Continuamente surgen nuevas versiones sobre los 14 fallecidos en la masacre del Centro Penitenciario Agroproductivo José Antonio Anzoátegui, mejor conocido como cárcel de Puente Ayala. Familiares de los presos permanecen en las instalaciones del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forense (Senamecf), pues el hermetismo de las autoridades ha entorpecido la identificación rápida y oportuna de las víctimas.
Nota de prensa
Tal es el caso de Héctor La Rosa, quién en primera instancia lo identificaron como fallecido, pero posteriormente se conoció que fue confundido con otro reo que responde al nombre de Cebeyler Levery Sanguino Rosales (37) y quien oriundo de la ciudad de Caracas. La información fue confirmada por Carlis Aponte, concubina del fallecido, quien además informó que el hombre murió a causa de una fractura de cráneo y múltiples heridas por arma blanca en medio de la reyerta.
Otro de los reos confundidos fue Brian Arciniegas (21), quien era oriundo de El Tigre y aparentemente fue asfixiado durante la reyerta. Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), destacó que se mantendrán en alerta junto a los familiares de las víctimas para garantizar su plena identificación.
“No queremos que se repita la historia de la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), donde aún hay madres que no han podido darle cristiana sepultura a sus hijos porque están desaparecidos. El Gobierno ha demostrado ser totalmente incompetente en cuanto al manejo de crisis en materia penitenciaria y en vez de ayudar a los familiares, para aliviar su dolor y evitar más violencia, por el contrario ocultan la verdad. Todos sabemos lo que realmente ocurre dentro de las cárceles ¿Qué ganan con ocultarlo o culpar a otros?”, sentenció Prado.
Según trascendió en los medios de comunicación, la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, aseguró que al menos 15 personas fueron manipuladas por la oposición para “desestabilizar el control en el penal y atentar contra la gestión del Gobierno Nacional. Les ofrecieron 50 mil dólares a privados de libertad para realizar las acciones vandálicas en esta cárcel”.
Tal como informó Prado con anterioridad, en la masacre de Puente Ayala resultaron fallecidos 14 reclusos, mientras que otros 14 se debaten entre la vida y la muerte. Según relató el defensor de los derechos humanos, un grupo de reclusos intentó tomar el control del área de talleres, la cual estaba liderada por un peligroso pran que cayó abatido durante la reyerta.
La muerte de este líder negativo y varios de sus luceros prendió las alarmas para que gran parte de la población penal, conformada por al menos 5.500 hombres, se defendiera a tiro limpio contra la banda que pretendía tomar el control, pues sus integrantes no eran bien vistos.
En tanto, familiares de los presos indicaron que esta banda intentó tomar el control del penal porque desde el año 2016, cuando fueron aprehendidos durante un procedimiento realizado por la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) en Caracas, dormían en carpas y tenían restringido el acceso a muchas áreas del penal. Finalmente, no lograron sus objetivos y cinco de estos sujetos también fueron abatidos.
Movilización por los presos políticos
Este viernes los parlamentarios de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) irán a todas las cárceles donde haya presos políticos para exigir su libertad, especialmente hasta Ramo Verde, donde el dirigente Leopoldo López cumple una condena de casi 14 años.
En tanto, el Foro Penal Venezolano informó desde el inicio de las manifestaciones se han producido 1,365 arrestos y que 777 de esos detenidos aún se encuentran tras las rejas. Asimismo, destacó que de los 1,365 detenidos, 97 de ellos fueron liberados con medidas cautelares, otras 451 quedaron en libertad sin presentación, y otros obtuvieron libertad plena.
Entre los detenidos, se conoció que hay 305 a la espera de fiadores (pagadores de la fianza), 418 detenidos a la espera de presentación y 54 fueron privados de libertad por decisión judicial. “Es una situación realmente preocupante, considerando las cifras de hacinamiento que registran los calabozos policiales y a las condiciones de insalubridad y desidia a las que serán sometidos los detenidos en protestas. También preocupa que sean trasladados a recintos penitenciarios, tales como Tocorón, pues resulta evidente que en Venezuela el Gobierno no garantiza el derecho a la vida”, puntualizó Prado.