Denuncian que juez priva de libertad a jóvenes por vestir prendas de Voluntad Popular

Voluntad Popular Anzoategui
Dirigentes de Voluntad Popular Anzoátegui

 

Durante la audiencia de presentación de tres jóvenes imputados luego de los sucesos acaecidos en el Distribuidor Fabricio Ojeda de Barcelona, juez que lleva la causa decidió privarlos de libertad por el delito de “vestir prendes de Voluntad Popular”, así lo informó la abogada, Alejandra Olivares, integrante del equipo de VP-Gremios y defensora de los detenidos.

Nota de prensa

“El pasado 21 de abril se llevó adelante la audiencia, en ella el fiscal imputó a tres jóvenes por los delitos de instigación a delinquir y ostentación de material incendiario, justificando ambos aspecto por el hecho que portaban prendas de un partido político, en este caso de Voluntad Popular”.

Olivares señaló que los abogados defensores se opusieron a los argumentos de la Fiscalía y denunciaron la nulidad de la actuación policial y la violación de los procedimientos.

Sin embargo, la juez aceptó los planteamientos de la Fiscalía y no sólo aprobó solicitud del representante de la vindicta pública sobre una medida cautelar de presentación, sino que “se sacó un as debajo de la manga y solicitó dos fiadores por cada joven”.

La jurista, integrante del equipo de Voluntad Popular Gremios en Anzoátegui, deshiló el procedimiento policial y los argumentos del fiscal y señaló que las acciones estuvieron enmarcadas por la injusticia.

“No se puede estar callado ante la injusticia, y este procedimiento fue injusto y viciado. Estamos en presencia no sólo de la violación del debido proceso sino a la alteración de los principios bases del derecho”, afirmó.

Precisó que según la actuación registrada en el acta policial de aprehensión no se determinó participación alguna en actos que conllevaran a la consecución de un delito por parte de los tres jóvenes presos, “solo habla que llevaban camisas de Voluntad Popular, como si portar ropa alusiva a un movimiento de orden político fuese un crimen”.

“De acuerdo con los informes policiales no se le incautó objeto incendiario alguno, y no se describe la actuación de los señalados en ningún acto que pudiera ser interpretado como instigación a delinquir, por ende, en este momentos estamos en presencia de una privación ilegítima de la libertad”, explicó la jurisconsulto.

Frente a estos vicios legales, el grupo de abogado de VP-Gremios decidió apelar el caso, para seguir defendiendo “la verdad y el derecho ciudadano a la libre protesta”.

Del dicho al hecho

María Alejandra Malaver, coordinadora regional de VP-Gremios, exhortó a la Fiscal General de la República que pase “del dicho al hecho” en el marco de la realidad política de la nación.

“No sólo se debe hablar que hubo una ruptura del orden constitucional, sino que debe actuar al respecto y defender la Constitución; no sólo debe denunciar que se ha violado el debido proceso sino evitar que los fiscales del Ministerio Público se hagan cómplices de procedimiento írritos e ilegales”, sentenció.

Malaver, integrante del Colegio Nacional de Ingenieros a nivel nacional, precisó que el comportamiento profesional de cada individuo debe estar regido por la ética y la responsabilidad. Llamó a los fiscales a actuar bajo el imperio de la Ley y de sus consciencias.