Este martes se conoció que el presidente de la República, Nicolás Maduro, podrá restringir garantías y dictar medidas de orden social.
Así se pudo conocer a través del decreto N°2.849 de la Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.298 de fecha sábado 13 de mayo de 2017 que fue publicada este martes en la que se extiende por 60 días más la modalidad a partir de la presente fecha, así como además se indica que el primer mandatario “podrá dictar otras medidas de orden social, económico, político y jurídico que estime convenientes a las circunstancias”.
En ese sentido, en LaPatilla.com consultamos con varios juristas expertos en derecho para que explicaran a profundidad qué busca el Gobierno con la publicación de este nuevo decreto.
Mármol de León: Con este decreto, el Gobierno busca oficializar la represión
Una de las consultadas, fue la abogada y exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Blanca Rosa Mármol de León quien considera que con el presente texto, el Gobierno busca “oficializar la represión” que viene ejecutando desde el inicio de las manifestaciones antigubernamentales que hasta ahora, han dejado un saldo de al menos 43 muertes.
“Es la consolidación de la dictadura. Yo pienso que de cierta manera se saltarán lo establecido en el artículo 337 de la Constitución con ese artículo 5 del decreto N°2.849 de la Gaceta, porque ellos siempre recurren a lo que denominan como “traición a la patria”… Yo creo que están tratando de poner eso como un pilar para poder dictar medidas que restrinjan los derechos… ¿Por qué a estas alturas tenemos que hablar de eso si aquí no está pasando nada que tenga que ver con la soberanía, ni estamos ante la invasión de ningún país extranjero?”, cuestionó.
El artículo 337 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela cita lo siguiente:
Artículo 337. El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles.
Sin embargo, el artículo 5 del presente decreto publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria indica:
Artículo 5. A fin de fortalecer el mantenimiento y preservación de la paz social y el orden público, las autoridades competentes deberán coordinar y ejecutar las medidas que se adopten para garantizar la soberanía y defensa nacional, con estricta sujeción a la garantía de los derechos humanos.
Al respecto, Mármol de León expresó: “Creo que buscan arreciar, ser más severos con las condiciones de represión, basados en un Estado de Excepción”, sostuvo.
Con respecto a la legalidad de una nueva prórroga por 60 días más del Estado de Excepción, que según la Gaceta Oficial, busca extenderse sin consultar a la Asamblea Nacional, tal y como establece el artículo 339 de la Carta Magna, la exmagristrada indicó que la misma “no tiene ningún valor”.
“Eso tiene que pasar por la AN, pero como ellos hacen como hicieron con la entrega de la Memoria y Cuenta ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), están entonces utilizando este Estado de Excepción como un arma permanete contra la población. Pero eso ya no tiene ningún valor, tendrá citas constitucionales, pero de derecho y legalidad, no tiene absolutamente nada”, aseguró.
Ollarves: Con este Estado de Excepción el Gobierno busca legitimar la feroz represión
El doctor en Derecho, experto en Derechos Humanos y profesor de las Universidades Central de Venezuela (UCV) y Católica Andrés Bello, Jesús Ollarves también fue consultado por LaPatilla.com respecto al decreto N° 2.849.
Fue así como coincidió con Mármol de León al indicar que con la nueva extensión de este Estado de Excepción, el Gobierno lo que busca es “legitimar la feroz represión”.
“La pretensión de Maduro no es honesta. Lo que en realidad procura con el Estado de Excepción es tratar de legitimar la feroz represión en contra del ciudadano, y distraer a la población con la amenaza de la suspensión de garantías constitucionales por los resultados que ha traído la convocatoria permanente a las protestas y los reclamos en la calle”, dijo.
Señaló que el decreto de Emergencia Económica “no debería ser utilizado como herramienta política con la cual se pretenda, de manera artificiosa, trasladar responsabilidades a la oposición y, más específicamente, a los diputados opositores, y al ciudadano que protesta”.
Es así como Ollarves considera que con el decreto lo que el Gobierno busca es controlar ilegítimamente al ciudadano. “Es un subterfugio para suspender garantías constitucionales, enmascarar la represión, y justificar los excesos y las violaciones a los derechos humanos”, puntualizó.
Explicó además que un decreto de Estado de Excepción se dicta cuando el Estado está ante circunstancias excepcionales y las facultades del presidente de la República son insuficientes para resolverlas.
“No es el caso de Nicolás Maduro, que ha gobernado sin contrapesos institucionales. Cuando la nueva legislatura le puso coto, el presidente de la República echó mano del control absoluto que detenta sobre el Poder Judicial para desconocer la voluntad de cambio expresada el 6 de diciembre de 2015”.
Enfatizó además que la utilización fraudulenta de los Estados de Excepción es sinónimo de dictadura.
“De hecho, la dictadura romana es considerada como la primera y más antigua forma de un Estado de Excepción. Se fundamentaba en la concentración del poder absoluto en manos del dictador, que controlaba los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial”, refirió.
Respecto a la legalidad del recién extendido Estado de Excepción, Ollarves volvió a coincidir con Mármol de León al expresar que el mismo carece de ella.
“No es legal, porque no ha sido avalado por la Asamblea Nacional, y solo se podía prorrogar por una vez, es decir un máxima de 120 días. El Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica viola los artículos 338 y 339 de la Constitución Nacional. Todo indica que se trata de un estado de excepción artificioso y artificial. Las razones aducidas por el gobierno ponen al descubierto la andanada de mentiras que revelan la incapacidad para detener los problemas estructurales como la escasez de alimentos y medicinas, ademas de la intención de perpetuarse en el poder”, finalizó.
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