg Trading había sido dada de baja del registro de Bahamas por falta de mantenimiento desde el año 2008 y que Kagemusha fue disuelta por haber tenido morosidad de diez años consecutivos en el año 2006.
En ese sentido, hizo hincapié en que este organismo no vio “actos concretos que puedan tener virtualidad para configurar la hipótesis prevista en el artículo 303 del Código Penal de la Nación (lavado de activos)”.
Asimismo, el tribunal consideró que los exhortos emitidos a la Justicia de Bahamas, Panamá, Brasil y Uruguay en el marco de la causa no aportaron “ningún dato relevante”, ya que “no se hallaron pruebas vinculadas con transacciones sospechosas, ni cuentas o movimientos bancarios de dudosa procedencia”.
“Al haber descartado la hipótesis de lavado de activos”, el fuero federal consideró pertinente declarar su incompetencia para seguir interviniendo y remitió la parte de la causa que investiga la presunta “omisión maliciosa” cometida por Macri a un juzgado de instrucción para que estudie “un posible remanente impositivo”.
El juez también se declaró incompetente para determinar, según pidió Delgado, si la “vida social” de las empresas supuso alguna infracción penal y, en ese caso, si el presidente argentino “tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento societal”.
En esta línea, pidió “extraer testimonios de las partes pertinentes” y remitirlos a Cámara en lo Penal Económico para que sea esta la que establezca el juzgado que debe investigar la documentación que afecta a la otra parte de la causa.
Con todo, Casanello apuntó que en relación a lo se conoce como “Los papeles de Panamá”, ahora sólo queda esperar las conclusiones a que podría llegar el Fisco argentino en función de las investigaciones que puso en marcha para saber si se cometió alguna otra irregularidad tributaria.
A comienzos de febrero, Delgado transmitió al juez en un dictamen la “necesidad” de esclarecer los hechos “en forma urgente” debido a la “trascendencia institucional” de la causa.
El fiscal destacó entonces que el avance de la investigación “escapa a la capacidad del sistema judicial”, ya que hay pruebas “que debe conseguir el Poder Ejecutivo”, a través de la Cancillería -mediante exhortos a otros países- y la UFI.
A mediados de febrero pasado, en un encuentro con medios españoles, Macri aseguró que las causas judiciales en las que aparece implicado están basadas en denuncias en las que “no hay nada real”.
“Más allá de que hagan denuncias todos los días, en ninguna hay nada real (…) Son cuestiones virtuales, no hay hechos concretos, no hay hechos consumados que acrediten lo que se denuncia”, aseveró el mandatario. EFE