La Asamblea Nacional debatió este martes la situación de Golpe de Estado continuado y sus implicaciones, con sectores representativos de la Sociedad Civil.
En efecto, diferentes líderes de diversas ONGs tomaron la palabra y participaron en la plenaria de este #9May.
Sin embargo, antes del desarrollo del segundo punto del día, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se pronunció al respecto de la crisis social y humanitaria que actualmente se vive en el país.
“Pretender salir de la OEA en base a una supuesta injerencia es una cortina de humo para cortar el hecho de que el gobierno venezolano se ha desapartado completamente de la democracia (…) A través de la constituyente quieren consolidar de una manera constitucional los poderes dictatoriales que se han venido presentando en los últimos momentos”, fueron partes de las declaraciones de Almagro.
Alfredo Romero, representante de la Organización “Foro Penal”, precisó que la represión del Estado ha aumentado de manera cuantitativa. En efecto, hasta el momento se contabilizan 1991 arrestos por protestas de los cuales 653 se encuentran detenidos y 404 están bajo fianza.
“Las detenciones son generalizadas y se detiene de manera arbitraria a cualquiera que se encuentre cerca de una manifestación (…) 118 personas han sido presentadas ante tribunales militares y 73 fueron privados de libertad”, dijo.
Seguido de esto, Rafael Uzcátegui, representante de “Provea”, señaló que actualmente se encargan de la documentación de la actuación de los civiles armados (paramilitares) durante las manifestaciones.
“Denunciamos ese plan Zamora, claramente es una política para anular que los venezolanos protesten libremente (…) Esos grupos de civiles armados buscan frenar la protesta y difundir el terror en la población”, explicó.
Lexis Rondón, representante de “Laboratorio de Paz”, enfatizó que este régimen viola y no garantiza los Derechos Humanos de todos los venezolanos y ante las protestas, el Estado remarca su política de represión.
“A pesar del impedimento a la manifestación, esta debe seguir ejerciéndose (…) Hacemos un llamado a la Fiscal General para que de una respuesta ante el uso desmedido de la violencia a las personas que salen a manifestar y a pedir democracia (…) No hay ningún hecho en contra de los DDHH que no tenga que ser respondido ante la justicia, venezolana o internacional”, argumentó.
Por su parte, Melanio Escobar, de la ONG “Redes Ayuda” manifestó su preocupación ante las desmedidas acciones gubernamentales para sacar de circulación a los más de 300 medios comunicacionales que están reportando la situación del país. “Para el Gobierno, no es malo que las cosas pasen, lo malo es que la gente lo sepa”, dijo.
Por otro lado, Marcos Ruiz, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, indicó que en los últimos días observa con preocupación el aumento en la brutal represión en contra de los periodistas.
“Quien reprime no quiere evidencia de las prácticas al margen de la Ley (…) Hemos presentado ante la Fiscalía la suficiente documentación de la cruel represión y de cómo disparan en contra de nuestros trabajadores de los medios de comunicación”, explicó.
En ese sentido, se refirió al caso de los 4 trabajadores de VivoPlay quienes fueron secuestrados por los paramilitares de “Paz y Amor” y luego los entregaron a efectivos del DGCIM.
“No son culpables los trabajadores de la prensa por la censura, culpable es el Gobierno que chantajea con concesiones”, finalizó.