El Cogollo Rojo desde antes del 6D con la pérdida del favor popular le dio rienda suelta a la ilegalidad, arbitrariedad e inconstitucionalidad. La pérdida de las elecciones parlamentarias los llevó del abuso al desarrollo de acciones delictivas.
En una crónica podemos citar la suspensión de los diputados de Amazonas: Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana; sin ningún respeto por su prerrogativas después de ser proclamados, los suspendieron de sus funciones desde el TSJ con una espuria medida cautelar.
Liquidaron el Referendo Revocatorio a través de tribunales regionales que no son competentes en la materia, secuestrándoles a los venezolanos su derecho político de someter a consulta al Presidente. Formaron una Mesa de Dialogo, para luego burlarse de los acuerdos, colocando en la picota a la representación del Vaticano, UNASUR y 3 expresidentes.
La Contraloría es utilizada como Tribunal de Inquisición para inhabilitar dirigentes, de acuerdo a los intereses casuísticos del Gobierno. El TSJ ha sido utilizado políticamente, sin ningún tipo de límites, emitiendo 58 sentencias contra la Asamblea Nacional, llegando al descaro de ratificar a las rectoras del CNE con el período vencido. En marzo rompieron su propio record de tropelías emitiendo 2 sentencias: una limitando la inmunidad parlamentaria, desconociendo 300 años de vida republicana; y la otra usurpando funciones de absoluta competencia de la AN.
Con la ruptura del orden constitucional, de un descarado Golpe de Estado que provocó la condena del mundo civilizado y la indignación de los venezolanos. La detención de Gilber Caro es la mayor demostración de lo que son capaces de hacer. Todo esto y otras cosas han ocurrido en Venezuela desde diciembre de 2015 hasta la actualidad.
Algunos prisioneros del escepticismo y la desesperanza aprendida, afirman: ¡Aquí no pasa nada! Están equivocados ha pasado de todo y pasaran muchas cosas. La Fiscal General de la República, sorprendió a todos condenando la ruptura del orden constitucional. La OEA avanza con paso firme hacia la aplicación de la Carta Democrática. En las Fuerzas Armadas han enviado a 300 oficiales activos para su casa por no ser confiables para el Gobierno. El hijo del Defensor del Pueblo lo emplaza públicamente a enfrentar la represión.
Aunado a toda esta crónica delictiva, la respuesta del Gobierno a la protesta ha sido brutal: 29 muertos, 1500 detenidos, decenas de heridos y desaparecidos. Le dieron licencia a los Colectivos para asaltar viviendas, perseguir, torturar y matar. Estas acciones bandalicas aumentan con el acompañamiento de mercenarios cubanos y colombianos.
Esta crónica delictiva es prácticamente un parte de guerra. Seguimos en la calle reclamando democracia y libertad. ¡Venezuela no se rinde!
@joseluispirelar
Diputado a la Asamblea Nacional por San Francisco-Zulia