La cuestión de la obediencia en la República, en general, y la desobediencia civil, en particular, se convierten –ambos- en problemas fundamentales a considerar en los debates políticos contemporáneos. Todavía más si nos encontramos en medio de un entorno caracterizado por una grave crisis de la legitimidad y un alto nivel de incertidumbre económica, social y política, que amenaza continuamente el orden y coloca en riesgo la estabilidad democrática en nuestra realidad más inmediata.
En los sistemas de gobiernos democráticos la desobediencia civil es considerada un instrumento legítimo de lucha incorporada al ordenamiento legal, como forma de expresión de la disidencia política y de naturaleza pacífica, que brota en las bases de la sociedad como una actitud de desafío hacia la autoridad, cuando la libertad ciudadana se encuentra amenazada por la arbitrariedad del poder. Es una herramienta fundamental, que manifiesta su valor sobre todo cuando se encuentran en peligro los estatutos del Estado democrático de derecho, sus principios y los ordenamientos constitucionales en los cuales se apoya. La desobediencia civil funge, entonces, como el instrumento más efectivo a través del cual se puede lograr la participación real de los ciudadanos en los asuntos que conciernen a todos, y que requieren de la defensa de todos.
La desobediencia civil se manifiesta a través de la protesta. El poder de la protesta de una ciudadanía disidente, organizada en movilizaciones masivas, es un importante elemento de batalla simbólica que puede culminar en el cambio de línea de cierta política estatal, como también en un cambio político del sistema de gobierno en su totalidad. Un régimen político democrático, por lo general, se convierte en el escenario ideal donde mayormente puede tener lugar el desarrollo de una disidencia política de esta naturaleza. La máxima potencialidad de la desobediencia civil tiende a desarrollarse precisamente allí donde el poder cuenta con una legitimidad propia de una forma de gobierno democrática, en el marco de unas condiciones para un adecuado desenvolvimiento de la autonomía política de los ciudadanos, esto es, la posibilidad de alcanzar la libertad de dominación de toda fuerza opresora.
En un régimen político de naturaleza autocrática, por el contrario, las fuerzas disidentes encuentran con mayor dificultad poder expresar su descontento, sobre todo cuando existe una actitud hostil de persecución y de terror como política de Estado y último recurso para asegurar la obediencia en la sociedad. Ciertamente estos obstáculos disuaden la energía de las fuerzas descontentas, pero no la pueden eliminar por completo. La desobediencia civil se convierte, entonces, en un factor político fundamental para determinar el curso de los juegos políticos futuros. En nada resultaría descartable que el efecto de contagio de un espíritu de la protesta pudiera doblegar a la tiranía más férrea, y ser el desencadenante de un cambio político de dimensiones colosales.
En Venezuela las grandes manifestaciones que han venido desarrollándose durante todo el mes de abril y en estos primeros días de mayo, se han convertido en multitudinarias protestas, en un claro gesto de desobediencia civil nacional contra los abusos del gobierno de Nicolás Maduro. Millones de personas hoy expresan su rechazo hacia un gobierno que es el único responsable de la mayor crisis económica, social y política de nuestra historia. Este sentimiento se ha convertido en una fuerza incontenible que cada día incrementa su potencia y es forzada por la misma actitud gubernamental. En efecto, ¿qué otra alternativa tiene el ciudadano cuando un gobierno cierra todos los caminos democráticos para expresar su descontento? ¿Qué pueden hacer cuando ese mismo gobierno decide cambiar la constitución por otra hecha a su medida para salvar su revolución moribunda? ¿Cómo puede responder el ciudadano de a pie cuando un gobierno se niega a escuchar su voz? Sólo puede hacer una cosa que le corresponde por derecho: desobedecer. No puede ser condenada la desobediencia civil en la República. La desobediencia civil en la República de Venezuela se justifica porque es una forma de expresión de disidencia política contemplada en nuestra Constitución, de naturaleza no violenta, y actualmente agrega todo el descontento de un conglomerado de ciudadanos opositores y de chavistas no maduristas, apoyada en razones políticas y morales suficientes, que buscan resguardar la institucionalidad republicana, y al mismo tiempo transformar el panorama político para el restablecimiento de la dinámica normal del sistema de gobierno democrático.
Hoy el pueblo venezolano muestra al mundo su compromiso cívico. El hecho de que diariamente seamos reprimidos y se satanice el ejercicio de la desobediencia civil, muestra el valor de nuestra lucha para la preservación de la República. Un gobierno nunca debería tener por menos que cuando reprime la desobediencia civil con ello castiga a ciudadanos que luchan por los fundamentos constitucionales sobre los cuales reposan las instituciones del Estado y que le proporcionan su manto de legitimidad. Pero lamentablemente, esto es algo que ni Maduro, ni sus insignificantes aduladores,pueden entender.